26/04/2026 La Nación - Nota - Política - Pag. 39
El Gobierno busca un respiro en la Justicia Fernando Laborda Cada novedad en materia judicial que reflota los escándalos de corrupción del kirchnerismo constituye un respiro para un gobierno como el de Javier Milei, acosado por la situación de su jefe de Gabinete, las luchas internas y la persistente caída de su imagen positiva en la opinión pública durante las últimas semanas. El Gobierno festejó recientes decisiones de la Justicia que volvieron a instalar en la agenda pública la perversión que caracterizó las gestiones kirchneristas. La que más impactó fue la confirmación del decomiso de los bienes de la condenada expresidenta Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, por parte de la Cámara de Casación. Pocos días antes, se conocieron detalles de otra investigación judicial sobre la connivencia entre exfuncionarios del Banco Central y financistas en maniobras para acceder al dólar oficial que habrían incluido el pago de coimas, en tiempos de férreo cepo cambiario en que Alberto Fernández gobernaba el país y Sergio Massa era ministro de Economía. Casi al mismo tiempo, se produjo la ratificación del procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito del exministro Julio De Vido —hoy condenado y preso por la tragedia ferroviaria de Once— y de su esposa. Finalmente, se informó que la Corte Suprema de Justicia intervendrá en el conflicto desatado en el Poder Judicial de Santa Cruz, donde jueces vinculados al kirchnerismo vienen obstaculizando la ampliación del número de miembros del Tribunal Superior de Justicia provincial dispuesta por una ley sancionada por la Legislatura santacruceña. La Justicia le deparó al gobierno de Milei otras dos noticias aliviadoras. Por un lado, la Cámara Nacional del Trabajo aceptó un planteo del Poder Ejecutivo y dejó sin efecto la suspensión de 82 artículos de la reciente ley de modernización laboral que había dispuesto el juez Raúl Horacio Ojeda. Por otro lado, el juez federal Daniel Rafecas cerró la causa contra Manuel Adorni por presunta malversación de fondos públicos ante la inclusión de su esposa en el avión presidencial que trasladó a Milei y otros funcionarios a Nueva York. Todo eso estaría bien para el Gobierno si no fuera por las sospechas que, especialmente tras la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, abundan en ámbitos del llamado "círculo rojo". Como si la política y la Justicia se sumieran en un común terreno de combate donde unos y otros buscan prevalecer o sobrevivir mediante oscuras negociaciones e intercambios de favores, no exentos de extorsiones o promesas de salvatajes. No puede sorprender que, desde hace mucho tiempo, la ciudadanía muestre desconfianza en el Poder Judicial. Sí llama mucho más la atención que casi ocho de cada diez abogados, encuestados el año último por el Colegio Público de la Abogacía porteño y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, admitan haber sido testigos de casos de mal desempeño entre jueces, incluidos presuntos hechos de corrupción. Tres cuartas partes de quienes ejercen la abogacía consideran, según ese sondeo, que los tiempos del Poder Judicial son lentos o muy lentos, mientras que solo el 4% de ellos los juzgan como ágiles o muy ágiles. Pese a esa acertada percepción sobre la lentitud de los procesos judiciales, días atrás un juez santiagueño pareció demostrar lo contrario. Con una velocidad inusitada, cuando acababa de regresar a Santiago del Estero de sus vacaciones en el exterior, el juez Sebastián Argibay no solo desestimó el pedido del fiscal Pedro Simón de detener al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, sino que dispuso el envío de la causa al juez de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, en quien los dirigentes imputados quieren concentrar todas las causas en su contra. La actitud del magistrado santiagueño fue interpretada como una burda maniobra para hacer zafar a Toviggino, con quien lo unirían otros lazos, ya que este le había adquirido a su hija una finca, escriturada a un valor varias veces inferior al de mercado. Para ese ardid, el juez contó con la ayuda de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, donde la jueza Marina Cossio le dio tiempo al juez santiagueño para emitir la controvertida resolución antes de disponer su apartamiento de la causa. Una curiosidad es que otros dos miembros de esa cámara tienen estrechos vínculos con la AFA: Ricardo San Juan integró el Tribunal de Ética de la asociación presidida por Tapia, en tanto que Fernando Poviña es dirigente de Club Atlético Tucumán. Argibay había cobrado notoriedad años atrás, cuando declaró inconstitucional una cláusula de la Constitución provincial de 2005 que le prohibía expresamente un tercer mandato consecutivo al entonces gobernador Gerardo Zamora, una exhibición de subordinación política que fue finalmente frenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo tiene que ver con todo. No hay dudas de que la designación de Mahiques en la cartera de Justicia obedeció a la convicción de Milei y de su hermana, Karina, de que el nuevo ministro, como conocedor de todos los rincones del Poder Judicial, podría resolverle algunos de los problemas judiciales que acosan al Presidente. Uno de ellos es el escándalo derivado de las grabaciones del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en las que se sugería que la secretaria general de la Presidencia percibía coimas de prestadores. Casualmente, esos audios fueron difundidos originalmente por una plataforma de streaming cuya propiedad se le atribuye a Toviggino. Y, curiosamente, el ministro Mahiques es un viejo conocido de los dirigentes hoy envueltos en el AFAgate. Las especulaciones sobre la elección de Mahiques por el Presidente y su hermana seguirán siendo infinitas. Hay, sin embargo, una certeza sobre el pensamiento de Milei. El primer mandatario siempre ha creído —equivocadamente— que una de las tareas de un ministro de Justicia es protegerlo frente a cualquier contingencia que