20/09/2026 Página 12 - Nota - Economía - Pag. 5
Los privilegios que el Presupuesto no ajusta Mara Pedrazzoli Solo las exenciones en Ganancias al Poder Judicial equivalen al presupuesto del Conicet, el Inta, la CNEA, el Senasa y la Conae. El RIGI y los concesionarios, beneficiarios ocultos. El Presupuesto 2027 proyecta 51,9 billones de pesos en gastos tributarios. Son los ingresos que el Estado deja de recaudar al conceder exenciones, deducciones o beneficios fiscales a distintos sectores. Es una masa de recursos sustancial. Equivale a 3,67 por ciento del PBI y, en algunos casos, alcanza para cubrir el financiamiento de organismos estratégicos del Estado. Solo las exenciones del impuesto a las Ganancias al Poder Judicial representan un monto similar al presupuesto conjunto del Conicet, el Inta, la CNEA, el Senasa y la Conae. Pero en el texto oficial el Gobierno omitió estimar el costo fiscal de los incentivos para los nuevos concesionarios de rutas nacionales y para los grandes proyectos incluidos en el RIGI. Las cuentas del Presupuesto explicitan qué actividades se benefician con recursos que el Estado deja de recaudar y cuáles quedan relegadas a la hora de asignar fondos. Los gastos tributarios se definen como la pérdida de recaudación fiscal que experimenta el Estado al otorgar tratamientos impositivos preferenciales -tales como exenciones, reducciones de alícuotas, deducciones o créditos fiscales- para incentivar determinadas actividades económicas, regiones o sectores. La estimación de este monto comenzó a ser distinguida en los proyectos de ley de Presupuesto desde 2023, durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Se abría la discusión sobre el costo fiscal que insumía la exención de Ganancias a los jueces. Ese mismo ítem, estimado para 2027 según el proyecto de ley del Gobierno equivale a los fondos destinados al Conicet, Inta, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Senasa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en el presupuesto de Milei, según calculó el Instituto Argentina Grande (IAG). El dato expone que no se trata de falta de recursos sino de una decisión sobre prioridades: el Gobierno elige sostener beneficios tributarios para la casta judicial, mientras recorta el financiamiento a organismos reguladores e instituciones estratégicas para la ciencia, tecnología y el desarrollo productivo. Según la planilla oficial, el gasto tributario proyectado para 2027 asciende a 51,9 billones de pesos, con una incidencia sobre el PBI del 3,67 por ciento. La mitad lo conforman los tratamientos diferenciales en concepto de IVA; por ejemplo, en servicios de salud, educación, medicamentos, alimentos como carnes y frutas, etc. La segunda categoría de mayor relevancia es el régimen del Monotributo, que exime a contribuyentes del pago de IVA y Ganancias. La tercera son las rebajas en Ganancias, entre las que se incluye el Poder Judicial por un monto equivalente a 1,9 billones de pesos, según estimó el IAG. La cuarta categoría en importancia son los regímenes de promoción económica, que incluye los controversiales incentivos para Tierra del Fuego y la Economía del Conocimiento. Esta última favorece desde hace años a gigantes como Mercado Libre, Globant y otras, lo que en 2027 será por 842 mil millones de pesos. También 1,9 billones de pesos es el presupuesto requerido por Conicet, Inta, CNEA, Senasa y CONAE juntas. Mientras la mitad del financiamiento que se lleva la Ley de Economía del Conocimiento serviría para solventar el funcionamiento del Hospital Garrahan (396 mil millones de pesos) y un monto similar es el gasto de la Dirección Nacional de Vialidad, dedicada a la conservación y mejoramiento de las rutas del país, que fue formalmente disuelta y cerrada por este Gobierno. En paralelo el Presupuesto 2027 prevé importantes beneficios tributarios para los concesionarios viales, aunque su costo fiscal no fue estimado. Se trata de empresas privadas que asumirán la operación, conservación y mejora de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, bajo el nuevo esquema diseñado por el ministerio de Economía. Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtieron que los concesionarios ya cuentan con un régimen favorable establecido por la Ley 17.520, modificada por la 27.742. Otra omisión notable del detalle en la pérdida de recaudación tributaria es el caso del RIGI. Según el oficialismo, no puede ser estimada porque los proyectos se encuentran todavía en etapas iniciales de implementación, pero será calculada en etapas posteriores. Sin embargo, desde el CEPA realizaron una estimación con los 23 proyectos aprobados hasta hoy y la suma roza los 3.000 millones de dólares. Esto equivale a aproximadamente 0,5 por ciento del PIB, una cifra similar a todo el gasto tributario en regímenes de promoción actualmente contemplado para 2027 (0,44 por ciento del PIB). De acuerdo con el análisis de la consultora Vectorial, el Presupuesto del año pasado proyectaba un crecimiento del PIB del 5 por ciento para 2026, pero la realidad es que la economía apenas crecerá alrededor del 2 por ciento. El nuevo Presupuesto proyecta un 3 por ciento para este año -reconociendo implícitamente el error anterior- y un 4 por ciento para 2027, que luce inclusive optimista. La caída del 0,6 por ciento del PIB en el segundo trimestre y bajas cercanas al 5 por ciento mensual en industria y construcción vuelven difícil esa meta y más bien abren el interrogante sobre una eventual recesión técnica antes de que termine el año. El dato más preocupante es la inversión. El Presupuesto proyecta una caída del 2,1 por ciento en 2026 y un rebote del 9,2 por ciento en 2027, cuando actualmente se contrae a un ritmo del 11 por ciento. A esto se suma el fuerte recorte de la obra pública: por cada 100 pesos que se destinaban en 2023, en 2027 se prevén apenas 15. Con ese nivel de desinversión, el rebote proyectado aparece difícil de sostener, advierte la consultora. Por último, en materia inflacionaria el Presupuesto proyecta un aumento del 18 por ciento para 2027, equivalente a un promedio mensual de 1,5 por ciento: una meta exigente en una economía con elevada inercia inflacionaria. A eso se suma el riesgo cambiario propio de un año electoral y frente a un programa que, a esa altura, habrá acumulado más de tres años de atraso real. Los ajustes en la paridad se trasladarán a los precios, dificultando aún más el cumplimiento de la proyección oficial. El Poder Judicial no paga Ganancias por 1,9 billones de pesos. | Adrián Pérez El Presupuesto prevé importantes beneficios tributarios para los concesionarios viales, pero no informa su costo fiscal. Los incentivos para Tierra del Fuego y la Economía del Conocimiento equivalen a 847 mil millones de pesos en 2027. Menciones: Ceco1 cfinanE ejesapp
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