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17/11/2025 Clarin.com - Nota
Causa ANDIS: Arrancan las indagatorias con un hombre clave en el circuito de sobreprecios y coimas Lucía Salinas El juez Casanello escuchará a quince imputados. El primero es Miguel Angel Calvete, vinculado a varias droguerías y proveedoras de insumos para la Agencia de Discapacidad. Es ex titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, con Javier Milei en Olivos. Este martes inician las indagatorias en el marco de la supuesta estructura de corrupción que habría funcionado durante casi dos años en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), involucrando más de 48.000 millones de pesos del erario público. Así lo determinó el fiscal Franco Picardi al solicitar que 15 ex funcionarios y empresarios, den explicaciones ante el juez Sebastián Casanello. El primer citado es Miguel Ángel Calvete, señalado como una persona vinculada a múltiples droguerías y firmas proveedoras de insumos . Con línea directa con Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, consultaba por pagos espurios que debían realizarse desde el organismo. El fiscal Franco Picardi detectó “graves hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad”, según sostiene el dictamen a través del cual se detalló la estructura montada desde la ANDIS y que funcionó como una “organización delictiva, con direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto costo y sobreprecios ”. El circuito de fondos, escribió el fiscal, derivó en el “pago de sobornos a funcionarios públicos”. Entre los ex funcionario,s el principal apuntado es Diego Spagnuolo, que fue despedido de su cargo en agosto, cuando tomaron estado público los audios en los que describía una presunta estructura de coimas que involucraban con un 3% de la recepción de fondos espurios, a "Lule" Menem y Karina Milei. Sin embargo, las indagatorias que se comenzarán a tomar este martes responden a una línea de investigación que quedó expuesta tras la apertura del celular de Daniel Garbellini, quien se desempeñaba como subalterno de Spagnuolo en la ANDIS. El representante del Ministerio Público Fiscal determinó que toda la estructura ilegal que funcionó desde el organismo de discapacidad fue “en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable, adherido al Programa Incluir Salud , destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros)”. La descripción de la organización criminal fue la siguiente: “los hechos habrían sido ejecutados -al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025- por un grupo organizado de personas, integrado por: Diego Spagnuolo; Daniel Garbellini; Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete; Eduardo González; Lorena Di Giorno; Roger Grant; Luciana Ferrari; Federico Santich; Guadalupe Muñoz; Patricio Rama; Ruth Lozano; Andrés Arnaudo; Silvana Escudero; Alejandro Fuentes Acosta y otras personas”. Se sospecha que su finalidad fue la “comisión de delitos contra la administración pública y obtener ganancias indebidas a través de maniobras fraudulentas y la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos ”, detalló Picardi. ¿Cómo se habría materializado la maniobra? En el marco de procesos de contratación de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades raras o graves y otros nuevos medicamentos de administración crónica”. Se identificaron “operaciones -remisión de efectivo, transferencias bancarias, emisión de cheques- que reflejan diversas transacciones dinerarias entre droguerías y firmas del sector bajo estudio, hacia Alan Pocoví y Sergio Mastropietro y las firmas vinculadas a este último - Baires Jets y Baires Fly -”, las que tendrían por objeto una acción de movilización de los fondos “tendientes a su blanqueo”. Para arribar a esa tesis, la fiscalía verificó la “ manipulación del mecanismo de compulsa de precios a fin de restringir artificialmente la competencia, conformando un circuito de proveedores predeterminados -principalmente las droguerías Profarma, Génesis, New Farma y Floresta- vinculados de manera directa o indirecta con funcionarios y operadores del organismo ”. Este direccionamiento permitió consolidar un grupo cerrado de oferentes, excluyendo a competidores regulares y “garantizando la adjudicación reiterada de procesos a las mismas empresas, en compulsas reducidas donde se invitaba sólo a tres o cuatro droguerías seleccionadas”. En una segunda fase, el grupo de empresas beneficiadas procedió a “incrementar sostenidamente los precios de los medicamentos adjudicados”. Según