06/06/2026 Página 12 - Nota - Justicia - Pag. 14
Un fallo en favor de la verdad Luciana Bertoia La Cámara Federal porteña reconoció que existe un derecho de toda la sociedad a saber qué pasó con quienes fueron víctimas del accionar ilegal del Estado durante la última dictadura y en los años anteriores. De esta forma, el tribunal de apelaciones de Comodoro Py dio un nuevo impulso para que se avance con el hábeas corpus colectivo que presentaron familiares de personas desaparecidas y asesinadas. A 50 años del último golpe de Estado, son miles las familias que siguen reclamando saber qué pasó con sus seres queridos. A las 3.10 de la madrugada del 24 de marzo, un grupo de hijos y familiares de desaparecidos y asesinados presentó un hábeas corpus colectivo para que sea el Estado, a través del Poder Judicial, el que brinde respuestas. El hábeas corpus quedó radicado en el juzgado federal de Sebastián Ramos con la intervención del fiscal Ramiro González. Si bien Ramos entendió que el mecanismo elegido no era el idóneo para la investigación, la Sala II de la Cámara Federal le ordenó que lo tramitara. Los problemas empezaron a la hora de cómo investigar un fenómeno masivo como el aniquilamiento —que incluyó desapariciones y asesinatos—. Ramos optó por llamar a declarar a los familiares uno por uno. Desde el colectivo #SonSinCuenta denunciaron que había una comprensión sesgada del objeto: no se trataba de indagar en el destino de un familiar sino de todas las personas que fueron víctimas del accionar ilegal del Estado y argumentaron que existe un derecho a saber más allá del vínculo sanguíneo. Después de una audiencia en la que se escuchó a quienes integran el colectivo, la Sala II falló en consonancia con el planteo y le ordenó a Ramos encauzar la búsqueda de manera de satisfacer el reclamo colectivo, sin que sean las familias las que una vez más tengan que proveer información o sus reconstrucciones personales, sino que sea el Estado el que diga qué logró saber del destino de las personas desaparecidas y asesinadas. “Resulta menester construir un acervo informativo que permita dilucidar hasta dónde se avanzó concretamente en el conocimiento de las circunstancias relacionadas con la desaparición forzada de personas, de todas y cada una de ellas, acaecidas en el espacio temporal que nos ocupa, y de ser el caso, avanzar hasta alcanzar un saber integral de su destino, con posible hallazgo del lugar donde yacen sus restos”, consignó el camarista Roberto Boico. En la misma línea, Martín Irurzun recordó el rol que ha tenido la Cámara Federal en la averiguación de la verdad en coordinación con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), incluso en los años en los que no se podía perseguir penalmente a los responsables porque se encontraban en vigencia las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Ese tribunal tiene dicho que “es obligación del Estado reconstruir el pasado a través de medios legales que permitan descubrir la realidad de lo sucedido y de esta manera dar una respuesta a los familiares y a la sociedad”. Tanto Boico como Irurzun le señalaron a Ramos que recabe la información sobre lo sucedido a través de distintas fuentes: las autoridades judiciales, el Ministerio Público Fiscal —a través de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante)— y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ése será el primer paso para trazar los cursos de acción, destacaron. El tercer integrante de la Sala II, Eduardo Farah, entiende que no está en duda el derecho a la verdad, pero que no debe tramitarse a través de un hábeas corpus colectivo. Desde el colectivo #SonSinCuenta celebraron el fallo. “Seguiremos impulsando esta acción hasta que el Estado informe qué sabe, qué hizo y qué se está haciendo para determinar el destino de todas las personas desaparecidas”, afirmaron. Epígrafe: La audiencia por el hábeas corpus en Comodoro Py. Foto: Jorge Larrosa. Menciones: cpol2
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