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27/11/2025 Clarin.com - Nota
Otro revés de un ex funcionario K y ex abogado de los Kirchner ante la Corte Suprema El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y militante ultra K, Ricardo Nissen, perdió en la Corte Suprema la batalla que dio para convertirse en querellante de una causa en la que denunció a un grupo de jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial buscaban “anular” las facultades del organismo Ricardo Nissen, ex titular de la IGJ durante los gobiernos K. El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y militante ultra K, Ricardo Nissen, perdió en la Corte Suprema la batalla que dio para convertirse en querellante de una causa en la que denunció a un grupo de jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial buscaban “anular” las facultades del organismo y beneficiar a empresarios poderosos. Antes de asumir al frente de la IGJ en 2019, Nissen era el apoderado de los Kirchner en la causa Hotesur y apenas asumió en el cargo "blindó" a esa empresa hotelera y al Instituto Patria para que no se sepa cómo se financia y quiénes lo integran, entre otras medidas polémicas. Nissen fue miembro del Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2006; y con juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2014 a instancias de Cristina, entre otros cargos. Además, es abogado del empresario K Mario Cifuentes. Y preside la fundación FIDAS junto con la fiscal Gabriela Boquín, la instructora de la causa del Correo contra la familia del ex presidente Mauricio Macri. Además, como titular de la IGJ había desistido de un recurso ante la Corte, que había presentado el mismo organismo durante la gestión macrista, para obligar a que el Instituto Patria de Cristina Kirchner informe sobre sus socios y rinda cuentas de sus gastos. Ante el polémico desistimiento de la parte acusadora, la Corte Suprema de Justicia no tenía opción y archivó el caso y ya nunca se le podrá pedir transparencia sobre sus gastos a esa asociación civil. En el caso de hoy, Nissen buscaba convertirse en querellante en la causa que inició en 2022. Sin embargo, en todas las instancias obtuvo negativas. Llegó con su planteo ante la Corte Suprema que hoy desestimó la presentación por inadmisible. El ex funcionario que ocupó la IGJ en el gobierno kirchnerista y en el de Alberto Fernández denunció que nueve jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial actúan de manera sistemática para impedir que un organismo de control como el que él conduce haga su trabajo para controlar a las sociedades. En su denuncia, afirmó que los magistrados buscaban favorecer a grupos de poder. Los acusó de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, prevaricato, usurpación de funciones y retardo de justicia. Los nueve magistrados apuntados fueron los camaristas Héctor Osvaldo Chomer, María Elsa Uzal, Alfredo Kolliker Frers, Julia Villanueva, Eduardo Machin, Pablo Damián Heredia, Miguel Bargallo, Ángel Sala y Hernán Moncla. De acuerdo a su denuncia, lo que los magistrados supuestamente pretenden “importa lisa y llanamente anular las facultades de contralor propias de la IGJ y que le fueran asignadas exclusivamente por la ley. Esta usurpación de funciones pretende impedir el control de las fraudulentas maniobras de la actividad off shore, en clara búsqueda de beneficiar las irregulares operatorias que despliegan las sociedades fantasmas, sustrayéndolas del contralor estatal especializado". Además, habló de una suerte de “alzamiento de un grupo de Magistrados integrantes de la Cámara Comercial contra la propia Constitución Nacional y la división de poderes (y distribución de competencias) que la Carta Magna establece”. La tensión entre Nissen y los jueces de ese fuero llevó a que los magistrados firmaran un comunicado luego de que el funcionario anunciara públicamente que les iba a pedir el juicio político. Las afirmaciones de Nissen, dijeron, constituyen “un inocultable desconocimiento de la autoridad ejercida por jueces integrantes de esta Cámara Nacional de Apelaciones, toda vez que el acierto o desacierto de lo actuado por ellos, no puede ser juzgado, ni puesto en tela de juicio, por una resolución administrativa”. Recordaron que “es principio recibido que las autoridades de toda jerarquía, sea nacional o local, no pueden trabar, turbar ni desconocer, en forma alguna, la acción de los jueces que forman parte del Poder Judicial de la Nación, debiendo cumplir con el deber de acatamiento que sobre ellas pesa”. Y resaltaron que la única forma de cuestionar decisiones judiciales es a través de los mecanismos legales previstos. “Es deber de esta Cámara reclamar y velar por la plena vigencia del orden institucional, que se halla sustentado en principios de justicia que se expresan públicamente en el equilibrio y respeto mutuo entre los poderes del Estado que no deben, ni pueden, verse comprometidos por actuaciones subalternas de funcionarios, que no preservan con su ejercicio, la necesaria calidad y jerarquía que exigen las relaciones entre el Poder Ejecutivo -de quien la Inspección General de Justicia depende- y el Poder Judicial de la Nación”, concluyeron los magistrados.
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