20/06/2026 Página 12 - Nota - Política - Pag. 5
Milei, con su ICE local, ahora persigue migrantes El gobierno nacional dio un nuevo paso, de la mano del Ministerio de Seguridad, en la construcción de la idea de los migrantes como enemigo interno. Mientras el cuadro social empeora, la administración libertaria reincide en el clásico de la derecha autóctona de estigmatizar a los extranjeros e inventar un problema para justificar luego el uso del aparato punitivo. El nuevo capítulo de esa saga es el anuncio de la creación de un Programa de Seguridad Migratoria, oficializado mediante la Resolución 551/2026 de la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, publicado en el Boletín Oficial, que comenzará con la creación de Unidades de Seguridad Migratoria en las cuatro fuerzas de seguridad federales: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El programa no solo redobla el control contra los migrantes, sino que además les da carta blanca para que participen de acciones de inteligencia. Inspirado en las cacerías que despliega en los Estados Unidos el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que incluyó asesinatos y derivó en protestas masivas contra la administración de Donald Trump, el Ejecutivo libertario ensaya operativos con estudiadas puestas en escena lideradas por Migraciones, con el apoyo de fuerzas de seguridad, en espacios de la ciudad y el Gran Buenos Aires donde viven o trabajan comunidades migrantes. Los montajes se complementan con comunicados y videos que postea la sucesora de Patricia Bullrich. “Creamos las Unidades de Seguridad Migratoria para reforzar los controles, prevenir delitos y enfrentar a las organizaciones criminales. Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar y respetar la ley. Para los que vienen a delinquir, no. El que no cumple las reglas, no entra; y si entra, se va”, arenga desde su cuenta en X la ministra Monteoliva. La iniciativa del Ministerio de Seguridad formaliza y le da cuerpo a lo que hasta ahora era sólo un lineamiento de trabajo para vigilar y castigar a los extranjeros. El programa redobla el control contra los migrantes y da carta blanca a todas las fuerzas de seguridad federales para que participen de acciones de inteligencia, persecución, detención y deportación de cualquier inmigrante o turista sospechado de no tener los papeles en orden. El nuevo Programa de Seguridad Migratoria crea unidades ídem en las cuatro fuerzas federales, que trabajarán con la Dirección Nacional de Migraciones y se convertirán en su policía auxiliar. Realizarán tareas de “prevención en áreas de control migratorio; mantenimiento de seguridad y orden público en áreas migratorias; detección, inteligencia e investigación de ilícitos migratorios; y tareas subsidiarias de control migratorio”. Se les enseñará a “prevenir y detectar en forma más efectiva ilícitos migratorios”, junto con inspectores, analistas y jefes de áreas ubicadas en pasos fronterizos y desplegadas en cualquier dependencia del país, dice la resolución. Las unidades tendrán un rol meramente funcional y no implicarán la creación de nuevas estructuras organizativas. El personal que cumpla funciones dentro del programa llevará un distintivo de “Seguridad Migratoria”, independientemente de su dependencia de revista. El programa prevé supuestamente una mejora de los procesos de prevención, detección e investigación de delitos migratorios. Incluso dice que apunta a una mayor coordinación operativa entre Migraciones y las fuerzas. Para eso se crean las Unidades de Seguridad Migratoria. La decisión de institucionalizar la persecución contra extranjeros, particularmente de los países fronterizos, es una afrenta del gobierno contra todos los sectores que pusieron en tela de juicio su alineamiento con el ICE de Trump (que, dicho sea de paso, también es cuestionado en los Estados Unidos y le genera dolores de cabeza a los organizadores del mundial de fútbol). Uno de los sectores que cuestionó públicamente esas políticas fue la Iglesia Católica argentina, que durante el Tedeum del 25 de Mayo sostuvo que los supuestos operativos de control “parecieran responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un Estado garante de derechos”. La estrategia del gobierno se apoya sobre la reforma normativa que modificó la Ley de Migraciones. “El decreto ataca los pilares fundamentales de la política migratoria argentina de los últimos 20 años: el acceso igualitario a derechos humanos y el Estado como garante de la regularidad migratoria. Con la implementación de pequeños cambios en apenas algunos artículos de la ley, el gobierno modificó de raíz el espíritu de la norma, incorporó barreras para acceder a la residencia regular en el país y, con eso, al ejercicio de derechos como la salud o la educación”, explicó días atrás la abogada Lucía Galoppo, abogada del área de Trabajo Internacional del CELS. Menciones: cpol2 cnot
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