pueda sufrir en los tribunales. La prueba no es otra que una propia declaración del jefe del Estado. Una de las primeras veces que intentó dar una explicación sobre el affaire $LIBRA, afirmó, en diálogo con el periodista Jonatan Viale en febrero de 2025, que quien debía responder por su estrategia judicial era el entonces ministro Mariano Cúneo Libarona. Fue un doble error: en primer lugar, porque el ministro de Justicia no ejerce la defensa del Presidente, y mucho menos en cuestiones particulares, si, como dijo Milei, él no difundió la iniciativa $LIBRA en carácter de funcionario, sino como un simple ciudadano a través de su cuenta personal en la red social X. Por otro lado, un ministro de Justicia no puede ejercer la abogacía mientras esté en funciones. El organismo que ejerce la defensa del Poder Ejecutivo en los tribunales es la Procuración del Tesoro, aunque no tiene a su cargo las demandas contra el Presidente, sino contra el Estado nacional. Aunque la causa por la criptomoneda $LIBRA siguió, Milei no podría quejarse mucho de Cúneo Libarona, ya que la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, dictaminó en junio del año pasado que el primer mandatario no cometió ningún delito por publicitar algo que fue luego denunciado como una criptoestafa. Entendió ese organismo que Milei no actúa como presidente de la Nación cuando tuitea, sino que simplemente ejerce los derechos civiles y políticos que le garantiza la Constitución nacional. Las encuestas no le sonríen en las últimas semanas a Milei. Un trabajo de la consultora Tendencias, que analiza el contenido en redes sociales, reveló que los primeros cien días de 2026 muestran una caída del 45,4% del apoyo digital al Presidente, medido en likes, respecto del mismo período de 2024. El estudio no solo da cuenta de una dinámica hacia la baja, sino también de que las cuestiones que despiertan más apoyo a la gestión presidencial no están ligadas al rumbo económico, sino a su alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel. Se trata de un dato que podría estar indicando que el respaldo al primer mandatario se recuesta cada vez más en su núcleo duro de simpatizantes. La consultora CB, que dirige Cristian Buttié, aporta otro dato relevante. En el ranking de presidentes latinoamericanos, Milei ocupa hoy el puesto 14, luego de haber estado tercero en noviembre del año último. Su imagen positiva cayó desde entonces del 47,2% al 36,2% en la actualidad, mientras que su imagen negativa es hoy del 59,7%. Nayib Bukele, de El Salvador; Claudia Sheinbaum, de México, y Rodrigo Chaves, de Costa Rica, lideran el ranking de abril. Por debajo de Milei solo se ubican el ecuatoriano Daniel Noboa, el panameño José Raúl Mulino, la venezolana Delcy Rodríguez y el peruano José Balcázar. El envío al Senado, por parte del Poder Ejecutivo, de un nuevo proyecto de reforma política, cuyo punto más novedoso es la propuesta de eliminación definitiva de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), al margen de la justificación oficial de ahorrarles mucho dinero a los argentinos, tiene un claro propósito político. Es cierto que las PASO han representado un derroche de fondos públicos al convertirse en poco más que una costosa encuesta, toda vez que no pocas agrupaciones, en muchas elecciones, empezando por el Partido Justicialista, concurrieron a los comicios con candidatos elegidos por el dedo de sus líderes. También es cierto que el hecho de que las PASO se efectuaran con tanta anticipación al recambio presidencial podía provocar que un resultado claramente favorable a una fórmula presidencial opositora dejase al presidente en ejercicio en una situación de alta vulnerabilidad e ingobernabilidad. Aun así, anida en el oficialismo la intención de capitalizar el desorden que reina en la oposición, favoreciendo su atomización y evitando que pueda resolver sus problemas de liderazgo en una primaria abierta. De ahí que desde el peronismo ya se escucharan voces en contra de la iniciativa oficial, al igual que desde Pro. El senador radical Maximiliano Abad se pronunció en contra de la eliminación de las PASO, pero a favor de modernizar el sistema, garantizando la participación ciudadana y el control judicial, y rechazando el retorno de las definiciones a través de las cúpulas partidarias. El Gobierno intenta recrear la estrategia polarizadora con el kirchnerismo. De cara a la presentación que el próximo miércoles hará Adorni en la Cámara de Diputados, la idea que impera en el Gobierno es recrear la estrategia polarizadora con el kirchnerismo. Una fórmula que, en los últimos tiempos, le ha dado buenos resultados al mileísmo. El mensaje que busca filtrar el oficialismo es que "van por Adorni para debilitar al Presidente y desestabilizar al Gobierno". Vuelve así la insinuación del "golpe blando", detrás del cual se alinearían los enemigos del verdadero progreso. Si la oposición kirchnerista intenta convertir la exposición de Adorni en una interpelación por su presunto enriquecimiento ilegal, los efectivos de La Libertad Avanza se plantean la posibilidad de "ir a una guerra", sacando a relucir las inconsistencias patrimoniales de dirigentes opositores. Probablemente, no ayudará a solucionar un problema estructural. En cambio, embarraría el territorio, reforzaría la idea de que son todos parecidos y terminaría generando una compulsión donde los espectadores solo podrían dirimir quiénes son menos corruptos y no necesariamente los mejores. Menciones: Javier Milei, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Cámara de Casación, Banco Central, Alberto Fernández, Sergio Massa, Julio De Vido, Tragedia de Once, Corte Suprema de Justicia, Santa Cruz, Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Legislatura de Santa Cruz, Cámara Nacional del Trabajo, Raúl Horacio Ojeda, Daniel Rafecas, Manuel Adorni, Nueva York, Juan Bautista Mahiques, Círculo rojo, Colegio Público de la Abogacía porteño, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia,
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