27/06/2026 Página 12 - Nota - Justicia - Pag. 6
Irurzun a un paso de jubilarse Luciana Bertoia No todo es la agonía de su paso por la función pública de Manuel Adorni. Cuando las miradas se dirigen hacia un sector de la Casa Rosada, el Gobierno consigue fallos que le allanan el camino para avanzar sobre un tribunal clave que puede proteger las espaldas de Javier Milei: la Cámara Federal porteña, por donde pasan todas las causas que están en trámite en los juzgados de Comodoro Py. Un juez rechazó una cautelar que había pedido Martín Irurzun para quedarse después de los 75 años y el Presidente se encamina a mandar los candidatos para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, con lo que estaría en condiciones de renovar media Cámara Federal. “Es como el estrecho de Ormuz: si se cierra, no pasa nada”, dice un juez federal para graficar la importancia de la Cámara Federal porteña. Instalada en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py, en 2002, la Cámara Federal está integrada por seis jueces, divididos en dos salas. En la Sala I están Bruglia, Bertuzzi y Mariano Llorens. En la Sala II se encuentran Roberto Boico, Eduardo Farah e Irurzun. El próximo 18 de julio, Irurzun cumple 75 años. Es la edad límite que establece la Constitución para el ejercicio de la magistratura. Si un magistrado quiere quedarse, debe conseguir el aval del Senado para permanecer por cinco años más. Irurzun informó al Gobierno su voluntad de continuar en el cargo, pero no obtuvo respuesta. Irurzun es parte de la familia judicial. Hijo de un juez, ingresó al Poder Judicial en 1972. Lleva casi 40 años ejerciendo como magistrado. Está en la Cámara Federal desde 1994. Durante el macrismo tuvo un rol preponderante: quedó a cargo de la oficina de escuchas, después de que Mauricio Macri la sacara de la órbita de la Procuración General como forma de limar la influencia de Alejandra Gils Carbó y la pasara a la esfera de la Corte Suprema, y le dio nombre a la doctrina que permitió encarcelar preventivamente a exfuncionarios kirchneristas. El 11 de junio pasado, Irurzun se presentó ante el fuero contencioso administrativo para pedir quedarse más allá de los 75 años. Solicitó, en concreto, una medida cautelar que suspendiera los efectos jurídicos del inciso 4 del artículo 99 de la Constitución, que establece que los jueces necesitan una reválida del Senado para permanecer en su cargo después de los 75. La Corte ya tiene jurisprudencia sobre ese tema. A fines de marzo de 2017, los supremos firmaron el fallo Schiffrin, a través del cual establecieron que era constitucional el límite de los 75 años que se había incorporado con la reforma de 1994. El fallo fue adoptado por una mayoría compuesta por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En disidencia se pronunció Carlos Rosenkrantz, quien sostuvo que los constituyentes se habían excedido en sus competencias porque habían reformado un artículo que el Congreso no había habilitado para ser modificado. En su presentación, Irurzun decía que la mayoría que había adoptado el fallo Schiffrin ya no existía porque Maqueda se había retirado. De hecho, invocó la disidencia de Rosenkrantz para justificar su pretensión de quedarse en la Cámara Federal. Inicialmente, la cuestión había quedado en manos del juez Walter Lara Correa, pero Irurzun le recusó sin causa. El expediente pasó al juzgado de Enrique Alonso Regueira. Esta semana, el Ministerio de Justicia pidió que se rechazara la cautelar que pidió Irurzun. Uno de los argumentos que invocó el Gobierno fue que Irurzun confundía la inamovilidad de los jueces con el carácter vitalicio del cargo. Este viernes, a las 15.30, Alonso Regueira rechazó la cautelar que pretendía Irurzun. El magistrado sostuvo que no había elementos novedosos que le permitieran apartarse del criterio fijado por la Corte en el fallo Schiffrin. Irurzun puede apelar el fallo. Debería resolverlo la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Tendría tiempo para hacerlo, pero no hay optimismo en los tribunales sobre un resultado favorable. Para el Gobierno, el tema está finalizado. Empiezan a hacer cálculos y piensan que tendrán tres lugares para ocupar en el tribunal de apelaciones de Comodoro Py. El 10 de junio, el Consejo de la Magistratura votó dos ternas para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi. Ambos habían sido trasladados a la Cámara Federal por mera decisión de Mauricio Macri. En 2020, la Corte dijo que los traslados no eran permanentes y que la única forma de acceder a un cargo era mediante concurso. En 2021, se hizo el concurso, pero el tema quedó trabado durante más de cuatro años, sobre todo después del fallo que implicó el desembarco de Rosatti en el Consejo de la Magistratura. Las ternas quedaron integradas por Fernando Poviña, Agustina Rodríguez y Pablo Yadarola, en un caso, y por Julio Di Giorgi, Cecilia Incardona y Bertuzzi, en otro. Para que Bertuzzi entrara en terna debieron hacerlo ascender quince lugares, ya que había quedado 21 en el orden de mérito. Esa fue una de las razones por las cuales el kirchnerismo votó en contra de las dos propuestas. La semana pasada, Milei firmó el Decreto 467, que acortó los tiempos para la presentación de candidatos al reducir la posibilidad de que la ciudadanía se expresara. Ya publicó los nombres de los ternados para la Cámara Federal. En el Gobierno dicen que la semana próxima estarían en condiciones de mandar los pliegos para la Cámara Federal —si el malabarismo de Adorni sobre la cuerda floja no genera mayores dilaciones—. Yadarola, juez penal económico, suena como favorito. La discusión pasa por si el segundo lugar es ocupado por Bertuzzi o por Incardona, la fiscal federal de Lomas de Zamora que quedó posicionada en los primeros lugares del concurso. Incardona tendría el aval de un sector de la Casa Rosada que sigue con interés el devenir de las causas que rodean a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA); Bertuzzi, del macrismo y de buena parte de la corporación judicial. Si salen los candidatos para la Cámara Federal, es posible que en simultáneo se conozcan los nominados para integrar los tribunales orales de Comodoro Py. Por el momento, el Gobierno no quiere mover otras piezas especialmente sensibles: los cuatro juzgados que están vacantes. Una de las discusiones es si efectivamente se cubrirán las vacantes que dejaron Claudio Bonadio, Sergio Torres, Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez. Al parecer, por el momento, el debate no está saldado. El Gobierno consiguió que se aprobaran 74 pliegos para jueces, fiscales y defensores en el Senado. Setenta de ellos ya fueron designados por Milei en las últimas dos semanas. Solo quedan cuatro que no fueron nombrados. Son los que integran los tribunales o juzgados que no han sido habilitados. Recuadro: Los jueces cesan en su cargo a los 75 años. Para permanecer, necesitan contar con una reválida de la Cámara alta. En realidad, lo de la habilitación es un ardid para justificar que el Presidente no va a firmar el decreto que designa a María Verónica Michelli, cuyo pliego quiso retirar de la Cámara alta cuando se enteró de que era la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. El martes, está previsto que se reúna la Comisión de Acuerdos del Senado. Son decenas los pliegos que esperan en esa cámara, donde la actividad está supeditada a la situación del jefe de Gabinete. Menciones: cpol2
 |
||
   |
