25/04/2026 La Nación - Nota - Información General - Pag. 24
Campos minados. El riesgo de "convivir" con explosivos enterrados hace 40 años Diego Cabot TARTAGAL Marcus Musa es de Zimbabwe y recorre el mundo en busca de bombas o explosivos que han quedado sin detonar en algún lugar del planeta. Desde hace poco más de un año, dirige una cuadrilla que monitorea campos de Salta y Jujuy. En una mañana en la que el calor y la humedad no dan tregua, se arrodilla en medio de un monte y pone sus manos en la tierra. Son 15 segundos silenciosos en los que descarga la electricidad estática de su cuerpo. Luego manipula los explosivos que estaban en un pozo de no más de 50 centímetros de profundidad, ya descubiertos. Camina unos 50 metros y une el detonador a un cable que llega hasta el artefacto. Cubierto con un traje protector, aprieta un botón que enciende una luz verde. Inicia una pequeña cuenta regresiva, avisa por radio a la cuadrilla para que todos se mantengan lejos y luego hacelo propio con un botón rojo. Del otro lado del cable, la mina explota. La escena ocurre todos los días en el corredor que circunda la ruta 34. Más precisamente en una zona cercana a las ciudades de Libertador General San Martín (más conocida como Ledesma), Orán y Tartagal, en el norte argentino. Allí, entre fines de los 70 y principios de los 80 se enterraron miles de boosters sísmicos para identificar reservas de petróleo. Se trata de pequeñas minas con 300 gramos de explosivos (60% TNT y 40% pentrita), que explotan ante una descarga eléctrica. Desde entonces, siguen en el terreno. La población se fue expandiendo sobre tierras peligrosas. Pasaron décadas, decenas de accidentes y una muerte. La modificación del suelo durante estos años agravó la situación. Por las lluvias y la erosión del agua, los boosters suelen emerger a la superficie o moverse de lugar. Están, aparecen y pueden explotar. Así de simple es el asunto. Recién en 2025, una compañía con base en Mozambique, de capitales ingleses, contratada por YPF, llegó con la última tecnología para rastrillar esas miles de hectáreas minadas. El trabajo es permanente. Los boosters sísmicos fueron utilizados originalmente por la antigua Yacimientos Petrolíferos Fiscales para mapear el subsuelo norteño y conocer si había o no petróleo. La empresa pública en ese entonces los colocó en líneas rectas, en cuadrillas, como peines dibujados en el escarpado territorio. El mecanismo es simple y aún se usa en lugares de difícil acceso. Cada una cantidad de metros determinada, entre dos y 25, generalmente, se coloca carga explosiva sobre las líneas trazadas. Luego se detonan a fin de generar ondas de choque en el subsuelo. Esos datos se colectan en sofisticados aparatos que permiten saber si podría existir petróleo o gas bajo tierra. Durante la ejecución de esos trabajos, quedaron sin detonar boosters de distintos proyectos. En aquellos años, las rejillas trazadas se detenían en las áreas donde había viviendas. Pero, desde entonces, la urbanización creció y las líneas sísmicas quedaron en zonas pobladas. Un funcionario de la provincia de Salta contó a LA NACION que hay una línea sobre la que ahora se asienta una estación de servicio; otro, que un vecino se encontró con uno de estos artefactos rojos cuando inició un pozo para hacer una pileta en el terreno de su casa. La brigada interviniente descubrió 35 cargas en ese lugar. "Representan un riesgo para la comunidad", resumió Baltasar Lara Gros, actual intendente de San Ramón de la Nueva Orán. Aquellos años de exploración floreciente terminaron y 14 proyectos, o campos minados, fueron abandonados. La empresa extranjera contratada en ese entonces por el Estado a través de YPF terminó su contrato, levantó sus cosas y se fue. Lo increíble es que no se hizo jamás la detonación controlada ni se levantaron los boosters al punto de que hoy son considerados pasivos ambientales que representan un alto riesgo de explosión si son manipulados. Quedaron ahí, en territorio salteño y jujeño, a solo una descarga de la explosión. "Esa experiencia debería enseñarnos que cualquier explotación debe ir acompañada de un plan serio de responsabilidad y compromiso por parte de las empresas para cuando abandonen la actividad", indicó Lara Gros. Preguntas inquietantes ¿Cuántos son? ¿Dónde están? La primera pregunta no tiene una respuesta segura, aunque se habla de miles y miles. De hecho, las trazas que se dibujaron entonces, donde se enterraron los explosivos, llegan a 8300 kilómetros lineales en una trama de rejilla. Solo para ilustrar: desde Buenos Aires hasta Miami hay 7100 