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14/11/2025 ElDestapeWeb.com - Nota
Se presentó la primera cautelar para frenar la privatización de las centrales nucleares Sebastián Premici La cautelar presentada por la diputada Estévez apunta contra la inconstitucionalidad del decreto 695/25 y la caducidad de las facultades delegadas de la Ley de Bases. Las trampas para tasar las centrales nucleares a precio vil. La diputada nacional Gabriela Estévez (Unión por la Patria) presentó la primera cautelar para frenar la privatización de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) ante el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja. La acción de amparo individual y colectiva (porque se verían afectados todos los usuarios del sistema eléctrico interconectado) busca declarar de nulidad e inconstitucionalidad el decreto 695/2025 bajo el argumento de que se habían vencido los plazos para la delegación de facultades establecida en la Ley de Bases. “La privatización de NA-SA, lejos de fortalecer el sector, desfinancia, desarticula y extranjeriza o al menos entrega (en caso de que quede en manos de capitales nacionales) una industria que ha posicionado a Argentina como referente regional en energía limpia, medicina nuclear y desarrollo tecnológico”, sostuvo Estévez en la presentación de esta medida cautelar. El proceso de privatización de NA-SA está plagado de irregularidades. La administración Milei envió recientemente un informe circunstanciado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones en la que sostiene que el Tribunal de Tasaciones de la Nación no se encuentra habilitado para valuar los activos de NA-SA. La sospecha de algunos integrantes del TTN es que el Gobierno pretende que el 44% de las acciones de la empresa se vendan por 1000 millones de dólares cuando a valor actual y en base a una tasación realizada por el propio Tribunal en 2017 serían no menos de 5000 millones de dólares. Los argumentos de la cautelar para frenar la venta de NA-SA “La privatización no tiene justificación técnica ni económica. Por el contrario, pone en riesgo la continuidad de obras estratégicas, la seguridad radiológica y la estabilidad tarifaria de más de 2,5 millones de hogares. Como advierte el amparo, una vez transferido el 44% del capital accionario, el daño sería irreversible”, explicó la legisladora Estévez al momento de presentar la cautelar. La presentación judicial apunta a la suspensión de cualquier acto de licitación, oferta o transferencia de acciones de NA-SA; el objetivo no sería afectar el servicio esencial ni la recaudación estatal, sino preserva “el statu quo” hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Uno de los aspectos claves de la cautelar es la declaración de nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 695/2025 dictado el 29 de septiembre de 2025 y de la Resolución del Ministerio de Economía N° 1751/2025, dictada el 5 de noviembre de 2025. ¿Por qué? El decreto de privatización se dictó a partir de las facultades delegadas autorizadas en la Ley de Bases pero por el propio texto de la norma dichas facultades habían vencido el 9 de julio cuando el decreto privatizador fue rubricado el 29 de septiembre. “El acto de ejecución de la delegación resulta violatorio del artículo 76 de la Constitución Nacional (CN) al omitir el requisito formal del plazo fijado para su ejercicio. El Poder Ejecutivo incurre en un vicio de nulidad absoluta e insanable que configura una ilegalidad y arbitrariedad manifiesta por extralimitación del Poder Ejecutivo”, puede leerse en la cautelar presentada por Estévez. Otro de los planteos apunta a la “amenaza significativa para la seguridad energética, la estabilidad económica de los consumidores y la protección ambiental del país”. “Esta amenaza se amplifica por el hecho de que el proceso de transferencia del capital se encuentra viciado por la inconstitucionalidad formal. La relevancia de NA-SA para el sistema eléctrico argentino es crítica, ya que opera todas las centrales nucleares del país, proporcionando la banda base de energía constante, esencial para la estabilidad del sistema interconectado. Su privatización irregular pone en peligro garantías esenciales de los usuarios”, sostiene el texto presentado ante el juzgado federal de Vaca Narvaja. También se señala un posible riesgo ambiental: Compromiso de la seguridad nuclear: NA-SA es el único operador de activos de alto riesgo. La transferencia de su capital bajo un acto inconstitucional compromete la rigurosidad institucional y la capacidad de control del Estado para supervisar los estándares de seguridad exigidos por la Ley N° 24.804 (Actividad Nuclear). Violación del Principio de Precaución: El vicio formal (omisión del plazo) en la disposición de un activo nuclear socava el control y la transparencia. Esto constituye una violación al Principio de Precaución, que exige la máxima cautela y control estatal en actividades que, como la nuclear, implican un riesgo potencial de daño catastrófico e irreversible al ambiente y la salud (Art. 41 CN y Protocolo de San Salvador). “El plan nuclear que anunció el Gobierno Nacional hace casi un año carece de un rumbo claro y tampoco ha mostrado ningún avance concreto: su único resultado palpable es la paralización del proyecto CAREM, uno de los pequeños reactores (SMR) de mayor avance en el mundo”, concluyó Estévez. Las trampas de la tasación La administración Milei envió esta semana a la Bicameral de Seguimiento de las Privatizacione s un informe circunstanciado sobre la situación de NA-SA. En uno de sus capítulos se habla de la tasación de la empresa. Allí se informó que el 20 de enero de este año se le había solicitado al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) la valuación del paquete accionario de la empresa. La respuesta otorgada por el titular del TTN, Roberto Villamonte, fue que “en la actualidad dicho Organismo sólo está en condiciones de realizar la tasación de todo tipo de bienes tangibles, o empresas exclusivamente a partir de la valuación de sus activos físicos, con motivo de que no posee, dentro de sus Normas Nacionales de Valuación, una norma específica que le permita tasar activos financieros o intangibles a partir de un enfoque de ingresos” (Nota N° NO-2025-65865326-APNTTN# MEC). Bajo ese argumento, Villamonte respondió a la Bicameral que “la tasación solicitada y su extensión en el tiempo exceden el análisis convencional de flujos de fondos o valuación patrimonial que realiza el Tribunal de Tasaciones de la Nación”. Por eso el informe circunstanciado entregado a la Bicameral recomienda convocar a un banco público – probablemente el BICE- para realizar la tasación. La sospecha de algunos miembros del TTN es que el Gobierno pretende tasar NA-SA por un valor mucho menor del verdaderamente actual. La base material para esta sospecha es que, en 2017, el TTN llevó adelante un trabajo de valuación de todos los activos de la empresa. “En su reunión del día 29 de junio del año 2017, ha considerado la tasación de Valor Técnico Contable, en un todo de acuerdo a la Resolución TTN 54/2015, de las Instalaciones Electromecánicas, de la Obra Civil y del Agua Pesada de la Central Nuclear Atucha II, resolviendo fijar el valor de las mismas en el estado en que se encuentran, a los efectos de registros contables, sin IVA y a la fecha 31/12/2016 en la suma de 4.858 millones de dólares”, puede leerse en la Nota del 6 de julio de 2017. Según indicaron a El Destape desde el TTN, las centrales bajo la gestión de NA-SA tendrían un valor cercano a los 13.000 millones de dólares (valor actualizado de las centrales), mientras que el Gobierno pergeña tasar el 44% de sus acciones a través del BICE en torno a los 1000 millones de dólares (una posible maniobra similar a la utilizada en la década de 1990 para vender a precio vil el predio de la Sociedad Rural en Palermo). ( eldestapeweb ) Imagen: eldestapeweb.com
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