20/06/2026 Página 12 - Nota - Justicia - Pag. 7
Solicitan que indaguen a Milei por el caso LIBRA Dos organizaciones exigen que el Presidente brinde explicaciones ante la Justicia. Las instituciones, que fueron aceptadas como amicus curiae en el expediente, sostienen que el mandatario debe ser citado por “negociaciones incompatibles”. Las críticas al fiscal Taiano. CIPCE e INECIP proponen que toda esa reconstrucción que todavía resta completar sobre posible cohecho o pagos ilegales, más la presunta estafa, siga bajo análisis en forma independiente de la eventual responsabilidad de Milei en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Este último es definido así en el Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare, en miras a un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. La causa lleva quince meses y tiene episodios llamativos, como la demora de la fiscalía en ordenar el peritaje del celular de Novelli. A entender de las organizaciones, desde un comienzo se pudo vislumbrar ese posible delito frente a la publicación del tuit del Presidente que invitaba a comprar $LIBRA, con el anzuelo de que se trataba de parte de un proyecto para fondear pequeños emprendimientos, decía. Las ONG plantean “un interés directo del Presidente en negocios privados vinculados a tecnologías de criptoactivos”. Recuerdan datos incorporados a la causa que refuerzan ese concepto. Uno es el texto hallado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) en el block de notas del celular de Novelli, que hace referencia a un acuerdo por 5 millones de dólares con Davis —por asesoramiento en blockchain, cripto y tecnología— que contempla la publicación de un tuit de Milei, tarifado en 1,5 millones de dólares, más una cifra similar de adelanto y dos millones con la firma del convenio. Esa nota fue creada tres días antes del lanzamiento de $LIBRA. Otro estudio confirmó que la creó Novelli, quien también la borró, pero fue recuperada. También recuerdan el reciente informe de Cibercrimen de la Policía Federal, que concluye que $LIBRA “no estaba enlistada en los exchanges centralizados, por lo cual los usuarios para el acceso inicial dependen de la información lanzada del proyecto, o bien del envío desde la dirección inicial que posee los tokens disponibles para su distribución”. En este caso, el estudio señalaba que esta criptomoneda tenía un “origen único”. Eso implica que el contrato para comprar el activo recién se hizo público con el tuit de Milei; antes era imposible comprar $LIBRA porque no estaba disponible. “Esta circunstancia constituye un indicio relevante de que el Sr. Presidente habría tenido acceso directo y anticipado a dicha información, incluso con anterioridad a su lanzamiento público”, dice el escrito. “La relevancia probatoria de este elemento resulta manifiesta, en tanto ubicaría al Sr. Presidente en una posición de conocimiento privilegiado respecto de una iniciativa de naturaleza eminentemente privada. Ello permite sostener, con grado de verdad suficiente para el llamado a indagatoria, que su intervención no se habría limitado a la mera reproducción de información de acceso público, sino que podría haber implicado un grado de vinculación o conocimiento previo que debe ser esclarecido en el marco de la presente investigación, máxime cuando se encuentra en juego la integridad pública”, advierten los especialistas de INECIP y CIPCE. Desde el punto de vista penal hay opiniones divididas sobre la interpretación de la aplicación del delito de negociaciones incompatibles. Quienes tienen la mirada más restrictiva dicen que necesariamente tendría que haber una actuación del Presidente que involucre algún contrato del Estado. El argumento es que una interpretación más amplia permitiría imputar a un jefe de Estado por asistir, por ejemplo, a la inauguración de una fábrica. Como es evidente, las organizaciones que intervienen como amicus curiae tienen una interpretación más amplia y ven a un Presidente que habría intervenido de manera directa en la cocina de un negocio privado que, para colmo, terminó causando enormes pérdidas en beneficio de unos pocos, utilizando como atractivo un supuesto proyecto para pequeños emprendimientos que jamás se plasmó. Menciones: cpol2
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