05/07/2026 Tiempo Argentino - Nota - Economía - Pag. 3
Tarifas de luz y gas por las nubes en medio de la ola de frío polar Randy Stagnaro La ola de frío que azota al país llega en medio de un alza descomunal de lo que debe pagar cada hogar para mantenerse calefaccionado. Sucede por la combinación de la suba permanente de las tarifas con el aumento del consumo por las bajas temperaturas. Desde que asumió Javier Milei en la Casa Rosada, el peso en los ingresos de las tarifas de luz y gas aumentaron entre tres y cuatro veces, variación que depende de los ingresos familiares, su ubicación geográfica y el consumo de ambos servicios públicos. Según el último Reporte de tarifas y subsidios que elabora el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, la electricidad aumentó un 494% desde que asumió Javier Milei, mientras que, en el caso del gas, el incremento fue del 2073%. La inflación del período fue del 311,9 por ciento. La diferencia es sustancial. Y como las subas consignadas por el IIEP son promedios, hay casos en los que las alzas han sido superiores a estos guarismos, especialmente entre los que perdieron los subsidios y pasaron a pagar la tarifa plena. Y no se trata de casos aislados: el gobierno nacional se dedicó en estos dos años y medio a desmontar el anterior esquema de subsidios para reducirlo a su mínima expresión. El gobierno asegura que modera los aumentos, pero desde que asumió Milei el gas subió un 2073% y la luz lo hizo en un 494%, muy por encima de la inflación y los incrementos de ingresos. Los más vulnerables son los más perjudicados: la garrafa de diez kilos se encareció diez veces. En mayo del año pasado, el IIEP advirtió que el proceso de actualización del viejo sistema de subsidios (el RASE, con tres niveles de subsidios), 1,8 millones de usuarios (en rigor, hogares) perdieron los subsidios y pasaron a pagar el precio total de los servicios de luz y gas a pesar de tratarse de hogares vulnerables o de bajos ingresos. Los más pobres, peor Así como el Ministerio de Economía impulsó que los aumentos de las boletas de luz y gas pesen más en los hogares más pobres, en una clara decisión clasista, también distribuyó las subas en el tiempo en función de sus intereses. Así, el año pasado, marcado por las elecciones de medio término tanto en las provincias como a nivel nacional, redujo el ritmo de los incrementos a fin de que los tarifazos no afectasen su desempeño electoral, mientras que este año -sin elecciones- aceleró la marcha. El gobierno aceleró este año el aumento de las tarifas, luego de plancharlas durante en 2025 por las elecciones. Las cifras del IIEP lo confirman. A junio de este año, la electricidad subió un 43% comparado con el valor promedio que tenía en junio de 2025 contra un 33% que se estima que ha sido la inflación en el mismo período (el dato del costo de vida de junio lo dará a conocer el Indec el próximo 14). Pero la mayor parte de la suba se realizó en este año: desde enero, acumuló una suba del 35,3 por ciento. Y viene acelerando ya que el incremento de junio respecto a mayo, un solo mes, fue del 14,8. En el caso del gas, la dinámica es muy similar. El aumento interanual entre junio de 2025 y el mismo mes de 2026 fue del 37 por ciento. Sin embargo, en este año el gobierno aceleró a fondo y la tarifa del gas ya acumula una suba del 168,5% y solo en el último mes el aumento registrado por el IIEP fue del 23,4 por ciento. La consecuencia es un peso cada vez mayor de las tarifas de los servicios energéticos sobre los ingresos de la población. Según el IIEP, el peso de la factura final de los servicios de luz y gas en un salario promedio extraído del Ripte (un indicador salarial de la Secretaría de Trabajo) pasó del 1% en noviembre de 2023 al 3,7% en junio de este año. En la comparación con el ingreso mínimo estimado para cada segmento de ingreso, el peso de las tarifas energéticas es superior en los segmentos de población con menores ingresos. Así, en un hogar cuyos ingresos son de dos salarios mínimos, la boleta de luz se lleva un 3,9% mientras que en un hogar sin subsidio (es decir, con un ingreso mayor a tres canastas básicas totales, unos $ 4,5 millones) ese peso es de 1,2 por ciento. Esta disparidad se acentúa en el caso del gas, donde el impacto en el hogar más pobre