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04/04/2026 La Nación - Nota - Justicia - Pag. 15

AFAgate: Armella le derivó la causa al juez que quería Tapia
Hernán Cappiello

FRAUDE. Se trata de González Charvay, quien intervendrá en la investigación por la denuncia contra Faroni por el desvío de fondos

Hernán Cappiello LA NACION Claudio "Chiqui" Tapia lo hizo. Su estrategia judicial, de concentrar todas las causas contra la AFA en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay, se concretó. Al menos, por ahora, hasta que la Cámara Federal de Casación decida si ese será el destino final de los expedientes o si deben regresar a la Justicia de la Capital Federal.
Es que el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, se inhibió y envió a González Charvay en Campana una parte de su expediente donde investigaba a la AFA por supuesto fraude por transferencias a empresas fantasma de 300 millones de dólares cobrados en Estados Unidos.
Lo mismo hizo la semana pasada la jueza de instrucción Paula Petazzi, que llevaba una denuncia similar de fraude, realizada por el agente FIFA Guillermo Tofoni. Petazzi también se había declarado incompetente y envió el expediente a Campana, a solicitud del propio juez González Charvay.
Tofoni apelará la medida de Petazzi, aunque la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, en su dictamen se mostró favorable a que la causa vaya a Campana. "La inhibitoria requerida no solo obtura la persecución penal múltiple, sino que también favorece a la correcta y más rápida administración de justicia, sin poner en riesgo los demás tramos de la amplia hipótesis delictiva que persigue esta causa", escribió.
Estas dos causas de fraude por supuesto desvío de unos 300 millones de dólares cobrados por la AFA en los Estados Unidos que involucra al empresario Javier Faroni y su mujer se suman al expediente que ya El juez Adrián González Charvay ARCHIVO está en Campana donde se averigua quiénes son los verdaderos dueños de la mansión en Pilar, que se le adjudica a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
Se sospecha que esa quinta, valuada en 20 millones de dólares, es producto del lavado de dinero. La quinta se trataría del bien adquirido con el dinero producto del fraude, que está ahora a nombre de supuestostestaferros, en la hipótesis fiscal.
Este juzgado de Campana es donde la AFA quiere que queden todos sus expedientes, pues piensa que le irá mejor allí que en otras jurisdicciones. Apuesta a que el juez los favorezca.
La última palabra de todos modos la tiene la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces de Casación, Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, deberán resolver si el caso, donde se investiga a los verdaderos dueños de una mansión de Pilar valuada en 20 millones de dólares tramita en Campana con el resto de las causas o si lo hace en la Justicia Federal porteña o en lo Penal Económico de la Capital Federal. Esta decisión de competencia seguramente arrastrará al resto de las causas contra la AFA.
Pero la definición de la Cámara de Casación se viene demorando.
Se aplazó una audiencia citada para esta semana porque Elisa Carrió pidió apartar a la jueza Ledesma. Y, por otro lado, los propios denunciados pidieron aplazarla porque hay un recurso extraordinario de trámite.
Asimismo, el fiscal ante la Casación, Mario Villar, advirtió que el inicio de la causa de Campana se realizó mediante un mail, sin denuncia ni requerimiento fiscal, lo que permite que el acusado elija al juez que lo investiga. Todo esto será resuelto por los jueces de la Cámara de Casación en por lo menos dos semanas, ya que la actividad judicial se aplazó por las Pascuas y el Pesaj.
El argumento por el cual Armella envió esta causa a la Justicia Federal de Campana es que entendió que existe una clara relación "objetiva y subjetiva" entre ambos hechos.
Ambas causas convergían en investigar el accionar de la firma estadounidense TourProdEnter LLC, de Érica Gillette y Javier Faroni, y el presunto desvío de fondos hacia sociedades "fantasma" en Florida, Estados Unidos.
Asimismo, ambas pesquisas apuntaban a dilucidar la licitud de los pagos realizados por la AFA a la empresa Real Central S.R.L. y el rol de sus directivos, Luciano Pantano y Ana María Conte.
Resaltó que de continuar con una instrucción paralela sobre los mismos sucesos, se afectaría la garantía constitucional que prohíbe la doble persecución por los mismos hechos y se corre riesgo de dictar sentencias contradictorias.
Tras destacar que se trata de un asunto de economía procesal y optimización de recursos, resaltó el antecedente de la jueza Paula Petazzi y el aval de la fiscal Incardona.


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