kilómetros lineales. Ahorabien, ¿cuántos quedan sin detonar? Nadie lo sabe con certeza. Los "ypefeanos", como se denominan los viejos empleados de la petrolera estatal de entonces, dicen que muchos se desactivaron en aquellos años; otros, no. Hay un número que da vueltas en la Justicia. En una medida cautelar que promovió el gobierno de Jujuy, estimaron que en esa provincia "habría 77.284 cargas explosivas" sembradas en una superficie que ronda las 206.340 hectáreas, sobre alrededor de 2000 kilómetros lineales. De Salta no hay datos ni estimaciones. Los boosters sísmicos ya detonados La ubicacion de los explosivos En el centro de Salta y el este de Jujuy se concentran las líneas donde se instalaron los boosters en los 70. Fuente: YPF y gobierno de Jujuy / LA NACION. Pero, de acuerdo con los viejos mapas, serían muchos más. Al menos es cuatro veces más. Según la información del gobierno de Jujuy, en Salta habría 150.000 explosivos colocados en un área de 5872 kilómetros. La ubicación de los explosivos es clave. La YPF actual tiene poco material sobre los proyectos inconclusos del pasado. Rescató mapas impresos en los que están dibujadas aquellas líneas. Los redibujó, trazó coordenadas y, en base a eso, empezó el rastrillaje. En 1999, el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal 2 ordenó a la Gendarmería Nacional Argentina que busque y destruya los explosivos, haciendo responsable al Estado nacional de la gestión del tema. Sin embargo, YPF, ya privada, fue la que aportó el financiamiento para hacer el plan. En los últimos años, sin embargo, todo cambió porque la peligrosidad hizo más evidente. Las alarmas se encendieron con los incendios forestales de 2022. En la zona de Caimancito, sobre la ruta 34, el fuego arrasó miles de hectáreas. Mientras las llamas devoraban la vegetación en el suelo, empezaron a explotar los boosters. La situación llegó al extremo de que los brigadistas, ante una eventual detonación sin control, decidieron retirarse del territorio. Los responsables del Plan Nacional de Manejo del Fuego, un sistema de coordinación con las fuerzas locales, pero que depende de la Nación, tomaron en cuenta aquella postura y decidieron sacar a los hombres del frente de batalla contra las llamas. Hubo que esperar a que el fuego se apagara solo. Fue entonces cuando el Estado provincial jujeño se presentó a la Justicia y pidió una medida cautelar para que la Nación o YPF ejecuten una acción. La petrolera, pese a que ya había sido exculpada en un proceso anterior, recogió el guante y decidió avanzar con otros proveedores. Apartó a la Gendarmería y también a la empresa que supuestamente retiraba los boosters. Esa compañía había comenzado sus trabajos en 1999 sin resultados significativos y sin auditorías internacionales, como la práctica habitual en territorio con explosivos o minas. "La acción judicial busca reparar una afectación ambiental grave y de los ecosistemas más valiosos del país. La presencia de explosivos abandonados en las Yungas jujeñas impide combatir incendios con normalidad y pone en peligro vidas humanas, por lo que resulta indispensable su localización y neutralización urgente", señaló a LA NACION Carolina Pellejero, letrada apoderada de la provincia de Jujuy. Lo primero que hizo YPF, que colaboró con toda la información solicitada por este medio, fue identificar los 8000 kilómetros de líneas minadas. Después, precisó los 1500 a los que llamó críticos, sobre los que inició la primera etapa de remoción. También contrató a un especialista en explosivos que hizo su carrera en las fuerzas de seguridad. Después de elaborar un plan, llamó a una licitación internacional. La empresa seleccionada fue The Development Initiative (TDI), la compañía de Mozambique que destinó tres dotaciones (una en Libertador General San Martín, otra en Orán y la tercera en Tartagal) y unos 100 hombres para recorrer uno por uno aquellos caminos en busca de explosivos. "Tiene una amplia trayectoria internacional para empresas multinacionales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales", subrayaron desde YPF. Y algo más: por primera vez en tantas décadas, y tal como lo aconsejan los tratados de todo el mundo, se empezó a visibilizar el problema y a concientizar a la población sobre el asunto. Historia enterrada Afines de los años 70 y principios de los 80, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado era una compañía totalmente estatal e integrada verticalmente. Exploraba, producía petróleo y gas, refinaba crudo en complejos propios, distribuía combustibles y tenía una red dominante de estaciones