10/10/2026 Página 12 - Nota - El País - Pag. 10
Incumplir la ley, es la decisión La Casa Rosada apeló el fallo del juez Cormick. La marcha federal universitaria no se suspende y se hace el jueves frente al Congreso. Tal como había amenazado, el gobierno de Javier Milei apeló el fallo que le ordenaba cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). El nuevo artilugio para no respetar la legislación nacional y la demanda popular vuelve a postergar la salida a un drama por el cual la comunidad educativa y organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizarán el próximo jueves 15 hasta el Congreso. De todas maneras, el juez Martín Cormick aclaró que la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley sigue vigente hasta que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resuelva la cuestión, por lo que el ejecutivo deberá comenzar a transferir los fondos correspondientes a salarios del personal y becas estudiantiles. "El gobierno tomó una decisión política de no cumplir con la ley", analizó el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), Emiliano Cagnacci. Para él, este recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano "está marcando que en Argentina parece que las instancias de apelación son infinitas cuando se trata del poder de turno". "Estoy seguro de que si cualquiera de nosotros incumple una norma de la justicia, nos vendrían a buscar por la fuerza pública para dar cumplimiento. Y acá lo que vemos es que hay instancias infinitas de apelación para no cumplir ni con la ley, pero tampoco con las decisiones judiciales", profundizó Cagnacci. Los argumentos que utilizaron desde la cartera de Sandra Pettovello fueron que la resolución del titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 se dictó "sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable y sin dar adecuada respuesta a defensas centrales oportunamente introducidas por el Estado Nacional". Además, desde el ejecutivo adujeron que la sentencia causa "agravios concretos y de significativa gravedad institucional", debido a que la normativa "proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas", ya que acusan que no identifica una "fuente de financiamiento específica y suficiente". Hace solo cuatro días, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 había declarado la inconstitucionalidad del decreto 759/2024 de Milei y había ordenado al Gobierno que gire los fondos a las universidades nacionales, haciendo lugar al pedido promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades, docentes y otra demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). El magistrado fue muy concreto en su decisión: "La propia Ley N°27.795 (Financiamiento Universitario) establece pautas, en su artículo 9°, sobre cómo financiar lo establecido en la Ley", dijo para rebatir el argumento con el cual insiste el amparo presentado por Pettovello. Pero según esta presentación del gobierno nacional, el amparo del CIN y la demanda de la UBA no fueron la "vía idónea para resolver en forma definitiva una controversia que requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos controvertidos". También recurrió insólitamente a la figura de la "división de poderes" al sostener que el Congreso y la Justicia pretenden "imponer al Poder Ejecutivo la ejecución de gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen legal de administración financiera y con la Ley de Presupuesto vigente". El secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba), Pablo Perazzi, sostuvo que "la única instancia que le queda (al Gobierno) es la judicial, porque la calle la perdió con todas las marchas en todo el país, porque el apoyo de la ciudadanía a sus universidades públicas es verdaderamente masivo y porque también perdió la pelea parlamentaria. Es decir, están en un embrollo". Desde los gremios apuntan a que el 15 de octubre la sociedad vuelva a demostrar su acompañamiento a la lucha universitaria. En la previa a lo que será la quinta Marcha Federal Universitaria, la Universidad Nacional de las Artes (UNA) convocó a una jornada de clases públicas desde las 11 del miércoles frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación. Mientras, los gremios docentes de la UBA continúan con el régimen de paros escalonados de 23 días. "A esta altura queda claro que la solución a este tema es política y no será en una paritaria", visualizó el profesor de Política Latinoamericana en la UBA, Federico Montero. La quinta marcha federal universitaria se realizará el próximo jueves. Menciones: Javier Milei, Martín Cormick, Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Emiliano Cagnacci, Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Universidad de Buenos Aires (UBA), Congreso, Justicia, Poder Ejecutivo, Pablo Perazzi, Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba)
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