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17/11/2025 Clarin.com - Nota
Una reforma laboral orientada a la empleabilidad Ricardo Lopez Murphy y Marcos Gómez Martín Argentina necesita volver a crecer, y para ello necesita volver a crear empleo formal. Mariano Vior Argentina arrastra, desde hace décadas, un mercado laboral marcado por la informalidad, la falta de calificación y un marco regulatorio que desalienta la creación de empleo. Mientras más del 40% de los trabajadores se desempeñan en la informalidad, miles de empresas —en especial PyMEs— enfrentan crecientes dificultades para contratar, capacitar y sostener puestos de trabajo. La evidencia es contundente: un sistema rígido, costoso y litigioso reduce la empleabilidad y profundiza la fragmentación social. El Proyecto de Ley 4683-D-2025 (López Murphy), presentado recientemente, propone una serie de reformas quirúrgicas pero de alto impacto para modernizar los instrumentos de acceso al empleo, promover la formación profesional y reducir la litigiosidad laboral. Las modificaciones que se proponen a las leyes de aprendizaje (25.013), pasantías educativas (26.427) y contrato de trabajo (20.744) buscan construir un marco más previsible y razonable para empresas y trabajadores, donde la capacitación y la formalidad sean los caminos naturales de inserción laboral. 1. Contrato de aprendizaje: empleo con formación real y menos burocracia. La primera modificación significativa es la redefinición del contrato de aprendizaje. El proyecto reemplaza la categoría de “joven sin empleo” por la de “aspirante sin empleo”, ampliando el alcance del instrumento y reconociendo que la reconversión laboral no es exclusiva de los jóvenes, sino una necesidad transversal en un mundo del trabajo en transformación. La propuesta extiende la duración posible del contrato a un máximo de dos años, con renovaciones sucesivas de seis meses, permitiendo procesos formativos más profundos y vinculados a necesidades reales de la empresa. Se eliminan limitaciones que hoy vuelven inaplicable la figura y se establece un incentivo directo: una reducción del 75% en las contribuciones patronales por cada aprendiz contratado. La lógica es clara: aprender trabajando, en un entorno donde el empleador invierte en formación y el Estado reduce cargas para viabilizar esa inversión. 2. Pasantías educativas: más oportunidades y mejor inserción. El sistema de pasantías actual quedó obsoleto para las necesidades del país, porque fue diseñado bajo parámetros educativos y laborales que ya no existen: restringe el acceso a estudiantes menores de 18 años, prevé cargas horarias muy bajas, plazos exiguos y requisitos formales que impiden que las empresas puedan integrar verdaderos procesos formativos. El proyecto propone modernizarlo plenamente: -Baja la edad mínima a 16 años, en línea con sistemas educativos duales de países desarrollados. -Amplía la duración de las prácticas (mínimo 6 meses, máximo 12, renovables otros 12), y permite cargas horarias razonables para tareas de mayor complejidad. -Incorpora como objetivo explícito la posibilidad de que el pasante se integre luego como empleado. La idea rectora es que la pasantía sea un puente efectivo hacia el empleo formal, no solamente cumplir con un requisito académico. 3. Reducción de la litigiosidad: previsibilidad para quien apuesta por emplear. Uno de los factores que más desincentiva la contratación es la incertidumbre que deriva de la alta litigiosidad. Muchos empleadores —especialmente PyMEs— enfrentan juicios laborales donde el cálculo de intereses y actualizaciones termina superando largamente cualquier pauta de razonabilidad. El proyecto propone una solución equilibrada: -Actualización del crédito laboral por IPC + 3% anual de interés puro, reemplazando esquemas de repotenciación que distorsionan el monto adeudado. -En causas con sentencia firme, la actualización no podrá exceder ese parámetro. -Se reafirma que el sistema es de orden público, evitando disparidades entre fueros y geografías. Esto no implica reducir derechos, sino dar previsibilidad, condición indispensable para promover la contratación formal. 4. Lucha contra el fraude laboral: criterios claros. Lejos de flexibilizar sin límites, el proyecto introduce una regla más clara sobre la nulidad por fraude laboral: cuando el trabajador demuestre la existencia de relación de dependencia, el vínculo queda íntegramente regido por la Ley de Contrato de Trabajo. Se fortalece así la seguridad jurídica, tanto para evitar abusos como para proteger al trabajador frente a relaciones encubiertas. 5. Conclusión Argentina necesita volver a crecer, y para ello necesita volver a crear empleo formal. Y la combinación de alta informalidad, baja productividad y alta litigiosidad es letal para esas aspiraciones. Este proyecto propone un camino razonable: modernizar los instrumentos de capacitación laboral, facilitar la transición educación-trabajo, incentivar la formalización y reducir la incertidumbre judicial. Es una agenda necesaria para construir un mercado laboral más inclusivo, eficiente y competitivo, donde empleadores y trabajadores puedan proyectar a futuro.
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