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20/11/2025 Clarin.com - Nota
Robotización, IA y modernización laboral Víctor A. Beker Economista. Ex Director de Estadísticas Económicas del INDEC Debe aprovecharse el impulso reformador para legislar en función de lo que espera al mundo del trabajo en los próximos veinte años. Daniel Roldán Nadie discute la necesidad de una modernización laboral. Gran parte de las normas que rigen el mercado del trabajo en la Argentina tienen alrededor de 50 años de antigüedad; son absolutamente obsoletas. La decisión de aggiornar este plexo normativo debe tener en cuenta no el pasado sino el futuro. Debería aprovecharse el impulso reformador para legislar en función de lo que espera al mundo del trabajo en los próximos veinte años. La realidad laboral está en pleno proceso de cambio. La inteligencia artificial (IA) y la robotización están modificando abruptamente el mundo del trabajo. Son una realidad que el legislador no puede ignorar. Como ocurriera en su momento con la agricultura, hoy la industria está en condiciones de producir cada vez mayor cantidad de bienes con cada vez menor cantidad de mano de obra. Y el mismo proceso comienza a verificarse en el sector servicios. Como señalara el Premio Nobel de Economía Wassily Leontief: “el papel de los seres humanos como factores más importantes de producción queda disminuido de la misma forma en que lo fue inicialmente el papel de los caballos en la producción agrícola, para luego ser eliminado por la introducción de los tractores”. El profesor de la Universidad de Harvard Richard Freeman ha enunciado lo que ha llamado las tres leyes fundamentales de esta nueva era: 1) Con el tiempo, los robots se convertirán en mejores sustitutos de los humanos en las actividades laborales. 2) La tecnología reducirá el costo de los robots que sustituyen a los humanos, lo que hará bajar los salarios en los sectores laborales donde los robots compiten con la mano de obra humana. 3) El impacto de las tecnologías de robótica alimentadas con IA en los ingresos depende de quién sea el propietario de dichas tecnologías. Precisamente, el éxito del capitalismo consiste en que ha logrado niveles de productividad nunca vistos previamente a tal punto que cada vez más el trabajo es menos necesario. Hoy puede imaginarse un futuro en el cual casi toda la producción esté en manos de robots manejados con IA. La legislación laboral debe modificarse con este futuro en perspectiva. No sólo debe facilitarse la incorporación de las nuevas tecnologías que posibiliten dar un salto en competitividad, sino que también prevean cómo asegurar un ingreso a la gran masa de la población. No solo hoy y mañana sino en los próximos 20 o 30 años. El desafío planteado es el siguiente. Ahora que los procesos de producción y distribución de bienes y servicios dependerán cada vez menos del factor trabajo, deja de tener sentido que el ingreso sea exclusivamente la contrapartida del trabajo realizado. Ello tenía lógica cuando el trabajo era un recurso escaso y el salario era el mecanismo para incorporarlo a la producción. Se requiere instituir nuevas formas de asegurar un ingreso mínimo a la población, esté o no ocupada. Así lo reconoció Elon Musk quien afirmó que el ritmo del cambio tecnológico está generando “un enorme desafío social. Y creo que, en última instancia, tendremos que implementar algún tipo de ingreso básico universal (IBU). No creo que tengamos otra opción”. En su momento, Milton Friedman (1968) veía el “impuesto negativo sobre la renta” como una forma de reemplazar todo el sistema de asistencia social de Estados Unidos y superar las ineficiencias administrativas. El Gobierno proveería un complemento de renta a aquellos ciudadanos que se sitúen por debajo de un determinado nivel de ingresos. Un ingreso básico universal (IBU) que cubra las necesidades vitales de todo ser humano puede permitir blindar a todos los habitantes frente a las vicisitudes del mercado de trabajo. La premisa es que a todo ciudadano, por ser tal, le corresponde un ingreso que le asegure un umbral mínimo de subsistencia. Su principal efecto sería garantizar a cada habitante mayor de edad un ingreso que le permita sobrevivir aun cuando carezca de empleo. Por otra parte, el Estado recuperaría vía impuesto a las ganancias el dinero adicional que reciben los ciudadanos que perciben altos ingresos y que no requieren el IBU. La universalidad asegura que todos lo perciban y el sistema impositivo se encargue automáticamente de dejárselo sólo a quienes realmente lo necesitan. Ello evita que el Estado deba identificar a quién otorgarle el beneficio y a quién no, lo cual es siempre fuente de arbitrariedades e injusticias cuando no de corruptelas. Su implementación permitiría reemplazar la parafernalia de instrumentos de subsidio dirigidos a distintos sectores de la población y tendría –a diferencia de éstos- un costo mínimo de administración ya que su otorgamiento sería automático al alcanzarse la mayoría de edad y no requeriría ningún control ulterior salvo el de las bajas por defunción. Finalmente, ¿cómo reducir el empleo informal? Como señalara recientemente el exministro de Producción de Perú, Piero Ghezzi, el problema es operar sobre la demanda de empleo. Debe incrementarse la cantidad de empleo formal, de alta calidad. Y ello va de la mano de la incorporación de tecnología, de modo de expandir el sector moderno y formal de la economía. Como señala Ghezzi, “la informalidad laboral está negativamente relacionada con el ingreso per cápita”. El remedio de fondo para terminar con la informalidad es el crecimiento económico. La informalidad se concentra en pequeñas y medianas empresas que compensan su baja productividad con la evasión impositiva y previsional.
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