19/09/2026 Página 12 - Nota - El País - Pag. 5
Una ley escrita a imagen y semejanza de Trump Paula Marussich El peronismo advirtió los peligros internos en el proyecto. Provincias Unidas consideró "aberrante" autorizar un espionaje sin control. El PRO dijo estar un 90% a favor. La ley de Defensa de la Soberanía que el gobierno envió al Congreso ingresó por la Cámara de Diputados, donde deberá comenzar su discusión. Por fuera de los aliados del PRO y la UCR, distintos bloques en la Cámara Baja coincidieron en que el articulado tiene poco referido a las Malvinas y muchas atribuciones que podrían destruir el consenso democrático alcanzado tras la última dictadura para congraciarse con las exigencias de Donald Trump y Marco Rubio. Incluso, el nuevo marco normativo podría terminar siendo beneficioso para las empresas que invirtieron dinero para explotar hidrocarburos en las islas de forma ilegal con la derogación de la Ley 26.659, advirtieron desde la oposición. A pesar de que el presidente invitó "a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso", la oposición no fue convocada a iniciar el debate. El giro oportunista de Javier Milei volvió a poner en agenda la causa Malvinas, pero el cuerpo del proyecto que envió quince días después de la cadena nacional poco tiene que ver con un endurecimiento de las sanciones y con la reivindicación de la soberanía sobre las islas. Tanto el peronismo como la Coalición Cívica alertaron sobre los posibles efectos de derogar la ley vigente sin aclarar qué ocurrirá con las sanciones ya aplicadas. "¿En qué situación quedan las empresas actualmente sancionadas por la Ley 26.659 si esta se deroga?", cuestionó el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. El proyecto no contiene la respuesta. Por el contrario, el régimen de desistimiento y regularización que incorpora podría convertirse en "un régimen de blanqueo que las termine beneficiando", advirtió un diputado en diálogo con este diario. En Unión por la Patria recibieron el proyecto con "una mirada absolutamente crítica". En una reunión de bloque que el espacio mantuvo este viernes por la tarde, se repasaron los puntos más críticos del articulado. Entre ellos, que se trata de "una ley ómnibus" con "varios caballos de Troya". Según el análisis de esa fuerza, de los 133 artículos, "solo el 30% tiene que ver con Malvinas y las sanciones". El resto del proyecto incluye cambios a la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la de Inteligencia Nacional. "Borra el límite entre Defensa y Seguridad Interior", explicaron, pilares construidos después de 1983 para subordinar el instrumento militar al poder político democrático. Pero también aparecen condicionamientos a la libertad de expresión y nuevas sanciones al financiamiento del terrorismo, sin mencionar al Reino Unido ni la ONU, el marco donde debería reforzarse el reclamo. "Parecen querer congraciarse con la agenda de Marco Rubio y Donald Trump", señalaron. En efecto, gran parte de las medidas que aparecen dentro de la iniciativa y que nada tienen que ver con la Causa Malvinas son compromisos que se fueron acordando en el Escudo de las Américas. El proyecto busca adaptar la legislación interna a la estrategia de seguridad hemisférica impulsada por Estados Unidos y ampliar las facultades del Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, la SIDE y el nuevo Consejo de Seguridad Nacional, del que no forma parte el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva. Por caso, los compromisos asumidos en la reunión convocada por Marco Rubio sobre "terrorismo político" en julio de este año aparecen reflejados en el nuevo RePET, el registro que permite incorporar personas o entidades cuando existan "motivos razonables para sospechar" su vinculación con el terrorismo, congelar inmediatamente sus bienes y prohibirles operar o contratar al Estado, sin necesidad de una orden judicial. El diputado Juan Marino elaboró un informe que detalla el correlato entre las acciones de política de seguridad hemisférica de los Estados Unidos con participación argentina y el articulado del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El oficialismo enviará el texto a las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal. Si bien la nota que se publicó junto con su presentación incluyó un llamado a "poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso", la oposición apenas fue notificada del ingreso. En otras fuerzas, como Provincias Unidas, consideraron "aberrante la doctrina de espiar a todos con cualquier excusa". Advirtieron que "no vamos a permitir que usen Malvinas como excusa para concentrar poder y avanzar sobre nuestras libertades", dijo el diputado Esteban Paulón. En el PRO están "90% adentro", dijo una espada parlamentaria de ese espacio a este diario. Un informe preliminar de la Fundación Pensar al que accedió Página/12 es favorable al proyecto. No formula críticas jurídicas ni políticas relevantes. Funciona más como una presentación y justificación de la ley que como un análisis independiente. Nada dice sobre la concentración de facultades del Presidente y el Consejo de Seguridad Nacional ni sobre la ampliación de la intervención de las Fuerzas Armadas frente a amenazas no estatales y en infraestructuras críticas. En el MID preparaban un comunicado, pero todavía no tenían precisiones. En la Cámara alta, el senador peronista Jorge Capitanich presentó un proyecto para crear "la Comisión Bicameral Permanente de Control, Seguimiento y Estrategia sobre la cuestión Malvinas, Antártida y el Atlántico Sur, como órgano de control parlamentario". Si bien diputados y senadores del PJ coincidieron en la necesidad de articular una posición conjunta, aún no está definido si el ámbito será a través de una comisión u otro. "Todo está sometido a debate, hay que ver cuál es la mejor arquitectura", dijeron desde el Senado. Varios legisladores, en diálogo con este diario, recordaron la existencia del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, creado por ley en 2020 como un espacio destinado a contribuir al diseño y la implementación de políticas de Estado. Sin embargo, ese organismo está paralizado desde agosto de 2024. Es por eso que llama la atención que el gobierno invocó la centralidad de la Cuestión Malvinas para promover iniciativas de amplio alcance mientras permanece inactivo el órgano plural creado por ley para elaborar consensos y asesorar al Poder Ejecutivo en esta materia. Los diputados del peronismo destacan que de los 133 artículos, "solo el 30% tiene que ver con Malvinas y las sanciones". El bloque Provincias Unidas dijo que "no permitiremos que usen Malvinas para concentrar poder y avanzar sobre las libertades". Menciones: Paula Marussich, Malvinas, Congreso, Cámara de Diputados, PRO, UCR, Donald Trump, Marco Rubio, Javier Milei, Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, Unión por la Patria, Reino Unido, ONU, Escudo de las Américas, Estados Unidos, Poder Ejecutivo, Fuerzas Armadas, SIDE, Consejo de Seguridad Nacional, Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva, RePET, Juan Marino, Provincias Unidas, Esteban Paulón, Fundación Pensar, Página/12, MID, Jorge Capitanich, Antártida, Atlántico Sur, PJ, Senado, Georgias d
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