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02/05/2026 La Nación - Nota - Justicia - Pag. 18

El proyecto de autarquía judicial impulsado por la Corte podría naufragar
María José Lucesole

PROVINCIA. La iniciativa no tendría el aval del peronismo conducido por Axel Kicillof para avanzar en este período legislativo
LA PLATA.- La autarquía financiera y funcional del Poder Judicial impulsada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ante la Legislatura, a fin de cortar la dependencia económica del Ejecutivo, enfrentará dilaciones por falta de consenso político.
“No veo que salga”, dijo a LA NACION uno de los presidentes de los bloques peronistas. Sin el aval clave del oficialismo, el proyecto redactado por el máximo tribunal provincial de Justicia está destinado al archivo.
La iniciativa sí podría tener simpatía de otros bloques opositores, como La Libertad Avanza y la UCR. El radicalismo, incluso, ya había presentado una iniciativa similar en la Cámara de Diputados. Lo hicieron en minoría y el tema nunca prosperó. Allí el peronismo admite que es un asunto pendiente, pero afirman que será “complejo” abordarlo este año. Kicillof reconoce que es legítimo. Pero dada la austeridad de los recursos financieros, solo podría ser aprobado en caso de que no requiera más dinero”, sostuvo un diputado peronista que habló del tema con el gobernador bonaerense.
El presupuesto aprobado para este año para el Poder Judicial es de 1.755.396.177.000 pesos. De ese monto, alrededor de 1.158.808.343.000 son destinados a la administración de justicia, que maneja la Suprema Corte. Otros 596.587.834.000 son asignados a la Procuración. El 92% se orienta a sueldos, afirmó Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte. Detalló que no queda resto para infraestructura, tecnología, modernización e innovación.
“Durante años se ha postergado la decisión de dotar de autonomía al Poder Judicial. La autarquía no debe ser una concesión política ni un privilegio corporativo. Es una manda constitucional”, reclamó Torres.
“La verdadera independencia judicial no es un concepto abstracto, sino un límite real al avance del Estado sobre el individuo. No podemos hablar de libertad si el árbitro encargado de proteger nuestros derechos frente a los abusos del poder político depende económicamente de quienes debe controlar”, puntualizó el diputado provincial de La Libertad Avanza, Pablo Morillo.
Entretanto, el diputado Valentín Miranda (UCR) es autor de un proyecto similar al presentado por la Suprema Corte que “busca saldar una deuda histórica con la división de poderes”. La iniciativa propone la autarquía financiera y la autonomía presupuestaria del Poder Judicial para garantizar que deje de depender de las partidas discrecionales del Ejecutivo para su funcionamiento diario.
En la Cámara baja, el peronismo es la primera minoría. Tiene capacidad para frenar el proyecto a menos que todos los demás se unan.
En el Senado, el poder del PJ es mucho mayor: cuenta ahora con 24 de los 46 senadores. Por lo tanto, tiene poder de veto. Esto implica que no avanzará solo con el aval opositor si el Poder Ejecutivo no habilita los recursos.
El proyecto instala un régimen de autonomía presupuestaria y autarquía económico financiera al Poder Judicial. La Suprema Corte estaría en ejercicio para elaborar su proyecto de presupuesto para todas las áreas de justicia, incluyendo al Ministerio Público. Y sería la encargada de remitirlo directamente a la Legislatura.
Supone que el 65 por ciento de los recursos se destinen a administración de justicia y el 35 por ciento, al Ministerio Público. Y la creación de una cuenta autárquica bajo administración de la Suprema Corte, en el Banco Provincia.
Además, propone la creación de un Fondo Fiduciario de Infraestructura e Innovación y de una comisión bicameral de seguimiento legislativo.


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