es del 4,3% versus un 0,9% en el de más recursos. Sumadas las dos boletas, el hogar más pobre destina un 8,2% de sus ingresos al pago de la luz y el gas contra el 2,9% en los de mayores ingresos. El gobierno nacional intenta negar la realidad que creó. En su primera conferencia de prensa, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el gobierno se "preocupa especialmente por los más vulnerables" y que el incremento de las tarifas de los servicios públicos se hace "poco a poco, de manera muy gradual". Los datos indican lo contrario. Además, el novel funcionario confirmó que el peso de las boletas en el ingreso familiar seguirá subiendo. Aseguró que el objetivo de la Casa Rosada es llevar las tarifas hasta el nivel en el que el usuario pague todos los costos. "Nosotros estamos considerando que cada individuo, como es el principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte a la tarifa", dijo en esa ocasión. Sin acceso a la garrafa social El 35% de los hogares de Argentina no tiene acceso al gas natural por redes, según los datos del Indec correspondientes al segundo semestre de 2025 (último disponible). Este porcentaje crece dramáticamente en el caso de los sectores vulnerables. Así, el 70% de los hogares pobres indigentes no accede a ese servicio, al igual que el 58,5% de los pobres no indigentes. Ese valor se reduce al 31% en el caso de los hogares no pobres. Durante el gobierno de Javier Milei la cifra de hogares que no accede al servicio de gas por redes se fue incrementando. Al cierre del segundo semestre de 2023, cuando asumió el gobierno de ultraderecha, ese nivel era del 33,3%. El crecimiento se debe a dos causas simultáneas: de un lado, la expansión de barrios populares en los que no hay servicio de gas porque las personas perdieron ingresos y ya no pueden solventar las obras de conexión de gas y, del otro, el Ministerio de Economía liquidó los programas de fomento de obras públicas en esas zonas. En este contexto, el gobierno liberó en julio de 2025 el precio de la garrafa de gas, que es el principal sustituto del gas por redes. En noviembre de 2023, el valor máximo de la garrafa social era de $ 3500 mientras que el precio de referencia general marcado por la Secretaría de Energía era de $ 10.900. Al cierre de junio, con la desregulación plena del negocio, el precio de la garrafa de 10 kilos oscilaba entre $ 30.000 y $ 35.000. El Programa Hogar o garrafa social reducía en un 65% el precio de mercado de la garrafa de 10 kilos. Unos 3 millones de personas (alrededor de 800.000 hogares) recibía el beneficio. Pero desde la asunción de Milei, llovieron las quejas por el incumplimiento del programa, al tiempo que el Ministerio de Economía ponía cada vez más trabas para acceder al beneficio. Finalmente, a principios de año, la Casa Rosada disolvió el programa y lo reemplazó por otro que otorga un reintegro a la compra de la garrafa a valor de mercado. Ese reintegro es de poco más de $ 9000, con lo que no cubre ni el 30% del valor de la garrafa. Por otro lado, y al igual que con otros planes oficiales, el gobierno creó un registro casi a escondidas, sin información a la población y sin capilaridad. Por ejemplo, las oficinas de Anses no participan de la iniciativa y solo se puede acceder al beneficio a través de una inscripción online. El resultado es el previsible: apenas 250 mil personas se registraron en el nuevo padrón desde que fue abierto a fines de abril, menos de un 10% de los que recibían el beneficio en noviembre de 2023. La garrafa de diez kilos se vende en torno de los $ 30.000. Dos años atrás, su valor era de $ 3500 para los sectores más vulnerables. Desde la producción hasta el hogar Las privatizaciones de los servicios públicos, en los primeros años del gobierno de Carlos Menem, rompieron la unidad que existía en la producción, transporte y distribución de gas y electricidad. Los nuevos esquemas que reemplazaron el patrón anterior unificado sobrevivieron a todos los gobiernos que siguieron. Tanto en el servicio del gas como en el de la electricidad existen tres eslabones diferentes. El primero es el de la producción. En el caso del gas sobresale el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. De allí proviene aproximadamente el 70% del gas que se consume en la Argentina. Otro