15/11/2025 Clarín - Nota - Justicia - Pag. 16
Una demanda en EE.UU. revela un supuesto pedido de coima de US$ 6,5 millones en Chubut Lucía Salinas La firma Red Chamber Argentina, filial de una empresa norteamericana, acusó en los tribunales a su competidora Profand por un contrato pesquero. Lucía Salinas Isalinas@clarin.com En pocas semanas ocurrió todo. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, rescindió el contrato con la firma pesquera Red Chamber, que opera en la provincia desde 2014. A finales de septiembre, se radicó una demanda en la justicia norteamericana por violación de aspectos contractuales, pero también por presuntos hechos de corrupción. Después de eso, se firmó un acuerdo con la compañía. Sumado a eso, la administración provincial envió dos permisos para ser analizados por la Legislatura, pero este lunes se retractó de esa decisión. El curioso zigzagueo del gobierno y el conflicto con Red Chamber tiene en vilo al sector pesquero de Chubut, mientras en los tribunales estadounidenses se menciona un supuesto pedido de coima por 6,5 millones de dólares. Red Chamber Argentina es una de las compañías que integran Red Chamber Co, un grupo fundado en California y que es uno de los líderes en la industria pesquera mundial. La compañía se especializa en el abastecimiento de productos de mar, y desde 2015 tiene su propia planta procesadora en la Patagonia. Los productos comercializados son capturados con embarcaciones que pertenecen a Red Chamber Argentina y están radicados en Chubut, desde que se hicieron cargo de la explotación que realizaba la firma Alpesca, expropiada por el gobierno de la provincia en 2014. Según explicaron fuentes del sector a Clarín, durante una década Red Chamber “tuvo un contrato para usufructuar los bienes de esa empresa con permisos de pesca, y el gobierno del gobernador Torres rescindió ese contrato por incumplimientos contractuales”. Desde la firma pesquera rechazaron la decisión, bajo el argumento de que reflejaba “inseguridad jurídica” en el desarrollo de sus negocios. “La decisión carece de sustento jurídico, no fue precedida por licitación ni procedimiento administrativo alguno y resulta contraria a las cláusulas vigentes”, manifestó el CEO Marcelo Mou, y detalló que Red Chamber había invertido más de 70 millones de dólares en una década. La situación escaló a tal nivel que Mou elevó un dossier a la Embajada de Estados Unidos y al Departamento de Estado, en Washington. En el documento, Red Chamber sostiene que la rescisión del contrato “genera un grave mensaje disuasivo para la inversión extranjera”. Pese a ello, la provincia ratificó que había procedido según sus potestades normativas como dueña de los recursos y responsable de su correcta administración. De hecho, el 8 de septiembre la Secretaría de Pesca de Chubut, a cargo de Andrés Arbeletche, informó a Red Chamber que rechazaba los planteos con los que la firma se oponía a la decisión del gobierno. “Se les hace saber que deberán reintegrar todos los bienes de Alpesca S.A. y AP Holding S.A. a la Provincia del Chubut (Comité de Administración de Alpesca) en un plazo no mayor al 30 de septiembre de 2025, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales pertinentes”, sostiene la nota a la que accedió este medio. Bajo esos términos, la provincia requirió que se efectúe a la “máxima brevedad un inventario de bienes muebles pertenecientes a Red Chamber Argentina que se encuentren dentro de la planta de Alpesca, el cual será cotejado por el Comité de Administración de Alpesca a los fines de garantizar su re-tiro por parte de Red Chamber”. La firma desalojada presentó el caso ante las autoridades de la embajada y anticipó acciones administrativas y judiciales para revertir la decisión del gobernador Torres. Pero la historia no terminó ahí. El 30 de septiembre, y en 34 páginas de un documento al que accedió Clarín, Red Chamber accionó civilmente contra la multinacional pesquera Profand, a la que la administración de Ignacio Torres le adjudicó los bienes y derechos de la ex Alpesca, y en el texto se hace referencia al gobierno de Chubut y presuntos hechos de corrupción. En la demanda dice lo siguiente: "Aproximadamente a las 2 de la tarde del 3 de abril de 2025, Andrés Meiszner, el ministro de Economía y Fiscal de Estado del Gobierno de Chubut, se encontró con Marcelo Mou, presidente de Red Chamber Argentina, para discutir los términos de la finalización del contrato. La reunión sucedió en el Alvear Art Hotel de Buenos Aires. Durante la reunión, el señor Meizner le aconsejó a Mou que Red Chamber pague US$6.5 millones en dinero negro si quería seguir operando con los recursos de la expropiada Alpesca y luego adquirirlos tras la culminación del proceso judicial de expropiación. Meizner aconsejó un adelanto de 3 millones de pesos seguido por un segundo pago de $11 millones". La demanda se presentó ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Central de California, con sede en Los Ángeles, y en ella se habla de un presunto pedido de coimas por parte del ex ministro de Economía de Chubut, Andrés Meiszner, para revertir el proceso de rescisión de contrato. El texto judicializado y presentado en función de los términos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), se refiere a los supuestos delitos de extorsión, conspiración criminal y soborno internacional. El concurso de estos delitos para la ley estadounidense, representan una pena de hasta veinte años de prisión. Entre la prueba citada, se mencionan correos electrónicos y comunicaciones internas. Ante la trascendencia de las acusaciones, el gobierno de Chubut desmintió cualquier comportamiento ilícito vinculado a la denuncia presentada por el estudio norteamericano Tucker Ellis LLP. En la demanda dice que el pedido de sobornos como el mencionado es“es contrario a lo aceptable según las leyes estadounidenses de ética e integridad”, pero admite que “se ha tolerado en otros países”. CLARÍN CONSULTÓ A LAS PARTES MENCIONADAS Las respuestas de la empresa y de los funcionarios de Chubut Clarín se comunicó con Red Chamber y desde la compañía indicaron: “Existe una demanda en Estados Unidos contra Profand, que es la empresa que se quedó con la ex Alpesca”. Ante la consulta de este medio respecto a si sostienen las acusaciones contra el gobernador chubutense y el presunto pedido de soborno, señalaron que “no nos corresponde atribuir. Nuestro foco sigue puesto en trabajar e invertir en Argentina”. El secretario de Pesca de la provincia, Andrés Arbeletche, respondió: “En dicha demanda se hacen toda una serie de afirmaciones falaces para posicionarse contra Profand, de la cual ni el Gobierno del Chubut ni sus funcionarios son parte”. El ministro de Economía de Chubut y fiscal de Estado de la provincia, Andrés Meiszner –uno de los mencionados en la denuncia judicial de Red Chamber– también respondió a Clarín: “mi actuación como Fiscal de Estado se limitó a la defensa de los intereses patrimoniales de Chubut. En este caso analicé los posicionamientos legales y la diferencia de criterios sobre las inversiones realizadas y no realizadas por Red Chamber Argentina, versus el pago del canon locativo mensual que la Empresa debía abonar, pero que sistemáticamente no lo realizó durante años. Ese fue el motivo del conflicto: el no pago del canon, la falta de inversiones comprometidas y la posible compensación de las acreencias”. Meiszner aclaró que “la empresa no accionó penalmente contra el Gobierno ni ningún funcionario de Chubut, ni en Argentina ni en el exterior”. Para el funcionario, la demanda de la Red Chamber contra Profand “son diferendos entre privados”. Menciones: CPOL1
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