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22/01/2026 Clarin.com - Nota
La escribana santiagueña que escrituró la mayoría de las empresas atribuidas a Pablo Toviggino estaba sancionada por la UIF La escribana Terzano de Gómez escrituró varias empresas atribuidas a Pablo Toviggino. La escribana de Santiago del Estero Ana Líz Terzano de Gómez que intervino en la creación y operatorias de la mayoría de las empresas vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fue sancionada por falta de registración ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado de dinero. La escritura de Malte SRL testimoniada por Terzano de Gómez. “Declárase la responsabilidad de la escribana Ana Lía Terzano de Gómez por haberse acreditado el cargo de falta de registración ante la UIF”, dice la resolución a la que accedió Clarín. La frase integra una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF), que en diciembre de 2020 sancionó a la titular del Registro Notarial N%BA 16 de Santiago del Estero por incumplir obligaciones básicas del sistema de prevención del lavado de activos dispuesto por la Ley 25.246 . No se trató de un hecho aislado. En marzo de 2023, otra escribana del mismo registro ubicado en Mendoza al 100 en Santiago del Estero, Analia Terzano Habra, también fue sancionada por la misma infracción. La ley antilavado obliga a los sujetos supervisados por la UIF -entre los que se encuentran los escribanos- a registrarse, identificar a sus clientes y beneficiarios finales, a conocer el propósito de la relación y evaluar el riesgo de cada operación. También deben reportar sin demora cualquier operación sospechosa a la UIF. Y estas empresas que giran alrededor de Toviggino han hecho operaciones financieras extrañas y comprado casas, autos, caballos y otros bienes por cifras millonarias. El caso adquiere especial relevancia habida cuenta de que la escribana Ana Lía Terzano de Gómez es la que interviene, de manera reiterada y sistemática, en actos vinculados a sociedades del entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, de su hermano Darío y de su esposa María Julia del Castillo. Pero el entramado societario en el que interviene la escribana va mucho más allá de Malte. Empresas como HT S.R.L., Bori, Barwa, Segon, Lindor y SOMA conforman el holding de Toviggino y su familia, que según registros oficiales y resoluciones administrativas, en algunos casos fue proveedor del estado en la provincia de Santiago del Estero, a partir de procesos licitatorios donde reiteradamente aparecen como únicos oferentes válidos. La secuencia adquiere nitidez a partir del estallido del escándalo por la mansión de Villa Rosa, en Pilar, a comienzos de diciembre de 2025. Apenas tres días después, el Boletín Oficial publicó una serie de modificaciones societarias simultáneas que afectaron a Malte S.R.L. y Norte Argentino S.R.L., dos empresas centrales del entramado investigado. Los actos que permitieron que las sociedades pasaran a quedar bajo el control, casi total, de SOMA S.R.L., fueron refrendados por la fedataria en simultaneo al inicio de la investigación judicial. Dentro de ese esquema, Malte S.R.L. concentra buena parte de las claves de la investigación por lavado de activos en el "AFA Gate". En 2022 fue contratada de manera directa para la instalación del sistema VAR en el fútbol argentino sin licitación pública conocida y fue además propietaria de la mansión de Villa Rosa. En esta causa, que en las últimas horas, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín resolvió que el juzgado federal de Adrián González Charvay, en Campana, es quien debe seguir la investigación, figura como imputado Luciano Pantano, vinculado a Lucas Labbad, exgerente general de Boca, a través de Mendoza Wines. La Sala I del mismo tribunal fue la que rechazó el levantamiento de la medida cautelar en la causa iniciada por la Liga de Fútbol de Salto contra el Estado nacional por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), hoy en instancia de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el derecho argentino, la fe pública notarial es el mecanismo que otorga validez jurídica y eficacia legal a contratos, sociedades y transferencias patrimoniales. Precisamente por ese rol central, es que la normativa antilavado impone a los escribanos obligaciones reforzadas que forman parte de la política pública nacional y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, concebidos como herramientas indispensables en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dos sanciones administrativas, el mismo registro notarial y una serie de actos jurídicos hoy bajo investigación judicial. En ese contexto, la cuestión deja de ser técnica: cuando una misma escribanía interviene de forma reiterada en reordenamientos patrimoniales sensibles, en paralelo a causas en curso y con incumplimientos frente a la UIF, el foco se desplaza hacia la pregunta sobre el rol de los profesionales que, desde la fe pública, otorgan forma legal a operaciones que el sistema antilavado exige observar con el máximo nivel de alerta. Florencio Luz Marquez, maestría de la Universidad de San Andrés y Clarín
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