foco está en el mar frente a las costas de Tierra del Fuego. Las petroleras con mayor producción de gas son Total Austral (de capitales franceses), YPF, Tecpetrol (del Grupo Techint), Pan American Energy (PAE, de los Bulgheroni en sociedad con la china CNOOC y la británica BP), Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), Pluspetrol (familia Rey) y Compañía General de Combustibles (CGC, de la familia Eurnekian). El precio de este gas está regulado por la Secretaría de Energía para el consumo de los usuarios residenciales y el GNC. En cambio, es libre para el consumo de las empresas. Los subsidios al consumo de los hogares se aplican sobre el valor del gas extraído (conocido en la jerga del sector como "boca de pozo" o PIST por Punto de Ingreso al Sistema de Transporte). En la electricidad, la producción se conoce como "generación". En la actualidad, los tres grupos empresarios más grandes concentran el 40% de la generación de electricidad. Estos son Central Puerto, Pampa Energía e YPF Luz. También están las centrales hidroeléctricas, como Yacyretá, y las centrales nucleares que gestiona Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y que el gobierno quiere privatizar. Estos generadores les venden la electricidad a las distribuidoras, que son las que la llevan a los usuarios finales (hogares, industrias y comercios). El precio de esta electricidad mayorista está regulado por la Secretaría de Energía y la empresa Cammesa. Los subsidios al consumo de electricidad se aplican en este tramo. Transporte y distribución El gas extraído es inyectado en los gasoductos y transportado hasta las grandes ciudades, que es donde están los consumidores. El último gasoducto que se construyó fue el Perito Moreno (antes llamado Néstor Kirchner), que lleva gas desde Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires. En este eslabón solo hay dos empresas: TGN, que maneja los gasoductos del norte del país, y TGS, que hace lo propio con los del sur. El regulador es el Enrege, surgido de la fusión de los entes reguladores específicos del gas y de la electricidad (ver aparte) este año y es quien fija la tarifa que cobrará la empresa por el transporte del gas. En el caso de la electricidad, el Enrege también establece el valor del transporte de alta tensión que lleva la electricidad desde los generadores hasta puntos específicos en los alrededores de las ciudades (estaciones transformadoras) donde se reduce la tensión. La principal empresa de este eslabón es Transener, recientemente privatizada. El gas transportado por los gasoductos llega hasta puntos de recepción donde pasa a manos de los distribuidores, que en el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son Metrogas y Naturgy. Estas son las empresas que se encargan de llevar el gas a los usuarios finales. La tarifa está regulada por el Enrege. En el caso de la electricidad, la misma tarea la desempeñan las distribuidoras. En el AMBA son Edenor y Edesur, que serán beneficiadas con una condonación de deuda que tienen con el Estado de US$ 1800 millones de dólares (unos 2,7 billones de pesos) si el Senado aprueba el proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados y que, además, elimina el régimen de zona fría para 3 millones de usuarios de todo el país. Regulación y problemas El gobierno decidió en 2025 disolver los dos entes reguladores del gas (Enargas) y la electricidad (Enre) y crear uno nuevo que reunió las dos áreas, el Enrege. A cargo del organismo designó al interventor del Enre, Néstor Lamboglia, quien renunció un mes después de su designación. Su salida respondió a las continuas peleas con su principal colaborador, Marcelo Nachón, quien era el interventor del Enargas hasta la creación del nuevo súper ente regulador. Si bien trascendió que los conflictos respondían a minucias propias de egos no contenidos, en el detrás de escena se encontrarían diferencias respecto del proceso de incremento de las tarifas a las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad. A tono con la política nacional de destrucción de empleos, las autoridades del nuevo Enrege ya definieron que abrirán un retiro voluntario para desprenderse de hasta el 30% del personal. Menciones: cpol2 ejesapp cnot
 
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