14/11/2026 Clarín - Nota - El País - Pag. 14
Piden medidas para que Báez deje de alquilar sus bienes embargados Lucía Salinas El fiscal Luciani solicitó al tribunal que custodien las casas, estancias y vehículos confiscados que el empresario K estaba alquilando de manera ilegal. El fiscal general Diego Luciani -junto al fiscal general adjunto Sergio Mola- solicitó medidas urgentes ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) a raíz de la investigación que se inició en Río Gallegos en la que se reveló que Lázaro Báez continúa administrando, explotando y cobrando rentas de bienes que integran el listado de bienes a embargados y a decomisar en las causas de Vialidad y de la Ruta del Dinero K. Varias de esas propiedades incluso ya fueron registradas a nombre de la Corte Suprema para ser rematadas. "Se impone de manera inmediata, teniendo en cuenta la gran cantidad de bienes inmuebles vinculados a Lázaro Antonio Báez, que ya fueron incluidos en la orden de decomiso emitida por el tribunal, disponer medidas de aseguramiento sobre todos los bienes", sostuvo en un escrito al que accedió Clarín. La maniobra descrita por el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, ubica como principal responsable a Báez quien operó dando órdenes desde la cárcel de Ezeiza para alquilar las propiedades. Incluso se sospecha que fueron alquiladas a bandas narco. Para el fiscal Báez, su novia Claudia Insaurralde y otros integrantes se dedicaban a lavar plata en el marco de una asociación ilícita. Uno de los puntos más destacados es que los involucrados no crearon nuevas empresas para introducir fondos ilícitos al mercado, como suele ocurrir en las operaciones de blanqueo, sino que "operaron directamente sobre un vasto patrimonio preexistente que ya se encontraba judicialmente cautelado mediante embargos, depósitos judiciales e incluso mandatos firmes de decomiso dictados en causas previas contra Lázaro Báez". La maniobra principal consistió en sustraer dichos activos para evitar la ejecución patrimonial judicial, ya que el empresario kirchnerista debe responder al decomiso ordenado en la Ruta del Dinero K (55 millones de dólares) y del caso Vialidad (685.000 millones de pesos). La causa radicada en la fiscalía federal de Río Gallegos sostiene que los involucrados en la presunta asociación ilícita buscaban mantener esos bienes en explotación comercial productiva y "derivar sistemáticamente sus beneficios económicos", burlando la inhabilitación dictada sobre el empresario, respecto a la administración y disposición de sus bienes. Entre las pruebas reunidas y expuestas este jueves en la audiencia de formalización (ya que en la jurisdicción rige el sistema acusatorio) el representante del Ministerio Público Fiscal, expuso escuchas telefónicas que corroboraron cómo Báez daba instrucciones sobre su patrimonio bajo cautela judicial, desde el Penal de Ezeiza. Además de veinte documentos secuestrados en su celda, donde entre otras cosas, tenía constancia de los bienes que estaba explotando y cuánto percibía al respecto. Frente a ese escenario y el cuadro acusatorio, el fiscal Luciani junto a su par Mola, realizaron una presentación ante el TOF 2 responsable de ejecutar la pena en el caso Vialidad donde Lázaro Báez junto a Cristina Kirchner y otros siete imputados, están condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En el escrito, al que accedió Clarín, el fiscal señaló: "las maniobras que se investigan en Río Gallegos no recaen sobre bienes ajenos a la ejecución, sino precisamente sobre aquellos que la Corte ya tiene registrados bajo su dominio y/o se encuentran afectados al cumplimiento del decomiso dispuesto en esta causa. Eso lleva a la necesidad de que el Tribunal ordene de manera inmediata medidas de aseguramiento y de resguardo de los frutos que aquí se solicitan." Al ponderar la prueba reunida, Luciani indicó que los "bienes alcanzados por la orden de decomiso, dictada en autos, siguen siendo explotados y generando frutos, como cánones locativos y producción agropecuaria, es que amerita la adopción de medidas, máxime cuando esos frutos se perciben fuera de control jurisdiccional, por medio de terceros y bajo directivas del condenado. Frente a la gravedad de los hechos, remarcó el fiscal, "se impone de manera inmediata, teniendo en cuenta la gran cantidad de bienes inmuebles vinculados a Báez, que ya fueron incluidos en el decomiso". Complicado. Lázaro Báez desde la cárcel de Ezeiza seguía manejando tres de sus estancias incautadas. También que los alquileres de los bienes pasen a una cuenta de la Justicia Menciones: Diego Luciani, Sergio Mola, Lázaro Báez, Julio Zárate, Claudia Insaurralde, Cristina Kirchner, Río Gallegos, Ezeiza, Clarín, Corte Suprema, Ministerio Público Fiscal, TOF 2, Tribunal Oral Federal 2, cpol1
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