04/07/2026 La Nación - Nota - Justicia - Pag. 13
La Cámara Federal unificó dos causas por el "rulo financiero" en el juzgado de Ariel Lijo Hernán Cappiello DÓLAR BLUE. Se investiga a funcionarios del Banco Central y a financieras por irregularidades durante la gestión de Massa; hay otro caso similar en el juzgado de Capuchetti. El juez Lijo (en el centro) debe investigar a los financistas Elías Piccirillo y Carlos Hauque. La Cámara Federal unificó ayer el juzgado interinamente a cargo del juez federal Ariel Lijo las investigaciones judiciales contra funcionarios del Banco Central y de casas de cambio acusados de permitir maniobras millonarias para acceder a dólares al precio oficial y venderlos en el mercado paralelo durante la gestión del Frente de Todos, en la que Sergio Massa estaba al frente del Ministerio de Economía. La causa intenta esclarecer también de qué modo se hicieron muchas compras de dólares al valor oficial durante aquellos tiempos, entre 2022 y 2023. Se investigan irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para el acceso a dólar oficial durante el último cepo cambiario y las ventas millonarias al mercado paralelo, mejor conocido como dólar blue. El camarista Roberto Boico decidió que el Juzgado Federal N° 11 absorba el expediente que se tramitaba en el Juzgado N° 1, a cargo de María Servini. Así unificó estas dos investigaciones donde están acusados Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, del Banco Central, y una decena de empresarios, como Elías Piccirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque, entre otros dueños de agencias de cambio y cuevas. La disputa comenzó el 8 de mayo de 2024, cuando Lijo le pidió la causa a Servini para sumarla a su propio expediente. El argumento es que ambas pesquisas perseguían los mismos hechos: contar con una red de personas y agencias de cambio que adquirían divisas al tipo de cambio oficial para luego inyectarlas en el mercado paralelo, obteniendo ganancias ilegítimas millonarias. A esto se sumaba la connivencia o falta de control de los funcionarios del Banco Central (BCRA). El juzgado de Servini dijo que había objetos procesales distintos y que solo compartían algunos pocos imputados. El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, sostuvo el planteo de Servini, pero dijo que la causa de Lijo es más amplia porque también abarcaba irregularidades en la tramitación del sistema de importaciones SIRA, y concluyó que no había una identidad total de los hechos. Boico estimó que existe una dependencia funcional y operativa entre los sujetos investigados en ambos expedientes, con nombres en común, como Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Banco Más Ventas, entre otros. Además, el camarista valoró el riesgo real por allanamientos múltiples y simultáneos sobre las mismas oficinas comerciales por parte de dos juzgados distintos. El juez les dio especial relevancia a las posturas de las defensas y del fiscal Carlos Stornelli, que había coincidido en que, por la comunidad probatoria, unificar era necesario para lograr una investigación “integral, coherente y eficiente”, además de asegurar el derecho de defensa. Boico entendió que “la mayor amplitud del objeto procesal no excluye la conexión: la refuerza” y dijo que acumular el caso en el expediente más grande y complejo permite reconstruir el suceso histórico criminal en toda su dimensión real, evitando un análisis fragmentario o sesgado de la maniobra global. Por eso, para la “mejor y más pronta administración de justicia”, y sumado a que la causa del juzgado de Lijo presentaba un grado de avance “sensiblemente superior”, Boico ordenó hacer lugar a la inhibitoria y unificar los casos. En paralelo, la jueza María Eugenia Capuchetti tiene otra causa por la misma maniobra con los mismos sospechosos y no se definió aún si se la queda, se inhibe o le plantea a Lijo que se excuse. En total, en el expediente hay más de 50 personas y empresas en la mira de la Justicia. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros señalados. La causa en sus comienzos indagaba la posible vinculación entre financistas y funcionarios del Banco Central. Luego incorporó el “circuito paralelo” para autorizar importaciones. Menciones: cpol1
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