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02/08/2026 LaNacion.com - Noticias
Una buena ley y una mala imagen Joaquín Morales Solá Joaquín Morales Solá/n Javier Milei, en cadena nacional, durante el reciente anuncio de reformas al Banco CentralCaptura Si las leyes se cumplieran, y si los funcionarios fueran coherentes con el espíritu de las leyes, podría decirse que el gobierno de Javier Milei será recordado por tres cambios fundamentales en la administración del país. La eliminación del déficit fiscal, el restablecimiento del orden público y el reciente proyecto de ley que, si termina siendo aprobado por el Congreso, le restablecerá la autonomía al Banco Central. No podrán incluirse en esa corta lista la política exterior, demasiado sesgada y extremadamente ideologizada ni las formas del Presidente que eliminaron el respeto en la política. En la noche del jueves pasado, Milei presentó su proyecto de ley para cambiar por tercera vez en 34 años la misión y las funciones del Banco Central. No perdió la oportunidad (nunca la pierde) de descerrajar una tormenta de críticas a los políticos que promovieron durante 91años “saqueo, expropiación, impunidad y decadencia” desde la autoridad monetaria. El Banco Central fue creado en 1935 y por eso Milei habla de los 91 años. ¿No hubo excepciones en todos esos años? Las hubo; Milei fue otra vez injusto y arbitrario. La reforma estatutaria de 1992 que impulsó Domingo Cavallo le dio autonomía al Banco Central y le prohibió financiar al gobierno federal. Es la misma idea medular del proyecto que fue anunciado por Milei con la épica inaugural que siempre acompaña sus novedades. Tampoco mencionó como una excepción al gobierno de Mauricio Macri, aunque solo fuera porque dos de las figuras más importantes de la actual administración ocuparon el principal sillón del Banco Central. Macri les confió en su momento la titularidad del Central a los ahora ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger, y de Economía, Luis Caputo. Ninguno de sus ministros que circularon por el macrismo parece tener pasado como consecuencia de la áspera competencia que el jefe del Estado plantea con su antecesor liberal. La historia es como es, y Milei no puede borrar de sus páginas que funcionarios suyos fueron también funcionarios de Macri, aunque este se considera liberal, no libertario. La historia indica -es cierto- que los países con más estabilidad económica son los que tienen bancos centrales autónomos y con la función esencial de cuidar el valor de la moneda. Ninguno de ellos se ocupa de financiar los despilfarros de la política. El caso más notable, y a la vez más cercano, es el de Perú, que arrastra una larguísima crisis política (casi todos sus expresidentes elegidos están presos por corruptos y uno, Alan García, se suicidó antes de ir a la cárcel), pero el titular del Banco Central es el mismo desde hace 20 años. Fue un observador privilegiado de la gloria y la ruina de muchos políticos, pero él, Julio Velarde, sigue donde está y su misión esencial es defender la estabilidad de la moneda peruana. La flamante presidenta, Keiko Fujimori, lo acaba de ratificar en el cargo. La economía de Perú crece desde el año 2000, aunque tuvo años buenos y no tan buenos, pero siempre creció durante 26 años. Su actual inflación anualizada es del 3,8 por ciento, solo comparable con las economías de los principales países del mundo, a pesar de que su Banco Central estableció que el aumento anual de precios no debe superar una franja de entre el 1 y el 3 por ciento. Velarde logró ese propósito durante muchos años en las últimas dos décadas. Durante la presidencia de Carlos Menem, Domingo Cavallo le dio autonomía al Banco Central y le prohibió financiar al gobierno federalLEONARDO CAVALLO Si se observa ese solo ejemplo en el mundo, Milei necesita, para que su proyecto sea creíble, que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, deje de entrar y salir de la Casa de Gobierno como si fuera el bar de la esquina o un funcionario más del gobierno federal. Ya no es normal que Bausili y el ministro de Economía, Luis Caputo, hayan sido socios (¿son socios?) en la consultora Anker, que asesoraba a empresas privadas hasta que Milei accedió al poder. La independencia del Banco Central no solo requiere de la letra de la ley, sino también de