de servicio. Controlaba la mayor parte del mercado energético argentino. Cada lugar de la Argentina en el que desembarcaba se convertía en eje económico. En Salta, todo pasaba por el corredor Tartagal-General Mosconi-Campo Durán. Era una cuenca gasífera al punto de que desde esa zona YPF alimentaba el sistema de gasoductos hacia el centro del país. No era solo una petrolera: era ordenadora del territorio y garante del desarrollo en una región periférica. Con el paso de los años (ya visible hacia 1983) algunos yacimientos empezaron a mostrar maduración y se dio un proceso de subinversión en exploración nueva. YPF sostenía estructuras pesadas, como suple infraestructura, con recursos cada vez más limitados. Finalmente, la empresa del Estado prácticamente se retiró de la zona. Un pueblo entero, Campamento Vespucio, construido en la ladera de un cerro para los directivos de la petrolera, fue donado a la municipalidad. Entre las decisiones que se tomaron entonces estuvo la de discontinuar la exploración masiva en la zona. Los explosivos, necesarios para trazar los mapas del subsuelo, se quedaron enterrados para siempre. Las historias de las explosiones de boosters no se reducen a anécdotas. En agosto del año pasado, uno de los compañeros de Musa murió a pocos kilómetros de Tartagal. Henry Douglas Macharaga tenía 52 años; era de Zimbabwe y se especializaba en esta actividad. "Trabajar en la industria conlleva sus desafíos. Henry pagó el máximo sacrificio por la seguridad de los demás", sintetizó Hugh Morris, director general de TDI, en la cuenta de esa empresa en la red social LinkedIn. La muerte de Henry, a quien sus compañeros recuerdan con una foto en el campamento de Tartagal, golpeó fuerte el ánimo de la cuadrilla. Se suspendieron las tareas y, después de unos días de trabajo psicológico y judicial, se retomaron. Pero esa tragedia tiene decenas de antecedentes que se cuentan en las mesas de los comedores del norte. En la presentación judicial de la provincia de Jujuy hay varios relatos de explosiones. Solo hay que hablar con los vecinos para entender lo que sucedió con esos verdaderos campos minados. En 2009, una importante cantidad de cargas explosivas emergieron de agua y del barro, luego del alud que afectó a la comunidad de Tartagal. En 2013, en la misma localidad, una moto activó una carga sísmica, que luego de explotar despidió a su conductora varios metros de su vehículo. En 2015, también en Tartagal, un gendarme perdió una mano y resultó gravemente herido luego de detonar una carga sísmica. Más recientemente, en enero de 2022, una familia que se desplazaba en su auto fue víctima de otra detonación, en la parte delantera de su vehículo, al colisionar con uno de estos explosivos. Los incendios forestales que se desataron en el corredor de la ruta 34 volvieron a rescatar de la memoria el asunto. En 2022, se registraron 13 detonaciones dentro del territorio de la Comunidad Kolla Tinkunaku, en el municipio de San Ramón de la Nueva Orán, en medio de las llamas. El peligro siempre está latente. Cerca de Colonia Santa Rosa, a poco de reingresar a Salta por la ruta 34 tras el paso por Jujuy, se localiza el río San Francisco. En las épocas lluviosas, el caudal suele ser importante. Es un lugar conocido por la pesca. Hasta hace poco tiempo, había vecinos que buscaban boosters explosivos en la zona. De hecho, no era difícil encontrarlos a la venta en la calle para usarlos como dinamita para la pesca, una práctica prohibida que consiste en detonar explosivos en el agua para aturdir y matar cantidades de peces. Otro episodio inquietante: los expertos de Mozambique llegaron hace poco tiempo a un campo de Tartagal con la información de la existencia de un booster, se presentaron y hablaron con el dueño del terreno, quien se resistió a que registrara sus tierras. Dijo que hacía décadas que cultivaba y pasaba el arado. Finalmente accedió. Al activar los sistemas de localización, los empleados de la cuadrilla se encontraron con una sorpresa: había 80 boosters juntos enterrados, lo que significa 24 kilos de explosivos. Lo detonaron a tiempo. Esa era la tarea a la que Henry estaba acostumbrado. Pero en agosto del año pasado algo salió mal. Se acercó a la mina con su equipo de seguridad. Tenía, además de la ropa de trabajo, un chaleco protector y una máscara de una especie de microrred. Debía conectar el booster a un cable y regresar con el resto del equipo. Pero el artefacto explotó en sus manos. En Zimbabwe lo esperaban su esposa y sus dos hijos. Menciones: cnot
 
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