21/11/2026 Página 12 - Nota - Economía - Pag. 4
Suba de tarifas y cortes de agua Casi el 60 por ciento de quienes utilizan el servicio pagará en promedio 22,4 por ciento más. Los cambios rigen desde febrero. El Gobierno empezó a mostrarles a los usuarios de AySA la cara concreta de la privatización: facturas más altas y la posibilidad de quedarse sin agua por una deuda. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) publicó este viernes en el Boletín Oficial dos resoluciones que, juntas, redefinen la relación entre la empresa y sus 3,8 millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires. Se rediseña el esquema de zonas tarifarias y se aprueba el reglamento del usuario que fija cuándo se puede restringir y cortar el servicio. La primera resolución reemplaza las once zonas con las que se calculaba hasta ahora la factura por cinco niveles socioeconómicos, con coeficientes que van de 0,75 a 2,75, elaborados con datos del Censo 2022 y de la Encuesta Permanente de Hogares. El nuevo esquema regirá desde el 1° de febrero de 2027 y, según estimaciones de la propia empresa, 2,03 millones de hogares residenciales, el 59,7 por ciento del total, pagarán en promedio 22,4 por ciento más. El 40 por ciento restante no tendrá aumentos o recibirá descuentos. El ERAS rechazó el pedido de AySA de aplicar subas acumulativas de hasta 5 por ciento mensual sobre el cargo variable y las limitó a 1,5 por ciento mensual, pero ese tope se suma a la actualización por inflación, de modo que los incrementos serán, por definición, superiores al costo de vida. El tope no cambia el punto de llegada: quienes sean reclasificados seguirán subiendo mes a mes hasta alcanzar su nuevo coeficiente y, en los casos extremos que preveía la propuesta original de AySA, la factura podía más que duplicarse (hasta 149 por ciento). Entre los distritos con mayores subas promedio aparecen Morón, Lomas de Zamora y Vicente López. La medida contrasta con el Plan de Acción 2027-2031, que el propio organismo aprobó en agosto y que promete tarifas constantes en términos reales durante todo el período. La reconfiguración puede mantener ese nivel en promedio, pero reparte el costo de manera desigual: seis de cada diez usuarios pagarán más. La empresa admite que la reforma genera un excedente de recaudación y promete destinarlo a ampliar la tarifa social. Como justificación, se alega que las zonas vigentes no se actualizaban desde hace décadas. El gobierno bonaerense, en cambio, rechazó la propuesta en la audiencia pública y recordó que las tarifas ya acumulan un aumento nominal del 555 por ciento en tres años. El calendario tampoco es menor: los cambios entran en vigencia en febrero, antes de que se complete el traspaso a manos privadas. La segunda resolución es la que más inquieta. Para los usuarios residenciales, el corte procede cuando la mora supera los 60 días corridos desde el segundo vencimiento, con una etapa previa obligatoria de restricción de caudal de al menos otros 60 días. La empresa debe intimar con siete días hábiles de antelación. Para los no residenciales, el plazo se reduce a 15 días. Están protegidos los hogares con tarifa social, los hospitales, los sanatorios y las cárceles, y quienes tengan un plan de pagos vigente o un reclamo en trámite. Pero la tarifa social alcanza a unos 160.000 hogares, apenas el 4,2 por ciento de las cuentas del sistema. Para el resto, la ecuación es sencilla: si la factura sube y el ingreso no alcanza, se acumula deuda y, a los pocos meses, el agua se corta o se reduce. La secuencia equivale a unos cuatro meses, como mínimo, desde el segundo vencimiento impago hasta el corte total. El corte del servicio a usuarios residenciales no es nuevo: fue habilitado por el DNU 493/2025, que organizaciones de usuarios y especialistas cuestionaron por afectar un derecho humano reconocido por Naciones Unidas y por la jurisprudencia de la Corte Suprema. En el Congreso hubo proyectos para garantizar un mínimo de 100 litros diarios por persona durante cualquier restricción, pero el detalle del reglamento difundido hasta ahora no menciona ese piso. Asociaciones de usuarios ya habían denunciado inconsistencias en el proceso de venta. La privatización, adjudicada a un consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamiento, PHX y Transclor, que ofertó 340,2 millones de dólares por una concesión de 30 años, llega así con un doble mensaje a los hogares: pagar más y pagar a tiempo, o resignarse a perder el servicio. Menciones: AySA, Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), Boletín Oficial, Área Metropolitana de Buenos Aires, Censo 2022, Encuesta Permanente de Hogares, Morón, Lomas de Zamora, Vicente López, Naciones Unidas, Corte Suprema, Congreso, Rowing, Arcos Saneamiento, PHX, Transclor, Ceco1 cfinanE
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