las apariencias debidamente cuidadas. De hecho, la gestión de Sturzenegger al frente del Banco Central durante la administración de Macri fue impecable hasta la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre de 2017. Participaron de ella, en la Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; Sturzenegger, y los ministros de Economía, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, el mismo Caputo que ahora es ministro de Economía. Anunciaron un cambio en las metas de inflación, pero el Banco Central perdió la confianza y la credibilidad que había construido el ahora “coloso” Sturzenegger; fue el comienzo de la crisis monetaria de 2018. Aquella imagen de hace 9 años fue, sin embargo, una insignificancia imperceptible comparada con el compadreo actual entre el titular del Banco Central, Milei y el ministro de Economía. Milei es un fogoso creyente de las teorías, pero le da poco importancia a la ejecución práctica de las teorías. Mauricio Macri y Luis Caputo durante la reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G-20, en 2018Presidencia La transgresora Argentina no pudo cumplir nunca con el precepto de respetar al Banco Central. Ninguno de sus presidentes terminó, por ejemplo, el mandato de seis años que establece la ley; esa cantidad de años aspira a evitar que cada presidente de la Nación, que tiene cuatro años de mandato, cambie al titular de la autoridad monetaria según sus preferencias políticas o ideológicas. Pedro Pou, el último titular del Central en tiempos de Menem, se fue después de que una comisión bicameral cuestionara su gestión y lo acusara de “antisemita” porque, en efecto, había culpado de todo los males del sistema financiero a bancos “con accionistas judíos”. No se necesitan pruebas cuando la confesión es tan explícita. Otro economista destacado, Mario Blejer, que luego fue asesor del Banco de Inglaterra y candidato a presidir el Banco Central de Israel, duró solo seis meses al frente de la autoridad monetaria argentina. El entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, que no creía en la necesidad de bancos centrales independientes, había manifestado reservadamente sus discrepancias con Blejer. El entonces presidente Eduardo Duhalde nombró a Alfonso Prat Gay al frente del Banco Central en reemplazo de Blejer, después de un breve interinato del economista peronista Aldo Pignanelli. Pero Prat Gay se fue del cargo tres años después, cuando también disintió con Lavagna por el plan de este para refinanciar la deuda pública argentina, que estaba en default desde la irresponsable algarabía de Rodolfo Rodríguez Saá para anunciar que el país dejaba de pagar sus deudas. Lo peor estaba por venir. Cristina Kirchner quiso requisarle al Banco Central 6500 millones de dólares para pagar la deuda que había contraído el gobierno nacional, no el Banco. El entonces presidente de la autoridad monetaria, Martín Redrado, se negó a que desconocieran de manera tan burda la autonomía del Banco. Cristina lo echó por un decreto de necesidad y urgencia, pero una jueza le ordenó a la entonces presidenta reponer a Redrado en el cargo. Enfurecida, Cristina Kirchner llegó al extremo de llamar por teléfono a un juez de la Corte Suprema para pedirle que le ordene a la jueza que se rectifique. “Usted sabe que los jueces son independientes hasta de sus instancias superiores. Revisaremos el caso cuando llegue a nosotros”, la ubicó, corto y seco, ese juez a la entonces presidenta. Pero Redrado terminó fuera del cargo y lo sucedió Mercedes Marcó del Pont, una economista convencida de la sabiduría del kirchnerismo. Con ella, Cristina Kirchner le hizo otra reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que cambiaba todo el anterior sentido de esa institución. Desde entonces, según esa ley, el Banco Central debe ocuparse de promover “el empleo, el desarrollo económico y la equidad social”. Es decir, debe hacer lo que el presidente de la Nación (o la presidenta) quiera hacer. Más tarde, Luis Caputo, actual ministro de Milei, fue presidente del Banco Central con Macri durante apenas tres meses. La versión nunca desmentida ni confirmada señaló que el Fondo Monetario pidió su relevo cuando el gobierno de Macri necesitaba un auxilio inmediato del organismo multilateral. Caputo se habría negado a no utilizar el crédito del Fondo para