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12/04/2026 La Nación - Nota - Justicia - Pag. 23

ordenan liberar a los líderes de La Salada y cae la causa por lavado
Hernán Cappiello

La Cámara Federal de La Plata dictó la falta de mérito para los principales acusados y la megaferia La Salada, sospechada de contar con protección del poder, quedó sin procesamientos firmes.

La causa por lavado de dinero contra los dueños de la megaferia La Salada de Lomas de Zamora se derrumbó y la Justicia ordenó liberar a los líderes de ese emprendimiento millonario, al argumentar que no hay mérito ni para procesarlos ni para sobreseerlos.

El vuelco en la causa lo decidieron los jueces de la Cámara Federal de La Plata Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, quienes criticaron con acidez la investigación que habían llevado adelante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella.

El tribunal revocó los procesamientos con prisión preventiva y dictó la falta de mérito para los presuntos líderes de la organización, entre ellos Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de familiares, empleados y profesionales.

La decisión judicial argumentó que no existen pruebas suficientes para mantenerlos procesados por los graves delitos de asociación ilícita y lavado de activos de origen delictual, por lo que el tribunal ordenó la inmediata libertad de todos los detenidos y dejó sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre sus patrimonios.

Los camaristas criticaron la investigación de primera instancia y concluyeron que el procesamiento dictado en julio del año pasado por Armella fue, cuando menos, “prematuro” y carente de “autonomía suficiente”.

La fiscal Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos grandes estructuras criminales independientes. Una de ellas, liderada por Jorge Omar Castillo, Aldo Enrique Presa y Antonio Corrillo Torrez, dedicada a la explotación de las ferias Punta Mogotes S.A., Mogote Factory y Olimpo. La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña S.A.

La fiscalía aseguraba que estas organizaciones conformaban asociaciones ilícitas estables orientadas a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, la evasión tributaria estructural y el posterior lavado de dividendos espurios. Se habló entonces de que solo en las cuentas bancarias de Punta Mogotes ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025. Con ese flujo de dinero, los acusados habrían adquirido inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.

La clausura de los predios Punta Mogotes y Urkupiña, en Lomas de Zamora. (Foto: Fabián Marelli)

Líderes beneficiados
Los beneficiados con la falta de mérito son Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera y Carlos Guillermo Carrión.

También fueron alcanzados por la resolución Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, María Sara Corigliano, Guadalupe Presa, María Mora Presa, Margarita Nilda Arrieta, Marcelo Jorge Fernández Zurdo, Mabel Cristina Islas, Christian Ezequiel Arrieta y David Alberto Heinze.

A raíz del caso, Armella había embargado por $750 millones a los supuestos jefes (Castillo, Corrillo Torrez y Presa), por $500 millones a los miembros principales y por $250 millones a los partícipes secundarios.

Además, había ordenado el embargo de flotas enteras de vehículos, incluyendo camionetas Dodge Ram, VW Amarok V6 y motos BMW. Hoy, todas esas medidas cautelares se revirtieron.

Jorge Castillo, líder de la feria, planteó que Punta Mogotes es una sociedad lícita registrada como empresa inmobiliaria y que resultaba prácticamente imposible controlar la mercadería de más de 2000 puestos rotativos.

Además, las defensas atacaron la acusación de lavado al indicar que la supuesta evasión fiscal precedente estaba suspendida por la adhesión a un régimen de regularización estatal.

La Defensoría Oficial, en representación de Mabel Cristina Islas, advirtió que la mujer era una empleada administrativa de la feria que llevaba una vida humilde, en contraste con el “éxito” de una banda criminal multimillonaria.

El abogado Marcelo Jorge Fernández Zurdo dijo que lo incluyeron en la banda por su profesión. Otros imputados, como Rubén Arjovsky y Carlos Carrión, demostraron que cambiaban divisas y cheques de manera lícita.

Argumentos
Al analizar el caso, los camaristas Vallefín y Lemos Arias dijeron que los procesamientos carecían de una motivación genuina.

Sostuvieron que hubo una confusión entre comercio lícito y empresa criminal y que el juez Armella intentó probar la asociación ilícita enumerando tareas administrativas o comerciales habituales (cobro de alquileres, administración) que los imputados realizaban en la feria.

Para la Cámara, el magistrado falló al no explicar con precisión cuál sería la actividad puntual desplegada por cada uno que escaparía al normal desarrollo comercial para convertirse en un delito. No se probaron ni la “mínima cohesión” ni el acuerdo para cometer delitos indeterminados.

Sobre la acusación de blanqueo de dinero, los magistrados señalaron que Armella no efectuó ningún examen fundado acerca de las condiciones pormenorizadas de modo, tiempo y lugar en que habrían tenido efecto las maniobras que buscaban ingresar el dinero presuntamente ilícito al mercado formal. Señalaron que no hubo un delito precedente que generara divisas a lavar y que el procesamiento se limitó a listar el patrimonio de los acusados (autos e inmuebles), sin especificar que el dinero hubiera tenido origen en la comisión de algún delito.

La Cámara explicó que las afirmaciones genéricas y vagas del expediente no alcanzan el grado de convicción necesario para procesar a nadie, pero aclaró que tampoco permiten sobreseerlos definitivamente de forma inmediata. La investigación deberá continuar. La causa motivó el cierre de La Salada durante algunas semanas y protestas de los puesteros y clientes que quedaron sin poder comerciar.


Menciones: La Salada, Lomas de Zamora, Cámara Federal de La Plata, Carlos Alberto Vallefín, Roberto Agustín Lemos Arias, Cecilia Incardona, Luis Armella, Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, Enrique Esteban Antequera, Punta Mogotes S.A., Mogote Factory, Olimpo, Urkupiña S.A., Defensoría Oficial, Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, María Sara Corigliano, Guadalupe Presa, María Mora Presa, Margarita Nilda Arrieta, Marcelo Jorge Fernández Zurdo, Mabel Cr


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