21/11/2026 Página 12 - Nota - El País - Pag. 6
Lejos del primer plan, aprobaron Ley de Tierras Thiago Buglione El Senado sancionó el proyecto de Sturzenegger. Para lograrlo, LLA resignó tres capítulos y restituyó artículos del gobierno de Cristina Kirchner que limitan la compra de tierras. Bajo la excusa de garantizar la vigencia de la Ley de Tierras, el oficialismo consiguió la media sanción del Senado que le faltaba para avanzar con la habilitación de los desalojos exprés y ponerle palos en la rueda a las expropiaciones estatales. En la madrugada de este viernes, la Cámara alta aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto por el que La Libertad Avanza insistió en reiteradas ocasiones. Originalmente, el texto incluía la eliminación del límite para la venta de tierras rurales a manos extranjeras. Meses después, producto del repudio popular y los reveses legislativos, el espacio mileísta debió agregar en el proyecto dos artículos para restablecer la ley sancionada en 2011. Casi ocho meses después de su presentación, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con la autoría del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, consiguió convertirse en ley con 42 votos a favor y 26 en contra. En el camino, perdió varias partes. En agosto, el oficialismo consiguió la primera aprobación en el Senado. Para eso, tuvo que retirar los artículos que modificaban la ley de Manejo del Fuego y derogaban la Ley de Tierras -que establece límites a la venta de campos rurales a extranjeros y protege la soberanía en territorios clave-. Sin embargo, un fallo repentino de la Corte Suprema en septiembre puso en vigencia el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras. La decisión argumentaba que un grupo de excombatientes de Malvinas (el Cecim La Plata) no tenía "legitimidad" para judicializar el decreto y, con ello, revocó el fallo judicial que declaraba inconstitucional la extranjerización de las tierras. De nuevo, el enojo popular se hizo sentir en las calles y los legisladores de la oposición avanzaron en el Congreso para intentar voltear el decreto libertario. Para calmar las aguas y con el objetivo de mantener el mega-DNU 70/2023, el oficialismo introdujo cambios en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para su tratamiento en Diputados. En especial, dos artículos: el 38, que "deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023", y el 39, que "restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y sus modificatorias". Con la aprobación en la Cámara baja conseguida en octubre, el texto debía volver al Senado. Así fue que, entre gallos y medianoche, se aprobó con el apoyo de los aliados del Gobierno y el rechazo de los senadores peronistas, quienes aclararon que, aunque celebran la vuelta atrás sobre la derogación de la Ley de Tierras, el proyecto es "realmente aberrante". "Nosotros votamos de la misma forma y por las mismas razones que votamos cuando se trató antes", aseguran desde la oposición a este diario. Lo que preocupa al bloque justicialista son los cambios en el procedimiento para los desalojos en los casos de falta de pago del alquiler y la norma que ata de pies y manos al Estado en las expropiaciones y "encarece la recuperación de recursos estratégicos". Entre las nuevas exigencias para las expropiaciones se contempla una definición más estricta de "utilidad pública" y el pago previo total de las indemnizaciones para efectivizar la transacción de la empresa. Como si fuera poco, el pedido de desalojo, a partir de la modificación, no solo lo pueden solicitar los propietarios, sino cualquier persona que "invoque un derecho o interés legítimo afectado, sin importar su naturaleza jurídica". "Está pensado para que cualquier persona pueda desalojar de inmediato y, sobre todo, para que las comunidades rurales puedan ser desalojadas", advirtió Muñoz. Además, la modificación plantea que cada propietario podrá exigir sus propias condiciones de desalojo en el contrato de alquiler. "Es realmente escandaloso el asunto", profundizó el referente de Inquilinos Agrupados. Muñoz explicó a este diario que, al tratarse de un procedimiento judicial nacional, la norma toma vigencia a partir de su sanción sobre los contratos firmados anteriormente. En principio, solo impacta en la Ciudad de Buenos Aires y en las propiedades de carácter nacional, pero se prevé que el resto de las provincias comiencen a adoptar el procedimiento a la brevedad. Otro de los puntos que preocupa es la creación del Registro de la Propiedad Inmueble, que pasará a la órbita de Nación. Anteriormente, la elaboración del listado correspondía a cada provincia. "Aunque no lo dice el proyecto, yo estoy seguro de que es para privatizarlo, para que no se pueda saber sobre algunos dueños importantes de la Argentina. Darle el registro a una empresa privada y se terminó: nunca sabremos esa información", vaticinó Muñoz. "Está pensado para que cualquier persona pueda desalojar de inmediato y, sobre todo, para que las comunidades rurales puedan ser desalojadas". El Capítulo II del proyecto, titulado Desalojos y procedimientos judiciales, reforma y agrega artículos dentro del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Cpccn). Cambia el proceso ordinario establecido para los desalojos por falta de pago por el de "juicio sumarísimo", mucho más breve y arbitrario que el original. "No hace falta que haya una sentencia, no hace falta que el juez diga si es verdad o no que el inquilino no pagó el alquiler o que incumplió tal cosa del contrato", explicó el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, sobre la gravedad de la norma. Según el texto, cuando el propietario detecte la falta de pago del inmueble -a partir de ahora serán 10 días luego de que termine el plazo estipulado en el contrato-, podrá pedir el desalojo de la propiedad, con previo aviso al inquilino, que tendrá 10 días corridos para cancelar la deuda. Menciones: Cámara alta, Senado, Sturzenegger, LLA, Cristina Kirchner, La Libertad Avanza, Federico Sturzenegger, Corte Suprema, Malvinas, Cecim La Plata, Gervasio Muñoz, Inquilinos Agrupados, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Thiago Buglione, cpol2
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