30/05/2026 Perfil - Nota - Justicia - Pag. 18
La Corte Suprema demora y el Gobierno ya acumula 816 millones de dólares en ahorro Carlos Burgueño El máximo tribunal no definió en mayo si el Ejecutivo debe aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, y cada mes de demora le significa al Tesoro unos 117 millones de dólares menos de gasto. Desde enero, el ahorro acumulado ronda los 816 millones. Si el fallo llega en junio y la reglamentación insume 30 días, los pagos comenzarían en agosto, reduciendo el costo anual del 0,2% al 0,08% del PBI. El tribunal deberá además sentar jurisprudencia sobre si un Ejecutivo puede desconocer una ley del Congreso invocando metas fiscales. Lo que resuelva excede al presidente Milei. Pasó mayo, y la estrategia del Ejecutivo se consolida. Y hasta parece ser exitosa. De no mediar contratiempos, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en caso de que la justicia lo ordene, demorará hasta agosto. Y, quizá, más allá también. La implementación de esa ley sancionada con respetables mayorías en el Congreso Nacional está hoy en manos del trío mandatario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que no definió la cuestión el mes que está terminando. Y que, de tomar una decisión en junio, le dará al ministerio de Economía un plazo de 30 días para reglamentar la aplicación; con lo cual el Quinto Piso del Palacio de Hacienda reglamentaría la ejecución del incremento en los pagos universitarios desde julio, contabilizándose fiscalmente los pagos desde agosto. Dicho de manera menos técnica, el dinero recién habría que ponerlo sobre la mesa ese mes; con lo que en el peor de los casos (siempre para el gobierno), el costo de aplicar esta ley se resumiría a cinco meses del calendario fiscal. En términos de gasto público (aunque la educación no caiga en esa calificación), la erogación final para el ejercicio 2026 sería de entre 467 a 580 millones de dólares; y no de 1.400 millones. Sería un 0,08% del PBI, teniendo en cuenta que el costo global de aplicar el incremento en el presupuesto universitario llegaría al 0,2%. Obviamente el esquema fiscal mejoraría (para el Gobierno) si la CSJ sigue demorando el fallo. Cada mes que corra sin definición cortesana son unos US$ 117 millones menos para descontar del presupuesto fiscal 2026. Y haciendo la cuenta al revés, contabilizando desde enero a julio el dinero ahorrado, el Ejecutivo ya acumuló unos 816 millones de dólares en el período en que no ejecutó la ley que ordenó el Congreso Nacional. Será cuando se conozca la resolución de la Corte si se obliga al Ejecutivo a liquidar hacia atrás lo no pagado, pero aún así las cuentas públicas se verían beneficiadas. Este tipo de cuestiones de deudas fiscales impagas puede cubrirse hacia delante con pagos mensuales de liquidación del pasivo, sin recurrir a la ejecución del rojo de una sola vez. Incluso, la propia Corte en fallos anteriores le permite al Ejecutivo pagar este tipo de deudas con bonos; con lo que las universidades públicas deberían estar agradecidas si el gobierno liquidara la eventual deuda con pagos mensuales correlativos desde el mes posterior vencido luego de un fallo de la CSJ. Obviamente todo esto si el tridente cortesano le da la razón a los fallos de primera y segunda instancia, que obligan al gobierno a cumplir con la ley. Sería notable —y quizá no sorprendente— que la Corte vaya en contra de las decisiones de los jueces anteriores. Pero no sería la primera vez que algo así ocurriera. Más si se tiene en cuenta que los tres hombres fuertes del sistema judicial argentino tienen mucho que negociar con el poder político. Igualmente, lo que se espera es que prime la lógica, y que en algún momento haya una definición de la CSJ avalando lo resuelto en las instancias anteriores. De esta manera, la esperanza oficial es aferrarse al tiempo y extender en los meses lo máximo posible la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, ahorrando dinero con esa situación. Y demostrando además que políticamente hay espaldas en la Casa Rosada y voluntad de “bancar los trapos” aún ante las marchas que copan la Plaza de Mayo y los irredentos adolescentes que toman colegios públicos y desfilan por los canales de cable. Algunos, incluso, sorprendiendo con su capacidad de análisis. Por ahora, los 816 millones de dólares que no se ejecutaron son más seductores que las potenciales pérdidas políticas que la decisión implique. La causa por la Ley de Financiamiento Universitario está en condiciones de resolverse en la Corte Suprema, pero sin fecha definida. El conflicto judicial se originó porque el gobierno de Javier