13/06/2026 La Nación - Nota - Justicia - Pag. 12
Se agrava la situación del exfuncionario que cayó con drogas y dólares Camila Dolabjian ARSAT. Facundo Leal continuará con prisión preventiva y el juez llamó a indagatorias; también hubo avances en el caso del Orsna. Facundo Leal, el exfuncionario de Arsat y el Orsna que está preso. La situación judicial de Facundo Leal, el expresidente de Arsat y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) a quien se le encontraron drogas y millones de dólares en su poder, continúa agravándose. La Justicia le dictó la prisión preventiva, sin posibilidad de beneficiarse con la domiciliaria, en la causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y, además, la fiscalía solicitó ahora también su detención por las presuntas maniobras de corrupción durante su paso por la empresa estatal de satélites Arsat. En un día de idas y venidas, el juez Lino Mirabelli, sin haber resuelto la situación del expresidente de Arsat, se declaró ayer incompetente en la investigación sobre los estupefacientes y envió la causa a Comodoro Py para que investigue la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Las drogas habían sido encontradas en su departamento de Palermo. La causa cayó en el juzgado que subroga Daniel Rafecas. Al encontrarse de licencia, Julián Ercolini firmó el rechazo y la causa volvió a ser enviada al juzgado de Mirabelli en San Isidro. Una vez devuelta, el juez le dictó la prisión preventiva a Leal. Al mismo tiempo, se formuló un pedido del fiscal federal de San Isidro junto con el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, para que el juez dicte también la prisión preventiva por la causa que lo investiga por corrupción. Domínguez y Rodríguez insistieron en que existen elementos suficientes para avanzar con la convocatoria a declaración indagatoria de una decena de personas físicas y jurídicas, entre ellas exfuncionarios de Arsat, directivos de la firma Argentina Logistic Services SA (ALS) y la propia empresa. Estos son: Gerardo Boschin (expresidente de Trenes Argentinos y exgerente de compras de Arsat), Pablo Pagani (funcionario de Arsat), Juan Navarro (Arsat), Juan Antonio Álvarez (Arsat), Fernando Diego Paredes (ALS), Diego Maximiliano Padilla (ALS), Gastón Walter Padilla (ALS), Sofía Varela Vizgarra (ALS) y Santiago Pando, investigado por ser intermediario en el negocio que concretaron la empresa pública y el depósito. En paralelo, la Justicia Federal comenzó a avanzar sobre un esquema de presunta corrupción y enriquecimiento ilícito en el Orsna. La investigación, que se inició a partir de una presentación realizada el 3 de junio de 2026 por la diputada nacional Marcela Pagano, quedó en manos del fiscal federal Ramiro González, titular de la Fiscalía Federal N° 7, quien impulsó formalmente la acción penal. Según informaron fuentes judiciales, González también solicitó un conjunto de medidas de prueba orientadas a reconstruir el funcionamiento interno del organismo y determinar si existió un esquema de administración irregular de fondos públicos. Uno de los ejes centrales de la investigación apunta al patrimonio de los principales funcionarios involucrados. El fiscal González solicitó incorporar un informe de Nosis sobre la situación económica y financiera de Facundo Leal, de la actual presidenta del Orsna, Noelia Florencia Ruiz (cercana a Santiago Caputo), de la vicepresidenta Lucila Belén Pagani y de Facundo Gaitán, designado dentro del organismo con funciones de “controller”. El objetivo es contrastar la evolución patrimonial de los funcionarios con las denuncias que aluden a elevados ingresos y posibles manejos irregulares de recursos estatales. En paralelo, la fiscalía requirió al Orsna la remisión de los legajos personales de los cuatro funcionarios. La medida busca establecer las condiciones de sus designaciones, los antecedentes profesionales y las escalas salariales percibidas. La denuncia sostiene que durante la actual gestión se habrían producido modificaciones en la estructura administrativa que derivaron en mejoras salariales y en la concentración de funciones estratégicas. Otro de los puntos bajo análisis es el manejo de las obras financiadas mediante el Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (Ffsna), uno de los principales instrumentos económicos del sector. La presentación judicial describe un esquema de concentración de adjudicaciones en un grupo reducido de empresas constructoras y menciona específicamente a Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones. Para reconstruir el circuito de contratación, el fiscal González solicitó al Orsna que informe la totalidad de las obras adjudicadas a esas firmas desde el 1° de enero de 2025. Además, requirió conocer si los procesos licitatorios, las certificaciones de avance y los pagos efectuados fueron objeto de observaciones, impugnaciones o denuncias administrativas. La investigación también involucra a los organismos de control. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) fueron requeridas para informar si existen auditorías en curso o antecedentes de irregularidades vinculados con las contrataciones bajo análisis. La intención es determinar si hubo advertencias sobre el sistema de adjudicaciones y si las mismas derivaron en actuaciones administrativas. Menciones: cpol1
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