10/05/2026 Perfil - Nota - Internacionales - Pag. 17
Burford lleva el caso YPF al Ciadi tras el revés en EE.UU. y reabre el frente judicial contra la Argentina CARLOS BURGUEÑO Burford Capital confirmó que trasladará su reclamo por la reestatización de YPF al Ciadi, luego del revés sufrido en la Justicia de Estados Unidos. Con aval de la jueza Loretta Preska para utilizar pruebas del proceso en Nueva York, el fondo iniciará una instancia de negociación previa antes de formalizar la demanda. El caso reabre la discusión sobre los acuerdos bilaterales firmados en los años 90 y el cumplimiento de la OPA (Oferta Pública de Adquisición) tras la expropiación de 2012. En un tribunal donde Argentina acumula mayoría de fallos adversos, el litigio suma incertidumbre fiscal y extiende la disputa por años. Es un hecho. Burford Capital llevará el juicio por la manera en que se reestatizó YPF al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, un ámbito en el que Argentina está invicta: todas las demandas que en las que se demandó al país en ese tribunal, terminaron mal. Especialmente las derivadas de las reestatizaciones de los años menemistas. Esta semana el fondo Burford blanqueó de manera explícita, que quiere recurrirá esa alternativa en el corto plazo, para vengarse del fallo negativo que obtuvo en segunda instancia de la justicia de los Estados Unidos. Y para esto, cuenta con un aval no menor. La jueza Loretta Preska, mandamás de la primera instancia del Segundo Distrito Sur de Manhattan, donde comenzó toda la aventura de Burford de demandar al país. Preska habilitó a que el fondo demandante, pueda acceder y utilizar todos los datos, información y aportes, para una eventual presentación ante el Ciadi, incluyendo los archivos del posible incumplimiento de contratos y la violación de los derechos adquiridos por empresas privadas dentro de los marcos de acuerdos bilaterales en los países de respeto y protección de las inversiones. Según la demanda que prepara Burford, la reestatización realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof de ministro de Economía, no habría tomado en cuenta los acuerdos firmados durante la década del 90, en la gestión Carlos Menem, al no respetar el pago a los accionistas minoritarios; luego de la liquidación a Repsol por el 51% de las acciones. Y, con esto, habría violentado los tratados de amparo y protección a las inversiones, firmados con Estados Unidos y España. El primero, es el “Tratado entre la República Argentina y los Estados Unidos de América sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, firmado el 14 de noviembre de 1991, en Washington DC, aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 24.124, sancionada el 26 de agosto de 1992 y que entró en vigor el 20 de octubre de 1994; que, teóricamente, estaba en vigencia en el 2012, año de la renacionalización de YPF. El segundo documento sería el “Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y el Reino de España”, firmado el 3 de octubre de 1991, en Buenos Aires, aprobado por el Congreso Nacional en 1992, mediante la ley 24.118, y que entró en vigencia el 28 de septiembre de 1992. En concreto, la decisión de Preska de la semana, sobre la base de seguir defendiendo su posición y fallo a favor de Burford en primera instancia (ya sin importancia judicial es que el demandante vencido de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, pueda usar la información producida en su juzgado en la etapa de discovery (ejecución de la condena ya sin efecto) para presentar como pruebas en el Ciadi. Antes de la decisión, eran datos sobre Argentina que únicamente podrían aplicarse en la justicia de los Estados Unidos. No fuera de ella. Ahora, luego de la liberación de Preska y ante la aclaración por parte de Burford a la jueza que la historia seguiría en el Ciadi. Antes, y por cuestiones diplomáticas y administrativas inevitable para la demanda, Burford se ofrecerá a la Argentina una etapa de “negociación amistosa”, advirtiendo que, de no mediar un acuerdo, se llegará al Ciadi. Se espera por parte de Burford algún tipo de oferta que reduzca sustancialmente el pago de los U$S 16.000 millones originales que había habilitado Preska en su fallo de primera instancia; como prenda de “honor”. Obviamente el ofrecimiento será rechazado de plano, y todo irá a parar al Ciadi. Donde se utilizarán los datos que habilitó Preska. Cuando se llegue al Ciadi, la primera etapa será nombrar los árbitros del tribunal de las Naciones Unidas que analizarán y resolverán el caso (uno por Argentina, otro por Burford y un tercero independiente) para encontrar excepciones previas. Allí será un momento complicado para Burford. Deberá demostrar porqué ahora elige al Ciadi, si antes había recurrido a la justicia Una de las Cuestiones que deberá resolver el Ciadi es si el caso prescribió de los Estados Unidos. El motivo real de esta decisión original de Burford era claro: con Preska podía conseguir más dinero, el inevitable mandato original para todo un fondo buitre. Que las cosas le hayan salido mal en la segunda instancia de la justicia de Nueva York fue, para Burford, un cisne negro. Pero la vida sigue, y ahora el fondo va al Ciadi y allí deberá convencer al tribunal que siempre quiso estar demandando ahí y no en Estados Unidos. Luego tendrá que mostrar argumentaciones sobre cuestionamientos más serios. Como, por ejemplo, si a Burford le corresponde el status de inversor protegido y violentado por la acción de un gobierno (en este caso, el de Cristina Fernández de Kirchner en el 2012) o si a ser una persona jurídica que llega a esta historia de la re- nacionalización de YPF por licitar un concurso judicial en tribunales de Madrid. Otra cuestión que deberá resolver el Ciadi antes de abrir la eventual causa, es si el caso no prescribió por el paso del tiempo. En otras palabras, si cabe hacerle un juicio a la Argentina por un hecho que en junio cumplirá 14 años. El argumento de Burford para reclamar ante el tri- bunal del Banco Mundial, sería la violación del con- trato luego de la renaciona- lización de YPF, alterando la letra firmada en por el país durante el gobierno de Carlos Menem, en tratados bilaterales de respeto de las inversiones entre Argentina y España y Argentina y los Estados Unidos. Sabiendo que esto era una posibili- dad, los abogados argenti- nos avanzaron en los pri- meros lineamientos de la defensa del país. La argu- mentación fundamental, es que Burford ya eligió litigar en otro ámbito, al llevar la causa a los tribunales de los Estados Unidos; con lo que la alternativa de un segundo ámbito jurídico debería que- dar descartada. La segun- da argumentación es que la nacionalización sobre capi- Menciones: Burford Capital, YPF, Ciadi, Justicia de Estados Unidos, Loretta Preska, Nueva York, OPA, Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Carlos Menem, Repsol, Naciones Unidas, Banco Mundial, España, Estados Unidos, Ley 24.124, Ley 24.118, Abertis, Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste, Alberto Fernández, NYSE, Eton Park Capital, Petersen Energía, Petersen Inversora
 
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