07/06/2026 La Nación - Nota - Justicia - Pag. 15
La refundación libertaria de la Justicia. Endogamia y candidatos negociados con gobernadores Hernán Capplello En los pliegos de jueces y fiscales aprobados el jueves pasado por el Senado hay parientes de magistrados, secretarios y otros impulsados desde las provincias; ahora esperan la firma del presidente Milei. La refundación del Poder Judicial que anunció el presidente Javier Milei luego de que el Senado aprobó los pliegos de 74 nuevos jueces y fiscales está caracterizada, en esta primera etapa, por un dominio endogámico de integrantes de la propia familia judicial. Un análisis de la lista de nombramientos muestra lazos de parentesco o relaciones laborales dentro del propio Poder Judicial. También exhibe magistrados impulsados por gobernadores aliados de la Casa Rosada, que mantiene la renovación dentro del mismo poder político. Los nombres representan una primera tanda para cubrir las vacantes, pero no ocuparán los cargos más sensibles de la Justicia Nacional y Federal. Los lugares más delicados aparecen en los tribunales de Comodoro Py 2002, que se analizarán en el Senado más adelante. De una primera lectura de los nombres de los 74 candidatos a los que el Senado les dio ahora luz verde, se destaca primero el revuelo político que generó la aprobación del pliego de María Verónica Michelli, la candidata cuyo nombramiento el propio Gobierno había intentado bloquear por ser cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon. Ahora, el presidente Milei se resiste a firmar el decreto de su designación. A pesar de que el Senado le dobló el brazo a Milei al aprobar el dictamen de Michelli, el Gobierno puede festejar que esta tanda representa los primeros nombramientos judiciales de la actual gestión después de dos años y medio. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había llegado al cargo con más de 360 vacantes en el Poder Judicial federal. No se designaban jueces en esta cantidad desde hacía diez años. Todos los futuros magistrados que llegaron hasta aquí en la etapa de selección lo hicieron porque aprobaron con suficiencia un examen técnico en el Consejo de la Magistratura, pasaron entrevistas personales, fueron votados en ese organismo por sus pares, por abogados, por diputados, por senadores y por académicos, y luego el Poder Ejecutivo los eligió de una terna. Algunos concursaban desde hacía más de diez años. En la lista -más allá de Michelli- sobresalen otros nombres que reafirman la idea de que los candidatos, ahora a tiro de decreto para ser jueces o fiscales, son del riñón del Poder Judicial, ya sea por ser hijos o esposas de magistrados o por haber tenido como jefes a algunos influyentes jueces. El sociólogo Juan José Nardoni expone en su etnografía La familia judicial que, más allá de que el Consejo de la Magistratura pretende nombrar jueces según sus méritos, el modelo se perpetúa porque los candidatos necesitan de padrinos, madrinas y lobistas de la propia Justicia o el Gobierno para llegar al cargo. Y esas lealtades perduran y explican las relaciones en el tiempo. En la lista que aprobó el Senado está Emilio Rosatti, que se convertirá en juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe y es hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Su pliego fue enviado por el Ejecutivo y generó debate. Dos votos del kirchnerismo fueron en contra. Otro ejemplo es el de Juan Andrés Moldes, cuyo pliego fue aprobado para ser fiscal de primera instancia en el fuero penal económico. Es hijo del fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, de ascendencia en la Justicia Federal y fallecido en 2024. Juan Andrés Moldes, hijo, concursó con éxito y está a un paso de convertirse en fiscal. Su padre se jactaba de no haber llegado a su cargo por esa vía. "Quédese tranquilo. Yo no llegué por concurso", decía un cartel colocado en su escritorio. Laureano Durán es otro de los candidatos con el pliego aprobado para ser designado camarista en La Plata, en la Sala I. Es hijo del fallecido camarista federal Alberto Ramón Durán, fanático hincha de Gimnasia y Esgrima y de fluidos vínculos con el peronismo bonaerense de Julio Alak. También fue aprobado el pliego de Nicolás Pacilio para el Tribunal Oral Criminal N°1. Se trata de un joven secretario de la Cámara Federal que es hijo de Antonio Pacilio, excamarista federal de La Plata. Varios de los pliegos aprobados corresponden a cónyuges de magistrados que intervienen en causas de alto impacto político, como por ejemplo Ana María Cristina Juan, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga al presidente Javier Milei en la causa LIBRA. El pliego de Juan fue aprobado como jueza federal de primera instancia de Hurlingham. Ingresó a Comodoro Py hace tres décadas y es secretaria de la Sala I de la Cámara Federal desde 2018. Su designación fue de las más debatidas y aprobada por unanimidad. En este capítulo también destaca el pliego de Yamile Susana Bernan como camarista de la Cámara del Crimen. Es la esposa de Diego Guerendiain, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia cuando estaba al mando de Mariano Cúneo Libarona. Guerendiain fue desplazado por diferencias con Sebastián Amerio, el entonces viceministro. También fueron considerados para jueces y fiscales secretarios y excolaboradores directos de los jueces federales más importantes de