estabilizar al entonces desestabilizado mercado cambiario. Nadie aceptó nunca que ese rumor fuera cierto, pero se sabe que la entonces directora general del Fondo, Christine Lagarde, amonestó varias veces a Caputo hasta que este decidió regresar a casa. Martín Redrado y Cristina Kirchner, una feroz historia política que recaló en la JusticiaArchivo La Argentina transgresora no se agota con la manipulación del Banco Central, y el descuido de su moneda por lo tanto, sino también en otros sectores de la vida institucional del país. Es inadmisible que los argentinos estén esperando los avances de la justicia norteamericana sobre los turbios manejos en la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia y de su cómplice supuesto Pablo Toviggino. La justicia argentina ni siquiera se puso de acuerdo para establecer qué juez y cuál fuero investigarán la causa abierta por la dudosa propiedad de la mega mansión de Pilar. Cuando todo indicaba que sería la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia, quien llevaría esa causa, una sala de la Cámara de Casación aceptó abrir un recurso de queja para revisar su competencia. Si no fuera ella, el caso le tocará al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, a quien prefieren los dueños del fútbol argentino. Esa sala de Casación tomó tal decisión con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y con la disidencia del juez Alejandro Slokar. “Es solo una queja y solo se van a escuchar a las partes”, atenuaron la sorpresa en la Cámara de Casación. El 12 de agosto se realizará esa audiencia, a la que asistirán los supuestos dueños de la imponente casona de Pilar, un monotributista y su madre jubilada. Imposible que eso sea cierto. La versión indica que el verdadero dueño es Toviggino, el alter ego de Tapia. “Hay demasiada protección a los delitos de Tapia y Toviggino”, reconoció un funcionario de la Justicia refiriéndose precisamente a sus colegas magistrados. Según esa versión, muchos jueces federales, incluidos varios de provincias, son permanentemente invitados por la AFA para eventos deportivos en el exterior con pasajes en la mejor clase de los aviones y con estadía en los mejores hoteles. Pero, ¿por qué demoran tanto en fijar qué delitos habrían cometido Tapia y Toviggino? La pregunta vale la pena porque Tapia es, junto con Hugo Moyano, dos de las personas públicas con peor imagen en la sociedad. Tapia es silbado e insultado por los simpatizantes de cualquier club cada vez que aparece en una cancha de fútbol. La demora sería un ardid. El tratado de extradición con los Estados Unidos especifica que Washington puede pedir la extradición de argentinos siempre que estos no estén siendo juzgados en su país por el mismo delito. La espera es entonces una estrategia para ver de qué delitos los juzgarán en Nueva York para abrir aquí expedientes por esos mismos delitos. En tal caso, ni Tapia ni Toviggino podrían ser extraditados a los Estados Unidos. Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo TovigginoAlfredo Sábat El escándalo en la AFA comenzó cuando se supo que precisamente un juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques, había festejado su cumpleaños en esa fastuosa residencia. Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, negó al principio esa noticia, pero inmediatamente después desafió, indiferente: “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el problema?”, preguntó y contestó, campante. No hubo tregua: en medio del fárrago, Mahiques padre debió renunciar a seguir subrogando en la sala que supervisaba el expediente del palacete de Pilar. El fuego del escándalo no se apagó. Al contrario, aumentó cuando circuló una especie según la cual la jueza Satraccia, con fama de honesta y trabajadora, sería reemplazada por una nueva magistrada que nombraría el Gobierno. Se trata de María Pérez Cárrega, secretaria del juez Alberto Lugones, con aura de kirchnerista, pero esa versión fue categóricamente desmentida por importantes funcionarios oficiales. Sucede también que la política y los tribunales atribuyen a los primos Menem (Martín y Eduardo “Lule” Menem) un interés particular en colocarles un manto de impunidad a Tapia y Toviggino. Ellos son, dicen, los que padecen en el oficialismo un apetito insaciable.
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