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01/11/2026 LaNacion.com - Noticias
La política, entre el delito y la derrota Joaquín Morales Solá Joaquín Morales Solá/n Shutterstock El poder o la cárcel. Esa opción, nueva y desalentadora, se está acomodando en un mundo de inesperados outsiders, aunque también les cabe a traqueteados dirigentes políticos. ¿Es culpa de la política porque se transformó en un antro delincuencial? ¿O hay también cierta responsabilidad de la Justicia porque se convirtió en una herramienta de escarmiento de los que están en el poder? Carlos Menem, Lula y Cristina Kirchner fueron los pioneros de esa opción entre la gloria y la ruina. Aquellas preguntas son oportunas no solo por lo que acaba de suceder con el excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, sino también porque la peligrosa disyuntiva se extiende por gran parte del mundo, incluida la Argentina. Donald Trump y Benjamin Netanyahu también tienen causas pendientes que se reabrirán cuando dejen de gobernar. Más allá de ese dilema, lo que sucedió con Bolsonaro y el gobierno argentino de Javier Milei creó una crisis política innecesaria para la administración local. Es cierto que el juez que le ordenó a Bolsonaro la entrega de sus pasaportes, Alexandre de Moraes, está igualmente siendo investigado por irregularidades financieras. Esa investigación sobre el magistrado está pendiente de una resolución del Tribunal Supremo de Brasil, que De Moraes integra. Pero es igualmente veraz que otros dos jueces del Tribunal Supremo, Flávio Dino y André Mendonça, le iniciaron expedientes por supuestos delitos a Bolsonaro hijo. El prófugo excandidato presidencial está, en síntesis, acusado de corrupción, lavado de dinero, evasión de divisas y difamación. De Moraes debió tomar la decisión de prohibirle la salida del país al vástago de Bolsonaro antes de las elecciones y no en la noche de la derrota. El primer deber de la Justicia es aclararle a la sociedad quiénes son sus dirigentes políticos, sobre todo cuando uno de ellos está cerca de la oficina presidencial. Una manera de comportarse como la de De Moraes solo exhibe a una justicia oportunista y especuladora. Es probable que Bolsonaro no sea un perseguido político, sino un culpable de graves delitos, y también es probable que las oficinas de migraciones brasileñas no hayan recibido una orden para impedirle salir del país al excandidato. De Moraes le dio un plazo para entregar sus pasaportes (el oficial, como senador nacional, y el personal), pero todo indica que el hijo de otro preso, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aprovechó ese tiempo para urdir y consumar su fuga. La gratitud también tiene sus límites Esas son las incidencias de Brasil. Corresponde preguntarse por qué Milei se metió en un baile que no era el suyo. Bolsonaro hijo podía pasar la frontera argentino-brasileña porque la oficina de migraciones del país vecino no se lo impidió y la oficina argentina no tenía ninguna advertencia internacional. ¿Para qué, entonces, la complicidad de agencias gubernamentales argentinas, probada hasta con sus vehículos filmados? ¿Para qué la fiscalización personal del operativo por parte del asesor presidencial Santiago Caputo? Caputo ha desmentido elípticamente su presencia en Puerto Iguazú, pero distintas fuentes, incluso oficiales, aseguran que estuvo en ese punto de la frontera. El propio asesor presidencial jugó con las palabras para no decir ni que sí ni que no. El Gobierno se expuso al delito de complicidad con una fuga y, lo que es peor, a que le abran una causa por malversación de fondos públicos si se probara que se usaron vehículos y funcionarios oficiales para asegurar la evasión de Bolsonaro. La única explicación para tanta solidaridad es que el sector más mileísta del Gobierno quería quedar mejor que bien con el gobierno de Donald Trump, que fue quien instigó y protegió la huida de Bolsonaro. El deber de agradecimiento de Milei con Trump, que lo tiene desde que lo ayudó a ganar las últimas elecciones legislativas, no puede llegar hasta la complicidad con un presunto delincuente. También la gratitud tiene sus límites. Lula da Silva cuando concurrió a saludar a Cristina Kirchner, detenida por corrupción en su departamento de San José 1111 En ese contexto donde la política se confunde con