14/11/2026 Página 12 - Nota - El País - Pag. 6
Para usar las rutas, habrá que pagar Fueron incorporadas al esquema de "concesiones por peaje". El llamado a licitaciones deberá concretarse en 12 meses. Mientras el estado de las rutas nacionales se deteriora, el Gobierno nacional avanza en la facilitación de negocios a empresas para que lucren invocando el mantenimiento y la prestación de servicios a los automovilistas. Dos meses después de cerrar la etapa de privatización de las rutas nacionales, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron el Decreto 1358/2026 en el Boletín Oficial, por el cual ciertos tramos no especificados de 27 rutas de la red vial nacional "serán objeto de concesión por peaje", por lo que quedarán habilitados para cobrar a sus usuarios y beneficiarse con "nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales". La norma reduce a tareas de supervisión y control el rol de Vialidad Nacional, organismo que intentó sin éxito disolver por decreto. La decisión se enmarca en el proyecto denominado "Red Federal de Concesiones", lanzado para reemplazar la gestión estatal de distintos corredores por contratos de obra pública por peaje. El plan se apoya en los cambios introducidos por la Ley Bases, que amplió las facultades del Poder Ejecutivo para otorgar concesiones y declaró a Corredores Viales S. A. sujeta a privatización. Según los considerandos del decreto, las etapas I, II, II-B y III del programa ya fueron licitadas y adjudicadas. La tercera etapa es la que cerró la privatización de más de 9000 kilómetros de rutas, repartidos en tres etapas, con contratos a 20 años. "En ese contexto, resulta conveniente profundizar la participación del sector privado en la gestión de la infraestructura vial nacional, a fin de promover las inversiones necesarias para su conservación, mantenimiento y desarrollo, y para optimizar y mejorar la prestación de servicios a los usuarios", invoca el decreto a modo de argumento. En otro punto, señalan que Vialidad "efectuó un relevamiento de la Red Vial Nacional a fin de identificar aquellos tramos de rutas cuya gestión se encuentra actualmente a cargo del Estado Nacional" y que, por "sus características, niveles de tránsito y necesidades de infraestructura, resultan susceptibles de ser otorgados en concesión bajo el régimen previsto por la Ley 17520 y sus modificatorias", aunque paradójicamente no hace público ese relevamiento, cuyo valor minimiza explícitamente: "Vialidad señaló que dicho relevamiento se formuló desde el punto de vista técnico, por lo que la conformación de los tramos quedará sujeta a estudios y lineamientos económicos, jurídicos y tarifarios que establezcan las autoridades competentes". Los tramos en cuestión, por ende, son un misterio a develar, pues tampoco aparecen en el anexo del decreto de Milei y Caputo, una planilla precaria que ocupa apenas media carilla y se limita a enumerar las 27 "rutas nacionales sujetas a concesión", sin otra precisión que las provincias que atraviesan. En la provincia de Buenos Aires, los corredores alcanzados por el decreto son las rutas nacionales 3 (que llega hasta Santa Cruz), 22 (abarca a La Pampa), 33, 35 (que también atraviesa La Pampa y Córdoba), 228 y el acceso A0017. La ruta 9 integra el listado en su recorrido por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy. La ruta nacional 11 atraviesa Santa Fe, Chaco y Formosa; la 12, entre Ríos; la 14 une Corrientes y Misiones, y la 16, sectores de Santiago del Estero, Chaco y Salta. De la Patagonia se incluyeron las rutas nacionales 25 y 26, ambas en Chubut, además de la 237 en Neuquén. En el centro y norte del país aparecen las rutas 34, entre Jujuy y Salta; 38, en Córdoba y La Rioja; 50, en Salta; 60 y 158, en Córdoba, y la 89, entre Chaco y Santiago del Estero. También forman parte del listado las rutas 81 y 86, en Formosa; las 120, 121 y 122, en Corrientes, y las 151 y 152, en La Pampa. Cada una podrá integrar total o parcialmente futuros corredores de peaje, siempre que esos sectores no formen parte de concesiones ya vigentes. La pista principal sobre el fin que persigue el decreto aparece al final de su artículo 1, cuando apunta como objeto de concesión "la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario", pero también "la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales", léase paradores o servicios pagos, publicidades o la infinita gama de negocios que permita a las empresas complementar la caja que surja de las tarifas que se pagarán en los peajes o –más barato todavía– con algún método automatizado. El artículo 3.º, que parece una ironía, establece que Vialidad "será la Autoridad de Aplicación de los contratos de concesiones viales que se celebren al amparo del presente decreto", al tiempo que "ejercerá las funciones inherentes a dicho carácter, incluida su supervisión y control". Vale recordar que el gobierno de Milei intentó disolver a Vialidad por decreto, pero esa decisión fue frenada por la Justicia Federal, y que los fondos que le asignó desde que asumió se redujeron desde el equivalente a 2700 millones de dólares en 2023 a menos de 800 millones en los ejercicios posteriores. A los resabios del histórico organismo estatal, entonces, le quedará ocuparse de firmar los informes técnicos antes de concesionar cada tramo y más tarde controlar a las empresas concesionarias. La decisión se enmarca en el proyecto denominado Red Federal de Concesiones, lanzado para reemplazar la gestión estatal. Menciones: Gobierno nacional, Javier Milei, Luis Caputo, Decreto 1358/2026, Boletín Oficial, Vialidad Nacional, Red Federal de Concesiones, Ley Bases, Poder Ejecutivo, Corredores Viales S. A., Ley 17520, Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Salta, Chubut, Neuquén, La Rioja, Justicia Federal, cpol2
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