10/10/2026 Página 12 - Nota - Economía - Pag. 11
La venta de AySA es cuestionada en la Justicia Legisladores del peronismo presentaron una acción de amparo para exigirle al Gobierno que revele la tasación oficial de AySA y solicitaron frenar la venta. La privatización de AySA está abriendo un capítulo judicial. Cuatro legisladores nacionales presentaron este viernes una acción de amparo para exigirle al Gobierno que revele la tasación oficial de la empresa y solicitaron una medida cautelar para frenar la adjudicación de la licitación, mediante la cual el gobierno apunta a vender el 90% de las acciones por 340 millones de dólares. También desde las entidades de defensa del consumidor lanzaron fuertes críticas al proceso privatizador: "no se puede malvender un activo de las características de AySA. Además, el monto que paga el consorcio ganador será recuperado con las nuevas condiciones que le genera el Ministerio de Economía: actualización mensual de tarifas y la modificación de los Coeficientes Zonales, que implican un ingreso adicional de 140 mil millones de pesos", indicaron desde la entidad Deuco. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se refirió al tema de manera bastante provocadora: "me comentan que Arcos –el socio brasileño del consorcio ganador de la compulsa por AySA– es un excelente operador. Ganaron una porción importante de las concesiones brasileñas y donde entraron mejoraron muy rápido la calidad y acceso al servicio. El caso de Río de Janeiro, me dicen, es muy impresionante", señaló, y felicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente Javier Milei. En efecto, el consorcio encabezado por Rowing S.A. presentó la mejor oferta para quedarse con AySA, a pesar de que los 340,2 millones de dólares hayan quedado casi 110 millones de dólares por debajo de lo que esperaba el Ministerio de Economía. El Gobierno pretende transferir la administración de la compañía durante los próximos 30 años. La presentación en la Justicia para frenar la venta de AySA fue realizada por las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. La acción apunta contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía y a cargo de Diego Martín Chaher. "Se consolidará un daño irreversible sobre el patrimonio público nacional", advirtieron los legisladores en el escrito. La acción recayó en el juzgado Contencioso Administrativo Federal a cargo de Santiago Carrillo. Además existe en trámite una denuncia realizada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativa. Varios son los cuestionamientos. Por un lado, se advierte que la ATEP mantuvo bajo reserva los informes de tasación de las empresas públicas que se encuentran en procesos de privatización. Esta maniobra se confeccionó el 1 de abril de 2026 mediante la Resolución ATEP 1/2026. Sin embargo, dicha norma no fue publicada en el Boletín Oficial. Para los denunciantes, esa decisión resulta incompatible con la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y con el principio de publicidad de los actos de gobierno. En efecto, la Ley de Reforma del Estado exige una tasación previa de las empresas públicas justamente para que la Comisión Evaluadora tenga un parámetro técnico de referencia antes de aceptar una oferta. "La negativa de la ATEP a exhibir la matriz metodológica de la tasación cercena la competencia misma de la Comisión Bicameral, sumiendo al Congreso en una ceguera deliberada que le impide evaluar si la adjudicación resguarda el interés público o consuma un desfalco al erario nacional", indica el escrito. Hay asimismo otros cuestionamientos que pesan sobre el proceso licitatorio. Deuco, entidad de defensa del consumidor, advierte que "el Ministerio de Economía convocó la privatización del 90% del paquete accionario de AySA bajo la modalidad ‘sin precio base’". Sin embargo, la ausencia de base en los pliegos no le quita al Estado la facultad discrecional y la obligación de evaluar la conveniencia económica de la propuesta". Deuco recuerda que en el marco del programa de privatizaciones de este mismo gobierno, cuando las ofertas presentadas para la privatización de Intercargo no alcanzaron la pauta oficial esperada, la ATEP declaró frustrada la licitación para volver a convocar bajo nuevas pautas, "sentado un antecedente directo de rechazo por pauta económica insuficiente". Deuco advierte que "si el Gobierno decidiera adjudicar el servicio por 340 millones de dólares sin dar a conocer la tasación oficial de referencia, se estaría consumando un remate del patrimonio público por debajo del valor proyectado". "Se está sumiendo al Congreso en una ceguera deliberada que le impide evaluar si la adjudicación resguarda el interés público." La presentación judicial dice que se puede "consolidar un daño irreversible sobre el patrimonio público nacional." Menciones: AySA, Gobierno, Deuco, Ministerio de Economía, Federico Sturzenegger, Arcos, Río de Janeiro, Luis Caputo, Javier Milei, Rowing S.A., Ana María Ianni, Florencia Carignano, Adán Bahl, Jorge Capitanich, Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, Agencia de Transformación de Empresas Públicas, ATEP, Diego Martín Chaher, Santiago Carrillo, Procuraduría de Investigaciones Administrativa, Intercargo, cnot, Ceco1 cfinanE
 |
||
   |
