19/09/2026 Clarín - Nota - Sumario - Pag. 2
La postergación a los discapacitados Miguel Wiñazki El sufrimiento es siempre una emergencia. Una urgencia que interpela. Una persona en situación de discapacidad siempre llama, siempre pide ayuda, aunque no hable, porque eventualmente no habla, o pide ayuda porque no camina, o porque no ve, o porque no escucha, porque no lo puede todo, porque sin los demás estalla en sus abismos y en sus imposibilidades. Y en ese llamado abre las compuertas al afecto de los demás. Lo liquidan la burocracia, los mecanismos numéricos que aplazan la inminencia de sus necesidades constantes. Ahora, una modificación presupuestaria entre gallos y medianoche buscaba transformar la emergencia en discapacidad en una ecuación economicista. Esa es la filosofía real imperante. Esa mutación es un síntoma más palpable que todas las inducidas batallas culturales retóricas. Así, esta cultura es la omisión de la urgencia de la ayuda, es la consideración de una persona en situación de discapacidad como objeto de cálculo y no como sujeto sufriente. Una directora de escuelas de educación especial, con más de treinta años de profesión, lo grafica sin ahorrar dramatismo, porque las situaciones son agudas y dramáticas: "Hay chicos que se levantan de madrugada a golpear- se la cabeza con las paredes, que gritan y se lastiman si no tienen sus medicamentos psiquiátricos. Y muchos no los tienen. Alguien necesita ya un tubo de oxígeno. Una persona con autismo se desespera y no lo enuncia. Otros, muchísimos, necesitan de inmediato muchos tratamientos. No puede ser una planilla en la que se le posterga lo que necesita, porque lo necesitan ya". Hay una encrucijada terrible; la intersección entre discapacidad y pobreza. Ya. Esa es la palabra que la burocracia no conoce. En El sonido y la furia, William Faulkner le entregó la primera voz de la novela a quien no la tiene. Benjy Compson cumple treinta y tres años y no habla, gime, brama, llora. No distingue el ayer del hoy; en su conciencia todo ocurre al mismo tiempo, todo es ahora. Una tarde sale de su casa y se abalanza sobre unas colegialas que pasan. Nadie intenta saber qué quería decir. La familia no lo escucha. Lo castra. Literalmente lo castra. A quien no puede hablar no se le pregunta. Años después se desviste, se mira y llora frente a una ausencia que no puede nombrar. El título viene de Macbeth: "la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de sonido y furia, que no significa nada". Faulkner lo dio vuelta. El cuento del idiota es el que más significa. Benjy es la emergencia en estado puro, un ya sin después. Y recibe la respuesta de siempre. Se interviene sobre su cuerpo en lugar de atender su llamado. Benjy vive un ahora sin después. El expediente es un después sin ahora. Hay leyes que se escriben para que se cumplan. Y hay leyes que se escriben para no inscribirse en los hechos. La Ley 22.431, de 1981, obliga al Estado nacional a que al menos el 4% de su personal sean personas con discapacidad. Cuarenta y cinco años después, la Jefatura de Gabinete reconoce ante el Congreso un 1,37%. No hay culpables. La ley manda, nadie obedece, nada ocurre. Ni siquiera sabemos cuántos son los discapacitados. El Censo 2010 registró un 12,9%, más de cinco millones de personas; después, las estimaciones varían según quién mide. Un país que no sabe cuántos son difícilmente sepa cuánto les debe. En las aulas hubo una conquista silenciosa. En 2021, más de la mitad de los 209.553 estudiantes con discapacidad estaba en escuelas comunes. Una conquista hecha de maestras integradoras, acompañantes terapéuticos, transportistas que llegan a horario. Es decir, de prestadores. Y es ahí donde hoy se corta el hilo. En 2025 el Congreso sancionó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. El Presidente la vetó, ambas cámaras insistieron en reponerla con dos tercios, el Ejecutivo suspendió su aplicación alegando falta de fondos. Hubo fallos que ordenaron cumplirla. Hoy el Gobierno dice que la cumple. Pero en su propio informe al Congreso admite una deuda de 69.559 millones de pesos con 770 prestadores de Incluir Salud, el programa que atiende a quienes cobran una pensión no contributiva. Y las compensaciones que la ley ordena pagar a los prestadores superan, según fuentes parlamentarias, los 340.000 millones. Las familias conocen la traducción doméstica de esa cifra. La terapia semanal pasó a ser quincenal, en el mejor de los casos. El transporte dejó de llegar. La escuela especial ajusta, espera, se endeuda. Nadie firma un decreto que diga "menos rehabilitación". Simplemente sucede. El tiempo del que sufre no es el tiempo del expediente. La emergencia vence el 31 de diciembre y Diputados discute su prórroga hasta 2027. Pero entre una reunión y otra llegó el Presupuesto 2027, cuyo capítulo VI deroga los artículos centrales de la ley. Hoy la pensión por discapacidad es compatible con un empleo registrado de hasta dos salarios mínimos; con el cambio, cualquier trabajo formal la extingue. El mismo Estado que no cumple su cupo le dirá a la persona con discapacidad que, si consigue un empleo en blanco, pierde su pensión. Primero no la contrata. Después sanciona a cualquiera que la contrate. Trabajar en blanco, un riesgo. Hay algo menos visible y quizás aún más dañino. Hoy obras sociales, prepagas y sistema público deben cubrir el 100% de las prestaciones según un único nomenclador, un piso común. El Presupuesto propone desregularlo. Cada financiador pagará lo que decida. Sin piso, el precio lo fija el que paga, y el que paga siempre tiene motivos para pagar menos. Habrá prestaciones que nadie querrá brindar al valor real. Los propios diputados libertarios se sorprendieron y dicen que así no sale la ley. Puede ser. Pero el texto existe, y los textos dicen lo que se piensa cuando nadie mira. El Gobierno tiene un argumento que merece ser escuchado: hubo abusos, pensiones irregulares, el gasto debe auditarse. Pero auditar no es desmantelar. Se puede perseguir al que miente sin perjudicar a todos los que necesitan. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional, entiende la discapacidad como el choque entre una condición y las barreras del entorno. Las barreras crecen, los cuerpos son castrados por la burocracia. La apoteosis de los burócratas y las agonías de los sufrientes. La emergencia no es la ley. La emergencia es la vida que espera mientras la ley se discute. Éste Estado no asiste a la discapacidad. La castiga. Una modificación busca transformar la emergencia en discapacidad en una ecuaciación economicista. Menciones: Miguel Wiñazki, William Faulkner, Benjy Compson, Macbeth, Jefatura de Gabinete, Incluir Salud, cnot
 |
||
   |
