23/05/2026 Página 12 - Nota - Política - Pag. 12
Ofensiva contra la salud y los consumidores El gobierno nacional busca avanzar con la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal sancionada en 2021 y reemplazar el actual sistema de octógonos negros por un nuevo esquema de advertencias nutricionales alineado con los estándares del Mercosur. La iniciativa ya comenzó a tomar forma en el Congreso con un proyecto presentado por diputados del PRO y La Libertad Avanza, en medio de una nueva ofensiva oficial contra regulaciones vinculadas a la salud pública y la defensa del consumidor. El gobierno de Milei quiere derogar la Ley de Etiquetado Frontal. El proyecto fue presentado en el Congreso por el PRO y La Libertad Avanza. Especialistas advierten que implicaría un retroceso a formatos menos visibles para el público. La normativa vigente obliga a que los alimentos y bebidas incluyan sellos negros en sus envases cuando presentan excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías. El objetivo de la ley fue brindar información clara y rápida para que los consumidores pudieran identificar productos ultraprocesados y reducir su consumo, especialmente entre niños y adolescentes. El nuevo esquema buscaría reemplazar los octógonos por un sistema de declaración basado en cantidades absolutas por cada 100 gramos de producto, similar al utilizado en otros países del Mercosur. En la práctica, especialistas en defensa del consumidor advierten que esto implicaría volver a formatos más complejos y menos visibles para el público general. Pedro Bussetti, referente de Defensa de Usuarios y Consumidores, cuestionó duramente el proyecto y defendió la ley vigente. “Los octógonos negros demostraron ser la herramienta más efectiva para que el consumidor detecte excesos”, sostuvo. Según Bussetti, “una flexibilización o un regreso a tablas nutricionales complejas, en letra chica al dorso, representa un retroceso en el derecho a la salud y a la información transparente”. El dirigente también rechazó el argumento oficial vinculado a los costos empresarios. “El planteo de que el rediseño constante de envases y las trabas comerciales impactan en los precios que paga el consumidor es por demás insolvente”, afirmó. La reforma impulsada por el oficialismo no sólo apunta a modificar el sistema de etiquetado. También busca flexibilizar otros aspectos centrales de la ley aprobada en 2021. Entre ellos aparece el levantamiento de las restricciones para utilizar personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, influencers o deportistas en productos con sellos de advertencia. Además, el proyecto propone revisar las limitaciones para comercializar y publicitar estos productos dentro de establecimientos educativos. Para organizaciones de consumidores y especialistas en nutrición, se trata de uno de los puntos más sensibles de la discusión. Desde el campo de la salud pública sostienen que el problema de la denominada “saturación de sello” no debe resolverse eliminando advertencias, sino profundizando políticas que permitan modificar hábitos de consumo. “Frente a las corporaciones alimenticias que concentran gran parte de su cartera con 3 o 4 octógonos negros, la solución no debería ser eliminar la herramienta, sino aplicar regulaciones económicas y comerciales que desincentiven la producción de estos alimentos y obliguen a cambiar recetas”, remarcan especialistas. En ese marco, cuestionan que la iniciativa avance en sentido contrario y responda principalmente a los intereses de las grandes compañías del sector alimenticio. “Una vez más se demuestra la filosofía del Gobierno: favorecer las condiciones libres del mercado en desmedro de los intereses y, en este caso, de la salud de los consumidores”, señaló Bussetti. Fernanda Lacey, abogada de la Unión de Usuarios y Consumidores, advirtió que uno de los puntos centrales de la Ley de Etiquetado Frontal fue limitar las estrategias de marketing dirigidas a niños y adolescentes. “Impide que productos con octógonos utilizaran personajes infantiles, héroes, futbolistas o deportistas para atraer a los chicos. Si eso se elimina, se desvirtúa uno de los principales objetivos de la norma”, remarcó. “Quieren privilegiar empresarios en desmedro de la población”, advierte Bussetti. La discusión promete abrir un nuevo frente de conflicto entre el oficialismo y organizaciones de salud pública, en un contexto donde distintas áreas del Gobierno avanzan sobre regulaciones aprobadas en los últimos años. Menciones: Ceco1 cfinanE
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