30/05/2026 Página 12 - Nota - Justicia - Pag. 8
Un aval judicial para la SIDE Luciana Bertoia El Gobierno consiguió un nuevo espaldarazo por parte del Poder Judicial. En este caso, en una materia sensible: el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Pese a la conmoción que se generó a principios de año, la jueza Rita Ailán rechazó conceder una medida cautelar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 que habilita a los espías a detener personas. El 31 de diciembre pasado, horas después de que terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso y cuando las preocupaciones estaban centradas en las celebraciones de fin de año, Javier Milei firmó el DNU 941, que amplió las facultades de la SIDE. Expertos y organismos de derechos humanos cuestionaron distintos aspectos del DNU. Entre otras cosas, señalaron que obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE; que todas las actividades tienen carácter de “encubierto”; que los agentes están facultados para hacer “aprehensiones”, que amplía la noción de contrainteligencia y que habilita a las Fuerzas Armadas a hacer tareas de inteligencia contra “organizaciones no estatales”. Distintos actores —con diferentes trayectorias e ideas políticas— acudieron a los tribunales para impugnar el DNU. Por ahora, ningún juez se hizo eco. En las últimas horas, la jueza Ailán rechazó una medida cautelar que había pedido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el DNU 941. El organismo de derechos humanos pedía, básicamente, que se impidiera que la SIDE hiciera detenciones y compartiera información hasta tanto se discutiera la constitucionalidad de la norma. Los abogados de la SIDE pidieron que se rechazara la cautelar, a lo que accedió Ailán. El argumento que dieron es que no están incorporando potestades represivas sino que el decreto “se limita a regular la actuación de los agentes de inteligencia en situaciones que pueden presentarse durante el desarrollo de actividades de inteligencia”, que pueden estar vinculadas con proveer su propia seguridad o repeler agresiones. Afirmaron que la aplicación del DNU no había generado daños ni existían personas afectadas de manera concreta. Ailán ni siquiera se adentró en esa discusión. Sostuvo que analizar esas cuestiones sería adelantarse a lo que debe ser abordado en la sentencia definitiva sobre el amparo que presentó el CELS. “No se verifica, prima facie, una ilegitimidad manifiesta”, afirmó la jueza, y recordó que los “actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria”. Ailán, próxima a alcanzar la edad que establece la Constitución para la jubilación de los jueces —salvo que el Poder Ejecutivo impulse su permanencia—, hizo una larga perorata contra la judicialización de la política. “Cuando acciones de estas características y gravitación son intentadas con respecto a acciones de gobierno o en materia de políticas públicas, cabe recordar que la misión más delicada de la Justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes”, señaló. “La judicialización amplia de las decisiones de otros poderes pondría en serio riesgo tanto el ejercicio de las funciones que la Constitución asigna a cada uno de ellos como la autoridad de la propia Corte Suprema”, continuó. Y concluyó: “Por todo ello, debe el Poder Judicial extremar los recaudos a fin de no deformar sus atribuciones en las relaciones con otros poderes, quedando expuesto a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares”. La prédica de Ailán contra la judicialización de la política parece hacerse eco del discurso que pronunció Horacio Rosatti en la ExpoEFI el mes pasado. En ese momento, el mensaje del presidente de la Corte resonó porque el Gobierno pulseaba con la Confederación General del Trabajo (CGT) por la reforma laboral. El CELS apelará la resolución de Ailán. “A casi seis meses de la entrada en vigencia del DNU 941, la SIDE mantiene facultades de detención. Nos preocupa que ningún magistrado se pronuncie sobre la validez de esta potestad o sobre la reunión e intercambio de información”, sostiene Diego Morales, director de Litigio del CELS, en diálogo con Página/12. La SIDE no está exenta de las disputas que se dirimen dentro del Gobierno. El organismo está a cargo del contador Cristian Auguadra, hombre de Santiago Caputo. La bicameral que debe controlarla —y que, por el momento, no registra actividad— es presidida por Sebastián Pareja, aliado de Karina Milei. Recuadro: “A casi seis meses de la entrada en vigencia del DNU 941, la SIDE mantiene facultades de detención.” - Diego Morales. Menciones: cpol2
 |
||
   |