las comisarias, un grupo de abogados y dirigentes políticos está trabajando para pedirle a la justicia argentina que declare cosa juzgada írrita (o fraudulenta) el sobreseimiento de los hermanos Milei y de todos los especuladores que participaron de la operación con la criptomoneda $LIBRA. La cosa juzgada es una decisión definitiva de la Justicia; el hecho que se investigó en esa causa no puede ser discutido ni vuelto a juzgar. Sin embargo, existe la vía legal para declarar que esa cosa juzgada fue írrita o fraudulenta y, por lo tanto, puede ser revisada de nuevo por la Justicia. El penalista Federico Morgenstern, actual secretario letrado de la Corte Suprema, escribió el último y más serio ensayo sobre la cosa juzgada fraudulenta. Con todo, una declaración de la Justicia de que se trató de algo fraudulento requiere que antes se hayan cerrado todos los caminos para que la investigación avance. Esa causa de la criptomoneda que inculpa a los hermanos presidenciales, está pendiente todavía de que el juez Daniel Rafecas, quien reemplaza al inaudito juez Marcelo Martínez de Giorgi, resuelva si es admisible o no el pedido del estafado Juan Marchetto para ser querellante y contar, por lo tanto, con la posibilidad de apelar los sobreseimientos. Martínez de Giorgi, cuya esposa, Ana María Juan, acaba de ser designada por el infaltable ministro Juan Bautista Mahiques como jueza de un juzgado de Hurlingham que no está habilitado para funcionar, se fue de vacaciones inmediatamente después de sobreseer a los hermanos Milei. Rafecas quedó a cargo de sus asuntos. Martínez de Giorgi es conocido en los tribunales por sus habilidades para anestesiar causas o para despertar los expedientes dormidos. Depende siempre de qué le conviene al poder que manda. Se cansó de proteger en su momento a Cristina Kirchner y ahora está haciendo lo mismo con Milei. Esta vez lo acompañó el fiscal Eduardo Taiano, el primero que no encontró razones para continuar la investigación, aunque nunca recabó pruebas ni intentó pescar testimonios. Taiano es el mismo fiscal que no apeló en 2009 la increíble decisión del entonces juez federal Norberto Oyarbide de sobreseer al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito. El expediente que acusaba a los Kirchner se convirtió en el acto en cosa juzgada. El hijo de Taiano, Federico, fue designado por Milei en 2024 como jefe de una agencia que administra los bienes decomisados a delincuentes, aunque renunció en 2025. Si bien los hijos no tienen la culpa de lo que hacen sus padres, aquella designación era una razón suficiente para que Taiano padre se excusara de intervenir en un caso que compromete directamente al Presidente. Ahora, él y Martínez de Giorgi eliminaron a todos los posibles querellantes con el constatable propósito de que nadie pueda apelar, y de que solo ellos resuelvan la causa y la cierren definitivamente. Los que no son querellantes no pueden apelar ante las instancias superiores de la Justicia. Martínez de Giorgi y Taiano les quitaron ese derechos a denunciantes y estafados. ¿Se necesitan, acaso, más pruebas de que los dos magistrados solo querían dictar los sobreseimientos y que estos se conviertan en cosa juzgada? La decisión de apartar a los perjudicados fue ratificada por la Cámara Federal con la firma del juez Pablo Bertuzzi, que en su momento fue perseguido por Cristina Kirchner. El periodismo lo defendió en aquella época. Una decepción sin atenuantes. Flavio Bolsonaro, al llegar a MiamiRICARDO ARDUENGO - AFP Pero tienen un problema. Un fiscal puede desestimar una denuncia in limine -es decir, no bien la recibe- por falta de pruebas o de consistencia. Un juez puede archivar una causa por falta de mérito. Les es difícil, en cambio, dictar sobreseimientos sin haber citado previamente a indagatoria a los denunciados. La obligación del llamado a indagatoria de los acusados, antes de un sobreseimiento, no está en el Código Penal, pero sí está en la jurisprudencia argentina. Hay cientos de casos (algunos muy destacados, como el que volvió a juzgar a Isabel Perón) en los que la Cámara Federal anuló sobreseimientos porque no hubo antes una convocatoria a indagatoria, que es la última oportunidad de la defensa para el acusado. O para que el juez perciba su inocencia o su culpabilidad. La cosa juzgada írrita o fraudulenta se