Picardi, la maniobra involucró, en total, 48.783.043.406,77 pesos. El "mapa" de los contratos bajo sospecha El número se compone de la siguiente manera: Las empresas Génesis y Profarma se repartieron el 93,11% de los 30.337.220.919,77 pesos que se adjudicaron en el período verificado (julio 2024 a agosto 2025) en el marco de las licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta resultaron adjudicatarias del 51,67% de los $13.328.004.541 adjudicados en 2025 (hasta agosto), y del 50,36% de los $5.117.817.946 adjudicados entre septiembre y diciembre de 2024 en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados. En todo este entramado aparece Miguel Ángel Calvete , una persona vinculada a múltiples droguerías y firmas proveedoras de insumos PACBI, en particular a INDECOMM, Profusión y Profarma. Tenía vinculaciones e influencia directa con Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini , “a quienes consultaba por pagos que debían ser dispuestos desde la ANDIS y con quienes se reunía en su propia casa y en bares de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires”. Pero por sobretodo, explicó el fiscal Picardi, Calvete fue otra de las personas que dieron indicaciones dentro de ANDIS, sin ser un funcionario designado “sino un proveedor de la agencia y, de manera similar a Pablo Atchabahian (ex integrante de la ANDIS), tuvo operadores propios dentro del organismo, cuanto menos Lorena Di Giorno y Eduardo Gonzalez”. De este modo, Calvete ”logró obtener adjudicaciones de sumas de miles de millones de pesos, de manera direccionada”. Además -dijo la fiscalía- “ coordinó pagos y gestionó cobros para otras droguerías y firmas del rubro como por ejemplo: Laboratorio Ortopédico Sagues, Grupo Alemana, MED-EL Latinoamérica." Sobre estos puntos deberá responder ante el juez Casanello y el fiscal Picardi, apuntado como responsable de funcionar “como conector entre ANDIS y el sector privado vinculado a la salud”. A su vez, sostiene la acusación, “fue uno de los encargados de gestionar numerosos pagos indebidos a diversos funcionarios de ANDIS. Junto a Pablo Atchabahian, eran “operadores externos, vinculados entre sí -pues compartían información sobre pagos y erogaciones de ANDIS- y tomaban decisiones vinculadas a prestaciones PACB”. La justicia tiene secuestrados cuadernos manuscritos que escribió Calvete con datos precisos, pero la mayor sorpresa fue cuando se realizó el allanamiento es su casa y se encontró un papel pegado en la cocina en el que figuran las firmas con las cuales mantiene fuertes vinculaciones, entre ellas algunas que proveen medicamentos e insumos a la ANDIS (INDECOMM y Profarma). Esos manuscritos detallan fechas, empresas, contactos y porcentajes de dinero . Lo investigado llevó al fiscal a determinar que Calveteno no solo “operó en beneficio de sus empresas, sino que fue un verdadero articulador de la organización ilícita ”. En uno de sus cuadernos, tenía un listado de personas que formaban parte de su círculo de contactos: muchas de estas personas formaban parte de la ANDIS, de diversas firmas y droguerías, como así también de personas allegadas a él, en términos laborales, personales y familiares. Otras imágenes obtenidas de esos mismos cuadernos dan cuenta de que Miguel Ángel Calvete llevaba la contabilidad de los movimientos de dinero que se efectuaban entre diversas firmas vinculadas a prestaciones PACBI. Esto es, posibles pagos que deberían recibir las firmas en cuestión, pese a que no estaba designado en la ANDIS, ni cumplió funciones formales allí. Costos, diferencia y 2/3 partes Otro de los cuadernos da cuenta de unas planillas en las que se observa el nombre de las firmas Expotrauma, Artrobone e IMNOVA. “En las diversas columnas del documento, se consigna: nombre y apellido del beneficiario/a de la prestación, otros datos personales y de trámite; en las columnas subsiguientes se consignan con montos dinerarios”. Por ejemplo, en las últimas cuatro columnas se vuelcan montos agrupados por: Costos (con dos columnas, la primera con una cifra superior a la segunda), Diferencia (que es el resultado de la resta entre la primera y la segunda columna de costos), y 2/3 Partes (con una cifra que representaría los dos tercios de la columna anterior “Diferencia”). Esto demuestra que Miguel Ángel Calvete “registraba diversos montos vinculados a prestaciones PACBI, y entre ellos distribuciones de las diferencias entre los costos reales y los costos por lo que efectivamente se vendían ”.
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