23/05/2026 Perfil - Nota - Internacionales - Pag. 4
EE.UU. aumenta la presión contra China en la licitación de la Hidrovía Cecilia Degl'Innocenti La disputa por la Vía Navegable Troncal llegó al momento de definiciones. A pesar de un dictamen demoledor de la fiscalía anticorrupción, el Gobierno avanzó con la licitación y se aceleró la pulseada sobre el control del río Paraná. Las quejas en Washington contra Jan De Nul y una reunión con el embajador norteamericano Peter Lamelas. Al cierre de esta edición el gobierno chino hizo su descargo desde su embajada en Buenos Aires. Lobby y negocios. El 22 de mayo, Argentina abrió el tercer y último sobre de la licitación más importante del gobierno de Javier Milei: la concesión por 25 años del dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, con cerca de diez mil millones de dólares en inversiones en juego y dos oferentes en carrera. El proceso licitatorio terminó transformándose en un tablero geopolítico donde converge algo más amplio: el peso del factor China en una disputa que mezcla intereses corporativos y lobby en Washington para influir en la decisión del gobierno argentino sobre quién operará y controlará la principal arteria logística del Cono Sur durante los próximos veinticinco años. En los días previos a la apertura, una secuencia de cartas, reuniones diplomáticas y movimientos empresariales dejó al descubierto la presión de sectores estadounidenses con llegada a la Casa Blanca que involucró a los dos consorcios internacionales que llegaron a la recta final de la licitación, en un clima atravesado por acusaciones cruzadas y el argumento de la llamada “influencia maligna” del gigante asiático. La cronología. El 23 de abril, el congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y leal aliado de Donald Trump, firmó una carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio para alertar sobre “un preocupante suceso relacionado con la influencia maligna de China en América Latina”, según el texto revelado por Reuters el 21 de mayo, un día antes de la apertura del sobre final de la licitación. Mast sostenía que Jan De Nul, la empresa belga que opera la Hidrovía desde 1995 y que compite en esta licitación junto a la argentina ServiMagnus, mantenía “vínculos profundos y permanentes” con entidades estatales de China a través de su socia local. Cuestionaba además el diseño del pliego del gobierno de Javier Milei, al que calificaba de “innecesariamente restrictivo” en sus requisitos técnicos, con un piso tarifario que limitaría la competencia. “Otorgar el contrato a un consorcio respaldado por China sería inaceptable y dañino para la seguridad nacional de la Argentina, de Estados Unidos y para la relación bilateral”, concluye la carta, donde Mast sostiene que las pruebas de esos supuestos vínculos habían sido presentadas a la sede diplomática en Buenos Aires. Un llamado a la Casa Blanca. Como telón de fondo figuraba el consorcio DEME, el competidor directo de Jan De Nul, que días atrás había enviado su propia carta al Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de Trump. El destinatario de la misiva era Michael Jensen, asesor especial y director para Asuntos del Hemisferio Occidental, un área clave de monitoreo de la Doctrina Monroe en América Latina. El consorcio que busca ganarle a la firma que opera la Hidrovía hace 25 años mostraba así su músculo político en Washington, en conjunto con otras importantes empresas: KKR & Co., uno de los fondos de inversión más influyentes de Wall Street, Great Lakes Dredge & Dock Corporation, la mayor empresa de dragado de Estados Unidos, y Clear Street Group. La carta denunciaba “condiciones desiguales” y un “claro sesgo contra la inversión respaldada por EEUU”, y pedía que Washington interviniera “antes de que la licitación avance hacia un resultado final”. Ese día, el asesor presidencial Santiago Caputo estaba reunido en Washington con el propio Jensen. La reunión con Lamelas. En medio de la presión de Washington, que ocurría mientras Trump festejaba su bilateral con Xi Jinping, el 21 de mayo directivos de Jan De Nul se reunieron con el embajador estadounidense Peter Lamelas en Buenos Aires para negar las acusaciones sobre la presencia de componentes o empresas chinas en su proyecto, en un encuentro discreto donde no hubo fotos ni detalles dejados al azar. Según supo PERFIL de fuentes cercanas a la empresa, la conversación giró sobre el proyecto de Jan de Nul en caso de ganar la licitación. Además, se aclararon asuntos relativos a “preocupaciones sobre proveedores chinos” en el proceso, a diferencia de su competidor. “Se expresó la posibilidad de sumar más tecnología e insumos estadounidenses a los procesos, lo que ya está contemplado en el pliego presentado”, indicaron. Parte del pliego incluye áreas sensibles que forman parte de la línea roja de Washington en América Latina, y exponen no solo las acusaciones cruzadas entre los dos consorcios, sino la dimensión geopolítica del asunto: las cámaras de seguridad y biovigilancia para la vía navegable. Según documentación técnica presentada en la oferta de DEME para la licitación de la Vía Navegable Troncal, a la que accedió PERFIL, la compañía propuso la implementación de 104 cámaras multiespectrales Raythink PM7S4 para el monitoreo y videovigilancia de la Hidrovía. Raythink Tech tiene sede en Shandong, China. En contraste, Jan De Nul sostuvo en su presentación técnica que continuará desarrollando el actual sistema de monitoreo SIMON utilizando proveedores nacionales y tecnología estadounidense. PERFIL consultó a la embajada de Estados Unidos en Argentina que prefirió no hacer comentarios. La respuesta de China. Ante las versiones y presiones cruzadas alrededor de la licitación, la embajada de China en Argentina expresó a PERFIL su “profundo rechazo a cualquier tipo de práctica discriminatoria contra las empresas chinas” y cuestionó las “especulaciones infundadas” sobre la participación de compañías vinculadas a Beijing en la Hidrovía. En paralelo, la presión de Estados Unidos en la Hidrovía parece dividida en dos posiciones. Por un lado, sectores del Congreso y del establishment de seguridad nacional leen el proceso como una disputa de contención de China y advierten sobre cualquier posible vínculo con Beijing, en un marco en el que DEME y Jan De Nul incluso se cruzan acusaciones mutuas. Por el otro, el capital financiero ligado a KKR y Great Lakes cuestiona el diseño de la licitación y busca apoyo de Trump, a través del Departamento de Comercio y el Consejo de Seguridad Nacional. En ambos casos, el argumento anti-China, inicialmente alineado con la exclusión de empresas estatales extranjeras por parte del gobierno argentino, termina siendo apropiado por distintos actores en disputa. Argentina en el medio. El 19 de mayo, el Gobierno emitió un comunicado que respondía, implícitamente, a todas las presiones simultáneas a medida que el proceso de licitación (y las presiones externas) avanzaba. El texto recordaba que “ni Jan De Nul ni DEME presentaron impugnaciones en las dos instancias anteriores, ni cuestionaron los requerimientos del pliego”, y enumeraba el amplio respaldo al proceso, desde la ONU a la mayoría de las agrupaciones empresariales locales. “Es un proceso que ha sido validado por todo el sector privado y productivo del país”, concluía el texto. En paralelo, la dimensión geopolítica de la Hidrovía, principal vía navegable de exportación de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, trascendió lo comercial e ingresó en la renovada doctrina de seguridad hemisférica de Estados Unidos en el marco de su competencia con China, en un contexto en el que el alineamiento de Javier Milei abrió la puerta a una mayor presencia de capitales estadounidenses, pero también a una zona de tensión donde convergen intereses económicos, diplomáticos y de seguridad. Menciones: cpol1 cnot
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