puede fundamentar también en que ni el juez ni el fiscal se detuvieron jamás para investigar todas las pruebas de los manejos, o desmanejos, que se hicieron con la criptomoneda $LIBRA. Simplemente, el fiscal Taiano tuvo en cuenta el informe que le envió el Gobierno; el juez Martínez de Giorgi hizo suyas las palabras del fiscal en apenas un puñado de horas. Todo fue tan burdo y grosero que los fiscales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativa acaban de objetar duramente a Martínez de Giorgi y Taiano, y pidieron que los dejaran apelar sus decisiones. Mahiques es un artista para el toma y daca con los jueces, pero no todos los jueces aceptan jugar su juego A pesar de la algarabía del Presidente por la resolución de Martínez de Giorgi y de sus amenazas a los periodistas que investigaron el caso, puede decirse que esa causa no está terminada. Falta la resolución del juez Rafecas, y también la decisión de la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país. La sala de Casación que debe resolver si los eventuales querellantes tienen razón está integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, que volcaría su voto a favor del Gobierno y en contra de los estafados; por Alejandro Slokar, que votaría en contra de los Milei y a favor de los damnificados, y por Angela Ledesma, que todavía no dio señales de cómo votaría. En los tribunales ponen la mirada en Ledesma ante el uno a uno que existiría en Casación frente al caso $LIBRA. Si todo fuera así, será ella el voto decisivo del desempate. El ministro Mahiques bosqueja algún acercamiento a Ledesma, justo cuando ella está cerca de necesitar un nuevo acuerdo del Senado para seguir siendo jueza después de los 75 años. Mahiques es un artista para el toma y daca con los jueces, pero no todos los jueces aceptan jugar su juego. Fueron oportunas las palabras de Patricia Bullrich cuando dijo en alusión a Lula, aunque sin nombrarlo, que “la voluntad expresada en las urnas debe respetarse” La oscilación entre el esplendor y la caída es, tal vez, la razón por la que los políticos se están acostumbrando a no aceptar la derrota electoral. Esa era una cuestión casi sagrada en la Argentina y en el mundo. Lo fue hasta cuando Mauricio Macri ganó el balotaje por menos de dos puntos o cuando Javier Milei derrotó a Sergio Massa, el candidato del gobierno de entonces. También cuando Néstor Kirchner perdió personalmente en 2009 las elecciones bonaerenses (él era candidato) por una diferencia de poco más de dos puntos. Los triunfos y las derrotas no se discutieron nunca aquí. Pero ciertos funcionarios oficiales deslizan en estas horas que está por verse si las elecciones bonaerenses se reconocerán el año próximo en caso de que Milei perdiera los comicios de su reelección. Esa era la duda que estaba creciendo en sectores opositores: ¿aceptará Milei una derrota si ella ocurriera? Por eso, fueron oportunas las palabras de Patricia Bullrich cuando dijo en alusión a Lula, aunque sin nombrarlo, que “la voluntad expresada en las urnas debe respetarse”. La tendencia mundial la inauguró Trump cuando en 2020 se negó a reconocer el triunfo de Joe Biden y luego espoleó la ocupación, el saqueo y la destrucción de una parte del histórico edificio del Congreso norteamericano en protesta por su derrota. Trump sigue sin reconocer aquel triunfo de Biden. Peor: acaba de deslizar que es probable que no reconozca una eventual derrota en las elecciones legislativas norteamericanas de pasado mañana. También acogió a Bolsonaro hijo porque, dijo, las elecciones en Brasil fueron “amañadas”. Está presagiando lo que él mismo hará si lo abatiera la derrota. El padre del prófugo Bolsonaro, Jair, está preso porque lideró un intento de golpe de Estado para que Lula da Silva, que le había ganado las elecciones, no asumiera la presidencia en 2022. El patriarca de los Bolsonaro no aceptó nunca aquella derrota y la atribuyó a un fraude de Lula y su partido. Felipe González suele decir que aceptar con normalidad y buena cara la pérdida del poder es un pilar fundamental de la democracia. Más cerca, un lúcido intelectual argentino, Natalio Botana, ha sostenido que “la democracia es más una ética de la derrota que una pasión por el triunfo”. La ética de la derrota es ahora una ausencia.
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