20/09/2026 Página 12 - Nota - El País - Pag. 6
Un blindaje para Milei, la SIDE y jefes militares Luciana Bertoia La Casa Rosada les da más poder a las Fuerzas Armadas, pero omite la responsabilidad de los mandos. El Presidente tampoco será quien dicte la política de inteligencia. Con la ley de Defensa de la Soberanía Nacional que promueve Javier Milei, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) seguirá ganando terreno. Será el Señor Cinco quien defina la política de inteligencia que después deberá ser validada por el Presidente. Los espías podrán, además, participar de investigaciones administrativas -que permanezcan en reserva- contra quienes sean señalados por atentar contra la seguridad nacional. En paralelo, el Gobierno también hace que las Fuerzas Armadas ganen espacio y busca generar una doctrina de la Obediencia Debida al revés: que los mandos no sean responsables por el accionar de sus subordinados. Hay un hilo que parece conectar las distintas iniciativas: la voluntad de dificultar la rendición de cuentas. En el último título del proyecto de ley que la Casa Rosada envió al Congreso, llamado Disposiciones transitorias y complementarias, se esconde una reforma a la Ley de Inteligencia (25.520), que ya Milei viene modificando a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU). El Gobierno quiere cambiar el artículo 12 de la Ley 25.520, que establece que es el Presidente de la Nación quien fija los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional. Con la redacción que propone la Casa Rosada, será el titular de la SIDE quien elaborará la política y la mandará al Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para que la apruebe. El CSN no existe. Se creará si el Congreso aprueba la norma. Es una copia del National Security Council (NSC) que se conformó en Estados Unidos en 1947. En Washington, el consejo se dedica a asesorar al Presidente: es un dispositivo pensado fundamentalmente para tiempos de guerra. La versión vernácula que quiere Milei funcionará como una especie de jefatura de Gabinete ampliada. De hecho, en la cadena nacional del 3 de septiembre, el Presidente había anunciado que el CSN estaría conformado por el Ministerio de Economía, el de Defensa, la Cancillería y la SIDE. En el proyecto aparecieron dos áreas más: la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Legal y Técnica. El dato relevante es que el Ministerio de Seguridad quedó fuera de la nueva ingeniería, lo cual se termina explicando por las internas que se multiplican dentro del equipo de La Libertad Avanza (LLA). Hay quienes creen que con los cambios en la Ley de Inteligencia se blanquea un esquema que ya viene funcionando. Hay otros que ven una estrategia para difuminar responsabilidades. Mauricio Macri recibió más de diez denuncias por casos de espionaje durante su gobierno porque, como presidente, él era quien dictaba los lineamientos y los objetivos que debía perseguir la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Hay otro punto relevante. El CSN actúa contra aquellos que sean una amenaza contra la seguridad nacional. El concepto es laxo: puede ser alguien que quiera atentar contra la integridad territorial de la Argentina, pretenda interferir en el proceso decisorio de las autoridades, atente contra la integridad de las infraestructuras críticas o que facilite o colabore con aquellos. Cualquiera que reciba algún tipo de financiamiento de algún Estado u organización internacional podría terminar siendo sospechoso -incluso un becario-. En tales casos, se abre un proceso administrativo sancionatorio contra el presunto infractor. Esto implica que una persona o una organización puede ser investigada. La regla es que debería ser informada de este proceso, aunque la ley dice que el CSN puede "diferir la comunicación" del proceso para no entorpecer la investigación. O sea, puede mantener la pesquisa oculta y clasificar información. Cuando recién la sanción está firme, el acto puede ser impugnado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, pero la apelación no suspende los efectos de la decisión. "No solo está excluido el Congreso -que no participa del CSN-, sino que tampoco hay control del Poder Judicial durante el proceso", advierte el diputado nacional Agustín Rossi. El organismo que hoy dirige la Unidad de Información Financiera (UIF). Lo que busca el Gobierno es que quede en la línea de articulación directa con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La inscripción de una persona o una entidad como terrorista debe hacerse por "motivos razonables", que deberán ser explicitados en una resolución fundada de la UIF con intervención de la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, la SIDE y el Ministerio de Justicia. Cristian Auguadra también jugará un rol en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet). El registro fue creado durante la presidencia de Macri. Hoy funcionaba bajo el área del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia. Si la ley se aprueba, estará directamente bajo la órbita de la Unidad de Información. El Repet fue hace pocas semanas eje de una comunicación de relatores de la ONU, que expresaron su preocupación sobre el manejo y la discrecionalidad. El Gobierno busca también reformar la ley de Defensa Nacional, sancionada durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Busca alterar la definición de las Fuerzas Armadas y sacar un enunciado que sostiene que "sus miembros se encuadrarán en toda circunstancia bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados". La omisión es, para la exministra de Seguridad Sabina Frederic, la consolidación de una doctrina inversa a la Obediencia Debida. La responsabilidad de los mandos fue uno de los ejes de controversia antes de la sentencia por el hundimiento del ARA San Juan. El Foro de Almirantes Retirados advirtió que la responsabilidad debía ceñirse al comandante del submarino -que no puede ser juzgado- y no escalar en la cadena porque eso podría afectar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. "Con esta modificación se busca, como siempre, deslindar responsabilidades y que la cadena se corte en los eslabones más débiles", alerta la abogada Valeria Carreras. Claudio Pandolfi sostiene que existe jurisprudencia en el derecho internacional por la cual está claro que los mandos no pueden desconocer lo actuado por quienes dependen de ellos. "Lo que más me preocupa del proyecto es que lo que se define como infraestructura crítica y servicios esenciales queda bajo órbita militar. Eso es una militarización", señala el docente de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Para Rossi, la clave está en la mención de operaciones "no convencionales" a las que están autorizadas las Fuerzas Armadas, que será la puerta para que hagan tareas de seguridad interior. El exministro de Defensa también señala que la iniciativa dice que la seguridad nacional es contribuir "junto a socios y aliados, a la seguridad internacional, en el cumplimiento de los compromisos asumidos". Para Rossi, es un atajo para involucrarse en los conflictos que desatan Estados Unidos e Israel sin pasar por el Congreso. En esa misma línea, el diputado Juan Marino sostiene que el proyecto blanquea distintas iniciativas vinculadas a la "seguridad hemisférica", como el Escudo de las Américas o la Cumbre contra el Terrorismo, a las que Milei se sumó para congraciarse con Washington. Javier Milei le cede sus atribuciones a Cristian Auguadra. El Consejo de Seguridad Nacional podrá mantener ocultas investigaciones y clasificar información durante los procesos. Menciones: cpol2, cpol2 ejesapp
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