10/10/2026 Página 12 - Nota - El País - Pag. 4
"Las tierras no dependen del humor de la Corte" Paula Marussich Más allá de las presiones del Gobierno para bajar diputados, la oposición decidió sesionar el jueves. Quieren derogar el DNU 70/2023 y aprobar emergencia en discapacidad. En una jugada inédita, la Corte Suprema de Justicia volvió sobre sus pasos y restableció los límites a la extranjerización de la tierra. La medida cautelar fue celebrada por el Gobierno, que considera que el nuevo fallo debilitará la avanzada opositora contra el DNU 70/2023. Sin embargo, los bloques de la oposición decidieron mantener en pie la sesión del próximo jueves 15, en la que buscarán completar el rechazo al decreto y avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad y el proyecto para mitigar el sobreendeudamiento de millones de argentinos. "Las tierras no pueden depender del humor de la Corte", dijeron desde Unión por la Patria. El bloque impulsa un pedido de informes sobre las operaciones que podrían haberse concretado durante los diez días en que la decisión del máximo tribunal dejó sin efecto las restricciones a la compra del territorio nacional por parte de capitales extranjeros. Por su parte, el oficialismo pidió sesión el 21 de octubre para discutir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en el que incluirá los límites a la venta de tierras que quiso derogar vía decreto. "El próximo jueves estaremos en la sesión especial para defender nuestras tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias", comunicó el peronismo en la Cámara baja tras la resolución de los cortesanos que suspendió de manera provisoria, sin resolver la cuestión de fondo, los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras de 2011. Tal como anticipó este diario, la decisión del máximo tribunal no modificó el plan de la oposición, que buscará sesionar y completar el rechazo al decreto con el que el Gobierno eludió el debate parlamentario para modificar más de 300 normas. La diputada cordobesa Natalia de la Sota definió al megadecreto como "una reforma constitucional encubierta impulsada por el presidente Javier Milei, que avasalla la separación de poderes y los principios republicanos". Aun cuando los supremos no tienen un plazo para fallar, eligieron hacerlo a días de la sesión en la que la oposición buscará completar el rechazo al DNU 70/2023, el andamiaje normativo que diseñó el gobierno libertario para avanzar con sus políticas desreguladoras. La oposición todavía no tenía garantizados los 129 diputados necesarios para abrir el recinto, pero acortó la distancia. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal sumaron en los últimos días el compromiso de los diputados misioneros que responden a Hugo Passalacqua y de los catamarqueños de Raúl Jalil. Sin la urgencia de la tierra liberada al mejor postor, el Gobierno retomará las negociaciones con los dialoguistas para vaciar la sesión opositora y llevar su temario al recinto una semana después, el 21 de octubre. El oficialismo tomó nota de los pedidos de los aliados y llevará a la sesión el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con los nuevos límites a la extranjerización de la tierra. "Vamos a tratar de solucionar tierras ahí", dijeron a este diario. El mismo Gobierno que buscó desandar las restricciones a los capitales foráneos, pero tuvo que retroceder en el Senado, ahora quiere reponerlas para resguardar el resto del DNU 70/2023. La hoja de ruta se completa con la nueva ley de discapacidad y el dictamen de mayoría que busca darle transparencia a la toma de nuevos créditos, además de la Ley de Soberanía y "proyectos de los aliados", como el de vandalismo rural del PRO y la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras a la provincia del Chaco. Un guiño al radicalismo. Los cuestionamientos a la Ley de Soberanía que impulsan los libertarios anticipan que el dictamen podría no llegar a estar listo para el 21 de octubre, como planeaba el riojano Martín Menem. La caja de resonancia En el Congreso, los legisladores no tardaron en cuestionar el oportunismo del máximo tribunal, que salvó al Gobierno de arriesgar su mega DNU. Desde Provincias Unidas, el diputado Pablo Juliano advirtió que la protección de la tierra no puede quedar sujeta a la duración de una medida judicial y reclamó sostener la convocatoria. "El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso", expresó. Su par Esteban Paulón llamó a la oposición a "redoblar los esfuerzos para asistir a la sesión convocada en la Cámara baja con la premisa clara de rechazar el DNU 70 de forma integral" y sostuvo que la urgencia de frenar el decreto excede el marco de la preservación del territorio nacional. "Se trata de una discusión de profunda gravedad institucional para la Argentina, en la que debe impedirse que un presidente pretenda gobernar de espaldas al Congreso". Jorge Taiana atribuyó el retroceso de la Corte a la movilización popular, aunque advirtió que la cautelar interina resulta insuficiente para proteger el territorio. "La presión del pueblo obligó al tribunal a dar marcha atrás y restablecer la vigencia de la Ley de Tierras", afirmó. Por eso, insistió en que la respuesta debe llegar del Congreso. "El próximo jueves 15 en el Congreso debemos derogar por completo el DNU 70/2023 y defender nuestra soberanía", reclamó. Desde el Frente de Izquierda, la diputada del Partido Obrero Romina Del Plá ratificó la convocatoria a la sesión del 15 y atribuyó el retroceso de la Corte al temor frente a la movilización y al repudio popular al fallo. "Este volantazo de la Corte Suprema de Justicia también tiene como objetivo sostener a Milei y defender el resto del DNU 70/23", advirtió. Por eso, llamó a redoblar la movilización prevista para ese día y reclamó que Diputados complete el rechazo de todo el decreto. "Hay que redoblar el esfuerzo para asistir a la sesión con la premisa clara de rechazar el DNU 70 de forma integral". Paulón El PJ avisó que la sesión "es para defender la tierra, la emergencia en discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias". La marcha y contramarcha de la Corte abrió una ventana de diez días en la que cualquier extranjero quedó habilitado a comprar tierras sin ningún límite en nuestro país. Por eso, el diputado Sebastián Galmarini presentó un pedido de informes para saber qué ocurrió con las tierras rurales durante los diez días que separaron las dos decisiones de la Corte. Le reclama al Poder Ejecutivo que, en un plazo de treinta días, precise si el Registro Nacional de Tierras Rurales dejó de emitir certificados o de recibir solicitudes, si se comunicó a escribanos y registros que esos controles ya no eran exigibles y cuándo se reanudaron sus funciones. También pide identificar las operaciones escrituradas o inscriptas en ese período y establecer si alguna habría superado los límites de la Ley de Tierras, involucrado cuerpos de agua o afectado zonas de seguridad de frontera. La solicitud pone especial atención en los salares del norte, el acuífero guaraní y las cuencas y lagos patagónicos. El proyecto busca determinar qué pasó en ese intervalo. Además, el diputado presentó un proyecto para modificar la ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia. "Si el Congreso no ratifica un DNU en 90 días, cae. Es el texto que el Senado ya aprobó en 2025 y que en Diputados quedó a dos votos", explicó en su cuenta de X. La iniciativa propone que cada decreto aborde un solo tema. "Los DNU existen para urgencias del país. No para que la tierra de todos los argentinos dependa de una ventana de diez días entre dos fallos. Cuando la urgencia no es de todos, la oportunidad suele ser de pocos", concluyó. 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