Comodoro Py. Así, María Julia Sosa, designada como futura jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, si Milei firma su decreto, es secretaria de juzgado del juez Julián Ercolini de Comodoro Py 2002. El juez federal instruyó las causas de mayor perfil contra la expresidenta Cristina Kirchner: Vialidad, donde fue condenada, y Hotesur y Los Sauces. El kirchnerismo votó en contra de su designación. Fue aprobada con los votos del oficialismo y aliados. También fue aprobado el pliego de Javier Matías Arzubi Calvo, quien se desempeña como juez del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Fue secretario letrado de juzgado del juez federal Ariel Lijo. Milei intentó llevar a Lijo a la Corte y no logró los votos de los senadores. El juzgado de Lijo lleva hoy la causa por presuntas irregularidades en la Andis y la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Pablo Ezequiel Wilk tiene acuerdo del Senado para el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata y es secretario del juzgado federal de Luis Armella. En el caso de Jésica Yael Sircovich, fue aprobado su pliego como jueza del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y es secretaria de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Ivana Quinteros, histórica secretaria de la Cámara Federal porteña de Comodoro Py 2002, fue designada como jueza del Tribunal Oral Criminal 20. La tanda de nombres incluyó algunos magistrados con trayectorias políticas cercanas al macrismo, como Jorge Djivaris, ahora a punto de ser designado camarista en lo comercial en la Sala B, quien fue subsecretario de Justicia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Su postulación para la Sala B de la Cámara Comercial -que interviene en la causa vinculada a concurso preventivo y quiebra de Correo Argentino SA- generó una impugnación que lo acusaba falsamente de ser familiar del ministro Mahiques. El propio Djivaris desmintió el vínculo ante la Comisión de Acuerdos. Santiago Vismara, con acuerdo para ser fiscal general ante los tribunales en lo criminal y correccional, fue fiscal designado por la procuradora Alejandra Gils Carbó. También fue firmante de la solicitada de Justicia Legítima, la agrupación identificada con el kirchnerismo. Su inclusión en una tanda impulsada por La Libertad Avanza generó sorpresas y su pliego fue aprobado por unanimidad. En apenas tres meses, Mahiques envió más de 150 pliegos en distintas tandas. La Comisión de Acuerdos del Senado trabajó a ritmo acelerado para otorgarles dictamen. Avanzó con una lista de 50 jueces y fiscales y luego llegó a los 74 incluyendo a Michelli y la cobertura de vacantes en Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Bariloche y Formosa. Al menos seis de cada diez candidatos enviados por el Gobierno ya se desempeñaban dentro del Poder Judicial, en busca de ascensos o traslados a cargos de mayor jerarquía. Muy pocos casos provinieron de fuera del sistema, según calculó Chequeado. Entre los candidatos hay un 69% de la ciudad de Buenos Aires y un 31% de tribunales del interior del país. En el interior, la distribución es muy desigual: casi la mitad del cupo provincial se lo lleva la propia provincia de Buenos Aires y 10 pliegos son para el resto del país. Incluyen las provincias de Santa Fe, Mendoza, Formosa, Neuquén, Salta, Río Negro y Entre Ríos. Así, Mendoza obtuvo dos designaciones: un defensor público, que es Carlos Agustín Parma, y un vocal de la Cámara Federal de Apelaciones. Se trata de Sebastián Guillermo Soneira, exfuncionario de confianza del gobernador Alfredo Cornejo, aliado del gobierno nacional. Soneira fue director de Personas Jurídicas y Cornejo apoyó activamente su postulación. Fue designado originalmente por el gobernador Cornejo y permaneció en el cargo durante todo el mandato de Rodolfo Suárez. Al momento de su designación judicial, ejercía como fiscal adjunto civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal provincial, cargo que ocupaba desde finales de 2025. En Santa Fe fueron aprobados tres pliegos de jueces en los que el gobernador Maximiliano Pullaro pujó por sus designaciones, en el contexto de la crisis de seguridad por el narcotráfico. Pullaro se reunió con el ministro Mahiques para gestionar la cobertura de vacantes en la Justicia Federal de su provincia. Además, en esa lista están el ahora posible juez Emilio Rosatti, propuesto para un tribunal federal de juicio de Santa Fe, y Walter Alberto Rodríguez, con acuerdo para el Juzgado Federal de Garantías N°2 de Santa Fe. En Neuquén fue designado Pablo Antonio Matkovic como juez del Tribunal Federal de Juicio. El magistrado propuesto fue asesor de la ministra kirchnerista Nilda Garré y en 2017 presentó un habeas corpus contra Patricia Bullrich por el allanamiento a una comunidad mapuche. Su pliego fue incorporado por pedido del jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi. En Salta fue aprobado el pliego de Diego Anzorreguy para el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2. Es sobrino de Hugo Anzorreguy, jefe de los servicios de inteligencia durante el menemismo. En Formosa obtuvo el acuerdo el pliego de Gerardo Daniel Cacace como juez del Tribunal Federal de Juicio. Cacace fue víctima de abusos del poder policial en Formosa bajo la gestión de Gildo Insfrán. Menciones: cpol1
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