02/05/2026 Página 12 - Nota - Justicia - Pag. 4
Tribunal a medida de la Casa Rosada Luciana Bertoia El Gobierno de Javier Milei tiene en la mira un tribunal clave de Comodoro Py: la Cámara Federal porteña, por donde pasan las principales investigaciones en trámite —como la estafa $LIBRA, las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni-. Mientras nada indica que la Casa Rosada tenga intenciones de que Martín Irurzun permanezca después de los 75 años —que cumple en julio, el Consejo de la Magistratura avanzó con las ternas para cubrir los cargos que ocupan actualmente Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados al segundo piso de los tribunales de Retiro por decisión de Mauricio Macri. La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura dio un paso clave al analizar la situación del concurso 461, destinado a cubrir dos cargos en la Cámara Federal porteña. Si bien sectores ligados al Colegio de Abogados de la calle Montevideo, de fuerte tinte conservador y pro-establishment, llamaron a movilizarse en apoyo de Bruglia y Bertuzzi, la convocatoria fue llamativamente magra. Ambos fueron trasladados a la Cámara Federal porteña en 2018. En ese momento, integraban el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de la Ciudad de Buenos Aires. Bertuzzi, en realidad, es titular en el TOF 1 de La Plata, pero ya había conseguido la mudanza con anterioridad a la Ciudad de Buenos Aires. Después del fallo de la Corte, Bruglia y Bertuzzi presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que sostenían que tras la controversia estaba la intención de destituirlos. El caso no tuvo informe de admisibilidad en el organismo. Sin embargo, en abril de 2024, el Gobierno de Milei decidió impulsar un acuerdo de solución amistosa con los dos jueces. Quien estaba detrás de este tema era Alberto Baños, por entonces secretario de Derechos Humanos, luego degradado a subsecretario. Por las disputas internas, en octubre del año pasado, el Gobierno le informó a la CIDH que no seguiría con el acuerdo de solución amistosa con Bruglia y Bertuzzi. Al parecer, fue una decisión que tomaron Baños y su jefe político, el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. A las pocas semanas, Baños terminó eyectado de la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH). En rigor, Baños presentó la renuncia, pero lo hizo después de que frenaran un viaje que tenía previsto para reunirse con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corle-IDH). El Consejo de la Magistratura cerró las ternas para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi. No hay señales de continuidad para Irurzun. Por la Cámara circulan los principales expedientes judiciales que incomodan al oficialismo. Desde el sector de Santiago Caputo le achacaban no haber cumplido con determinadas disposiciones. Sebastián Amerio, que responde al asesor del Presidente, se preocupó por hacer saber que él elegiría al reemplazante de Baños. El elegido fue Joaquín Mogaburu, secretario del Tribunal Oral Federal (TOF) 7 de Comodoro Py y mano derecha de Germán Castelli, otro de los trasladados cuyo caso se había judicializado durante la gestión del Frente de Todos (FdT). Días antes de que asumiera Mogaburu, el Gobierno informó que reanudaba el proceso de solución amistosa con Bruglia y Bertuzzi. Mogaburu debió excusarse de intervenir por su vínculo con Castelli. El tema estuvo en estado de latencia durante varios meses. Recién en los últimos días se presentó a Leonardo Szuchet, según fuentes del Ministerio, como interlocutor para la CIDH. En Justicia recalcan que el acuerdo está caído, aunque no creen que vaya a firmarse. Irurzun cumple 75 años en julio y pidió quedarse. Sin embargo, todo indica que el Gobierno no va a promover el nuevo nombramiento. En la Comisión de Selección, la terna más votada fue la de Barroetaveña. Sin embargo, las propuestas de los tres consejeros fueron elevadas para que sean examinadas por el plenario. Cuando las voten todos los consejeros, pasarán al Poder Ejecutivo para que el Presidente elija a los candidatos o las candidatas y envíe el pliego al Senado. Bruglia envió una nota a la presidenta de la Comisión de Selección, Fernanda Vázquez, en la que pidió que se abstuviera de opinar en el tema Santiago Viola, viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Viola es un hombre de confianza de Karina Milei y es quien acercó a Juan Bautista Mahiques para que se convirtiera en ministro de Justicia. Viola guarda un viejo encontronazo contra Bruglia y Bertuzzi después de que la Cámara Federal dijera que tenía que ser investigado por la operación que sufrió el juez Sebastián Casanello, aquien le atribuían haberse reunido con Cristina Fernández de Kirchner mientras debía investigarla. “Las posibilidades que se encamine a ejecutar lo que se conoce como una ‘venganza’ es un evento posible por los antecedentes conocidos”, deslizó Bruglia en la nota. Hay un tercer miembro de la Cámara Federal que está en la “cuerda floja: Irurzun; cuyo nombre está asociado con la doctrina que durante el macrismo permitió encarcelar a exfuncionarios kirchneristas por gozar supuestamente de un poder residual. Barroetaveña llevó una terna compuesta por Poviña, Rodríguez y Pablo Yadarola (juez penal económico) y otra integrada por Di Giorgio, Incardona y el propio Bertuzzi —que concursó para el cargo. Maques presentó una propuesta que incluía a Poviña, Rodríguez y Yadarola. La otra promovía a Viña, Incardona y Bertuzzi. El concurso En paralelo, se reactivó en el Consejo de la Magistratura la discusión sobre el concurso para los cargos que ocupan Bruglia y Bertuzzi. El jueves se discutieron las ternas que delinearon la diputada kirchnerista Vanesa Siley, el juez Diego Barroetaveña y el abogado Alberto Maques. Siley, por su parte, impulsó una terna conformada por Fernando Poviña (camarista de Tucumán), Cecilia Incardona (fiscal de Lomas de Zamora) y Laura Mazzaferri (fiscal de Mar del Plata). También postuló otra integrada por Agustina Rodríguez (coordinadora de la UFEM), Gonzalo Viña (juez de la Ciudad) y Julio Di Giorgio (juez de San Martín). Menciones: cpol2 cnot
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