Milei suspendió por decreto la aplicación de la ley aprobada por el Congreso, argumentando que no tenía financiamiento y que afectaba el equilibrio fiscal. Las universidades nacionales, nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional, fueron a la Justicia para exigir su cumplimiento. Hasta ahora, las universidades obtuvieron fallos favorables en instancias inferiores: La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó una cautelar que ordena aplicar artículos clave de la ley, especialmente los vinculados con actualización presupuestaria, salarios docentes y no docentes, y becas estudiantiles. Esa Cámara habilitó el recurso extraordinario presentado por el Estado, lo que abrió formalmente la intervención de la CSJ, suspendiendo la ejecución fiscal del fallo hasta que el máximo tribunal defina la cuestión de fondo. La Cámara dejó firme, sin cambios ni matices, el fallo de primera instancia obligando al Ejecutivo a aplicar la ley, dictado por el juez federal en lo Contencioso Administrativo Enrique Cormick, a instancias del CIN y varias universidades nacionales. La CSJ definirá con su fallo mucho más que la aplicación de esta Ley de Financiamiento Universitario. El tribunal que integran Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberá definir además si un Poder Ejecutivo puede no ejecutar un gasto fiscal mientras define la constitucionalidad de una ley que implique erogaciones que incrementen un presupuesto aprobado. Y si esta situación amerita que el gasto comience a contabilizarse desde el momento en que la CSJ falla a favor de incrementarlo o si debe ser retroactivo. También debe resolver si tiene validez jurídica el reclamo del gobierno nacional sobre que el hecho de obligar a incrementar una pérdida fiscal debe tener como contrapartida la necesidad de explicar de qué manera se obtienen los recursos para cumplir con ese gasto. O dicho a la inversa, si un Ejecutivo puede negarse a obedecer al Congreso Nacional en la aplicación de nuevas partidas presupuestarias bajo el argumento de que no cuenta con los fondos suficientes. Pero aún hay más por definir desde la CSJ. Uno de los argumentos de defensa de la posición oficial es que se debe respetar la meta de un superávit fiscal primario de 1,4%, con lo que todo el gasto público debe encuadrarse en ese inconmovible faro. El que, por otro lado, también está consagrado por ley a través del Presupuesto Nacional. La CSJ tendrá que decidir si la “Ley de Leyes” tiene mayor importancia y poder real que otra legislación que implique no cumplir con el Presupuesto. En definitiva, la Corte Suprema tiene en sus manos una definición que creará una jurisprudencia que excede a Javier Milei y su troupe. Lo que decida la CSJ va más allá del Financiamiento Universitario. Quizá por eso demora tanto el triunvirato. Mientras tanto, el gobierno festeja fiscalmente este tiempo de meditación judicial. La estrategia oficial se basa en este escenario fiscal: Aplicar la ley tal cual fue aprobada por el Congreso Nacional tendría un costo fiscal aproximado de 0,2% del PBI; con lo que medido sobre el producto nacional versión 2025 implicaría un costo anualizado de U$S 1.350 millones. Como ya estamos en junio, y de aceptarse su ejecución comenzaría en junio o julio, el nivel de erogación comenzaría en los últimos cinco meses. La meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para todo el año de un superávit primario de 1,4%, cruzado con la proyección acumulada a abril de un resultado positivo final de 1,5% (según las primeras estimaciones), el costo fiscal de aplicar la ley en lo que queda del 2026 sería neutro. El gobierno mira el problema desde el punto de vista fiscal con el FMI como pared, y a partir de haber comprometido para este ejercicio un superávit fiscal primario de 1,4% del PBI. Esto es, simplemente, el resultado entre recaudación y gastos. En total, serían unos 6.200 millones de dólares de ahorro primario durante todo el ejercicio, cuando, según informó el Ministerio de Economía, durante los primeros cuatro meses del año se acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PBI y un superávit financiero de aproximadamente 0,2%. Para sostener estos números, la fórmula libertaria es siempre la misma: Motosierra y Licuadora. En el caso universitario, aplica la segunda. Menciones: Corte Suprema de Justicia, Javier Milei, Ley de Financiamiento Universitario, Congreso Nacional, FMI, Ministerio de Economía, Consejo Interuniversitario Nacional, Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Enrique Cormick, Casa Rosada, Plaza de Mayo
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