03/10/2026 Perfil - Nota - Política - Pag. 12
Los desafíos de la Ciudad de Buenos Aires a 30 años de la sanción de su Constitución GABRIELLA DANIERI A tres décadas de la redacción de la Carta Magna de la antigua Capital Federal, el ministro Gabino Tapia y el secretario Francisco Quintana repasan los avances del autogobierno y las competencias que aún siguen pendientes. Una de las definiciones más trascendentes de la reforma de 1994 y el proceso que comenzó a garantizarle los derechos políticos a los habitantes de un distrito cuyo intendente era designado por el Presidente. El 1 de octubre de 1996, la Ciudad de Buenos Aires dio uno de los pasos institucionales más significativos de su historia al sancionar su propia Constitución. Por primera vez, el distrito contaba con una ley fundamental destinada a organizar sus poderes, reconocer derechos y dar forma al régimen de autonomía que había comenzado a gestarse dos años antes, a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994. A tres décadas de aquel acontecimiento, la transformación institucional se refleja en la vida cotidiana de los porteños mediante autoridades locales elegidas por voto directo, una Legislatura propia, un Poder Judicial en expansión, organismos de control y fuerzas de seguridad locales. A su vez, con el paso de los años la jurisdicción fue asumiendo competencias que antes correspondían a la Nación, desde la administración del subterráneo hasta la gestión de la Policía y el control de las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de sus límites geográficos. Sin embargo, el proceso iniciado hace treinta años permanece incompleto. La Justicia ordinaria, el Puerto de Buenos Aires, la Terminal de Omnibus de Retiro y diversos espacios estratégicos continúan bajo la órbita nacional o con esquemas de transferencia inconclusos. La brecha entre la autonomía consagrada en la Carta Magna y la que la Ciudad puede ejercer en la práctica conforma uno de los principales debates institucionales pendientes. Para analizar este balance, PERFIL consultó a los principales referentes del área jurídica del Poder Ejecutivo porteño: el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el secretario de Justicia, Francisco Quintana, quienes repasaron la relevancia histórica de la Constitución, los avances logrados y las asignaturas pendientes para alcanzar un autogobierno pleno. El origen constitucional y los primeros hitos. El punto de partida de este recorrido fue la reforma constitucional de 1994. Hasta entonces, la Ciudad de Buenos Aires funcionaba como Capital Federal y su máxima autoridad era designada por el Presidente de la Nación. El artículo 129 de la Ley Fundamental modificó ese esquema al otorgarle un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, estableciendo la elección directa de su Jefe de Gobierno. Dos años después, la autonomía comenzó a plasmarse en los hechos. El 30 de junio de 1996 se celebraron los primeros comicios porteños, donde la fórmula encabezada por Fernando de la Rúa y Enrique Olivera obtuvo el 39,89% de los votos. Meses más tarde, los 60 representantes convencionales sancionaron la Constitución de la Ciudad el 1 de octubre de 1996, institucionalizando la elección del Poder Ejecutivo y el sistema de segunda vuelta electoral. Francisco Quintana define aquel período como un cambio institucional profundo y destaca especialmente la creación del Poder Judicial local. "Hoy contamos con un sistema de selección de jueces mediante concursos públicos, un Ministerio Público organizado y herramientas tecnológicas como el expediente electrónico e inteligencia artificial", señala. No obstante, advierte que la falta de traspaso de áreas estratégicas como el Puerto o Retiro limita la capacidad de planificar el desarrollo urbano y económico de forma integral. Tres décadas de transferencia por etapas. La construcción de la autonomía se desarrolló de manera progresiva. En 1998 se creó el Poder Judicial porteño; en 2005 se sancionó la Ley Orgánica de Comunas; en 2012 la Ciudad asumió el subte y en 2016 se traspasó la Policía Federal para conformar la Policía de la Ciudad. Posteriormente se aprobó el Código Electoral propio y se transfirieron las 31 líneas de colectivos de recorrido local. El ministro Gabino Tapia remarca que en estas décadas se construyeron herramientas concretas, sumando recientemente la Ley de Reiterancia y la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad. Sin embargo, enfatiza que la consolidación de la Justicia ordinaria sigue siendo la principal deuda. "Buenos Aires tiene el mismo derecho que las 23 provincias de impartir un servicio de Justicia ágil y propio", sostiene, citando fallos de la Corte Suprema como "Corrales", "Nisman", "Bazán" y "Levinas", que respaldaron el estatus autonómico porteño. Durante 2026, las autoridades locales impulsaron nuevos convenios con Nación para avanzar en las transferencias en materia penal no federal, penal juvenil y en la puesta en marcha del fuero laboral porteño, aprobado por la Legislatura en diciembre de 2024. Desafíos y balance político. Desde 1996 a la fecha, la Ciudad atravesó administraciones de diverso signo político: desde el mandato de De la Rúa y Olivera, pasando por Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, hasta el ciclo del PRO iniciado por Mauricio Macri en 2007, continuado por Horacio Rodríguez Larreta y liderado actualmente por Jorge Macri. A 30 años de la sanción de la Carta Magna, surgen nuevos desafíos como el combate contra el ciberdelito y la integración digital en la gestión judicial. Para las autoridades porteñas, el debate ya no reside en demostrar la capacidad de autogobierno, sino en hacer efectiva la autonomía plena que la Constitución Nacional ya reconoce. LOS CINCO ALCALDES DE LA AUTONOMÍA. Fernando de la Rúa, Aníbal Ibarra, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. En 1998 se creó el Poder Judicial de la Ciudad y en 2016 se traspasó la Policía Federal Menciones: Gabino Tapia, Francisco Quintana, Fernando de la Rúa, Aníbal Ibarra, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri, Gabriella Danieri, Ciudad de Buenos Aires, Nación, Enrique Olivera, Jorge Telerman, Corte Suprema, cpol1
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