29/08/2026 Perfil - Nota - Política - Pag. 4
Fabricaciones Militares: buscan otorgarles la operación a privados por treinta y cinco años Nicolás González El Gobierno está iniciando un proceso que busca traspasarles a consorcios privados el control operativo y las líneas de producción del complejo fabril de la empresa Fabricaciones Militares (FM). La cesión sería por un lapso de 35 años, y se hará a través de un "Concurso Público Nacional e Internacional" que busca asociar al Estado con empresas privadas mediante la creación de Uniones Transitorias. ATE denuncia que es una "privatización" de hecho. El gobierno nacional avanza en un plan de "reconfiguración logística" de las Fuerzas Armadas que incluye la venta de inmuebles militares a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En paralelo, puso en marcha un proceso para ceder a consorcios privados el control operativo y las líneas de producción de Fabricaciones Militares (FM) por los próximos 35 años, a través de un Concurso Público Nacional e Internacional que busca asociar al Estado con empresas privadas mediante la creación de Uniones Transitorias (UT). Como FM quedó fuera de la lista de empresas privatizables de la Ley Bases, el diseño de los contratos recurre a la figura de la Unión Transitoria para que el Estado retenga la titularidad formal de los galpones y la tierra. Así, el oficialismo evita pedir permiso al Congreso, con el argumento de que no hay transferencia de acciones ni venta directa de la firma. Esa ingeniería legal disparó un conflicto político: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció en un informe técnico que el pliego es un atajo jurídico que esconde una privatización "de hecho". El proceso de selección está en su etapa definitoria y expuso una disputa sobre la autonomía de la producción militar, el futuro de los trabajadores estatales bajo mandos privados y el impacto territorial de las plantas afectadas. El complejo industrial de FM S.A.U. quedó dividido en el pliego en cuatro renglones: el Área Química (ácidos y nitrato de amonio para fertilizantes) y el Area Metalmecánica (fundición, material rodante, cañones y vainas), ambas en Río Tercero, Córdoba; el Área de Explosivos (pólvoras, explosivos industriales y TNT), en Villa María, Córdoba, y en Fanazul, Buenos Aires; y el Área de Defensa (municiones, armamento y chalecos balísticos), en Fray Luis Beltrán, Santa Fe. Las empresas pueden competir por un renglón, por varios o por el paquete completo. Menos exigencias. Con la licitación ya en marcha, el Gobierno flexibilizó las exigencias financieras. La Circular Modificatoria Nº 02 extendió el plazo de ofertas hasta el 3 de noviembre y fragmentó los pisos patrimoniales mínimos al habilitar ofertas por subcategorías: un privado puede competir solo por "Químicos" con un patrimonio neto de 25 millones de dólares, o entrar a la planta de Santa Fe solo por chalecos antibalas con apenas 5 millones. Para ATE, esto habilita el "cherry picking": que un operador se quede con las líneas rentables, como la munición de alto calibre para exportación, y deje al Estado con las deficitarias. El mayor conflicto pasa por los trabajadores. El contrato modelo fija que los operarios seguirán siendo empleados de FM S.A.U., con el Estado pagando sus salarios, pero las órdenes diarias quedarán bajo la dirección exclusiva de las firmas privadas. El artículo 9.8 establece que "las remuneraciones, horas de trabajo, turnos y demás condiciones serán determinadas exclusivamente por el OPERADOR". ATE calificó el esquema como "una figura jurídicamente aberrante": el trabajador sigue siendo empleado del Estado, que sigue pagando su salario y cargas sociales, pero quien organiza su trabajo es un operador privado extranjero que no es su empleador. El pliego también incorporó un filtro ligado a Estados Unidos: el artículo 12.2 excluye como oferentes a quienes figuren en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense. ATE cuestionó que se delega "en un organismo de otro Estado -sin tratado, sin reciprocidad, sin control judicial argentino- la determinación de quién puede asociarse a la industria de defensa nacional". Además, el canon que pagarán los privados se actualizará con el Producer Price Index del Departamento de Trabajo de EE.UU., y si un futuro gobierno cancela el contrato antes de los 35 años, deberá pagarle al privado la inversión no amortizada más una penalidad del 10%, un "candado financiero" que condiciona a las próximas administraciones. Reordenamiento. El plan se enmarca en un reordenamiento más amplio de predios militares. En Mar del Plata circularon versiones sobre una desafectación de sectores de la Base Naval frente a Playa Grande, lo que obligó a Defensa a desmentirlo. También se autorizó desprenderse de campos de la Base Naval Ushuaia y se anunció el traslado de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y la Escuela de Aviación Naval de la Base Aeronaval Punta Indio hacia la Base Comandante Espora, en Bahía Blanca, a partir de enero de 2027, lo que afectará a 185 trabajadores civiles y unos 300 militares. Fabricaciones Militares fue creada en 1941 bajo la presidencia de Roberto M. Ortiz, con una estructura pensada para el autoabastecimiento de insumos estratégicos. La licitación actual invierte ese principio: el artículo 36 obliga al Estado a abstenerse de fabricar, diseñar o comercializar de forma independiente cualquier producto similar al de la UT en todo el territorio nacional durante los 35 años de contrato, hasta 2061. Aunque las plantas sigan a nombre del Estado, este pierde la capacidad material de fabricar sus propias armas. NUEVO MANAGEMENT. Cuando se concrete la operación, el operador privado se hará cargo del negocio. LARGA HISTORIA. Fabricaciones Militares fue creada en 1941, bajo la presidencia de Roberto Ortiz. Menciones: cpol1 cnot
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