28/06/2026 La Nación - Nota - Justicia - Pag. 23
Milei desmonta por decreto un control patrimonial sobre los candidatos a jueces GOBIERNO. Se derogó una regulación que regía desde el gobierno de Macri y se redujo la participación ciudadana en la selección de magistrados. El presidente Javier Milei no solo redujo la transparencia y la participación ciudadana en la designación de los ministros de la Corte Suprema. El decreto 467/2024, que firmó hace pocos días, incluye un cambio que pasó por debajo de los radares, pero es de extrema sensibilidad: desmonta un control patrimonial sobre los candidatos a jueces que había creado el gobierno de Mauricio Macri. Se trata del informe que la AFIP debía elaborar sobre la situación patrimonial de los postulantes a la Corte, al Ministerio Público y a la Justicia Federal. Esa radiografía no era una herencia de 2003: la había incorporado el decreto 491 que en 2018 había impulsado el ministro de Justicia Germán Garavano. Ahora, el decreto de Milei la elimina y conserva apenas el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales, a cargo de ARCA y con un plazo de cinco días. La diferencia no es de matices. "Estar al día es una cosa; haber tenido un ajuste por incremento patrimonial no justificado es otra, y eso no se va a informar", indicó a LA NACION un integrante del Tribunal Fiscal de la Nación. El informe que sobrevive solo dice si el candidato cumple con sus obligaciones. Lo que ya no aparece es si ese postulante arrastró declaraciones juradas rectificativas que modificaron su patrimonio, si la AFIP le practicó una determinación de oficio o si paga una diferencia de impuestos por bienes que no había declarado. Quienes conocieron la herramienta reconstruyen que, en más de una ocasión, ese cruce sirvió para descartar a un postulante antes de que su nombre avanzara. Un caso reciente lo dimensiona. Manuel Adorni -investigado por presunto enriquecimiento ilícito-, rectificó este mes sus declaraciones juradas y admitió que durante años mantuvo sin declarar US$500.000 por los que nunca pagó impuestos, una suma que atribuyó a supuestas ganancias con bitcoin. Adorni no es candidato a juez, pero su expediente ilustra el tipo de información que el informe eliminado ponía sobre la mesa: si un postulante con ese perfil entrara hoy a una terna del Consejo de la Magistratura, ARCA se limitaría a responder que está al día, sin mencionar las rectificativas pasadas. No es un escenario abstracto. Cuando Eugenio Raúl Zaffaroni fue, en 2003, el primer candidato a la Corte en pasar por este tamiz, su pliego recibió decenas de impugnaciones y debió responder por sus declaraciones juradas patrimoniales y deudas en aportes previsionales. Es decir, exactamente la clase de información que el decreto de Milei sacó ahora del tablero. La lectura, de todos modos, no es unánime: otras fuentes relativizan el cambio y afirman que, en los hechos, ARCA se limitó durante los últimos años a informar si el candidato o la candidata tenía o no incumplimientos con el fisco. Pero en el texto el dato es incontrovertible: el decreto 491 sumó la "situación patrimonial" y el 467 la borra. Impugnación ciudadana El recorte abarca no solo a quienes se postulen para la Corte Suprema. El decreto 588/2003, que regula la designación de los jueces de los tribunales federales inferiores y del Ministerio Público, fue ahora modificado por Milei con la misma lógica: allí el informe patrimonial regía en los concursos de competencia federal y desaparecen, además, la publicación en diarios y la participación ciudadana. Ese es el segundo eje: el adiós a la impugnación ciudadana. El decreto 467 deroga los artículos que abrían una ventana de quince días para que ciudadanos, ONG, colegios y entidades académicas presentaran observaciones antes de que el Presidente definiera un nombre. Con la reforma, ese filtro temprano se cierra y el control de los pliegos queda concentrado en el Senado. El cambio encendió al mundo jurídico. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, resumió por qué importaba esa instancia: la ciudadanía podía opinar "cuando el candidato todavía podía ser descartado o reemplazado por el propio Poder Ejecutivo". La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que preside Mariel Tschieder, la calificó de "regresión institucional" y el Colegio Público de la Abogacía porteño, de "retroceso innecesario" sobre estándares de transparencia consolidados durante más de veinte años. La medida aparece como un nuevo retroceso en materia de transparencia. Hay un tercer recorte, menos comentado. El decreto 467 dejó sin efecto la recomendación del decreto 222/2003 para que el Presidente contemple criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional al proponer ministros de la Corte. La FACA ligó esa supresión a compromisos internacionales del Estado argentino -la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) y la Convención de Belém do Pará- y al federalismo, al recordar que el máximo tribunal es también la cabeza judicial de una república federal. El Gobierno justificó la reforma por la necesidad de agilizar la cobertura de vacantes y eliminar una "duplicación de instancias". El asesor presidencial Santiago Caputo sostuvo que "el decreto 222 era una anomalía institucional" y que el proceso ya cuenta con participación ciudadana en las audiencias públicas del Senado, "donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado". Pero los críticos responden que esa audiencia llega cuando el candidato ya fue elegido por el Ejecutivo: son dos momentos distintos, y el que desaparece es el único que permitía objetar un nombre antes de que el Presidente lo definiera. En reserva, voces que siguieron la trastienda leen una motivación adicional: que el decreto se diseñó para despejar el camino hacia la Corte y la Procuración y evitar que se revisen demasiado los antecedentes de los candidatos en danza. Cuando Milei propuso al juez Ariel Lijo para el máximo tribunal, su pliego cosechó una lluvia de cuestionamientos; el Presidente los desoyó y no reunió los votos en el Senado. Con el 467 vigente, la próxima vez que el Gobierno proponga un nombre, organizaciones, universidades y ciudadanos ya no tendrán ante el Ministerio de Justicia un canal formal para objetarlo antes de que llegue al Senado. La reforma, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, llega mientras el oficialismo busca cubrir las dos vacantes del máximo tribunal. Menciones: cpol1
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