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12/11/2025 Clarin.com - Nota
Juez Andrés Basso: “hay que concientizar a la ciudadanía para que advierta la importancia de tener un poder judicial independiente” Claudio Savoia El integrante del TOF 2, que condenó a Cristina Kirchner en el caso Vialidad, va por su reelección en la entidad que representa a jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios judiciales. El juez federal Andres Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Foto Pedro Lázaro Fernández. Con un aspecto que le quita al menos diez años a los 54 que tiene, el juez Andrés Basso dirige desde hace dos años la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que este jueves votarán por su continuidad como candidato de la lista Bordó -que gobierna la entidad desde hace años- o por las opositoras listas Celeste o Compromiso Judicial. Basso fue uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Kirchner por corrupción en el caso Vialidad, y recibió a Clarín para hablar sobre el presente de la justicia, las demandas sociales hacia los jueces, la "puerta giratoria" y el desafío de acercar a la gente el servicio de justicia y la importancia de tener magistrados independientes. ¿Cómo fueron estos dos años de gestión institucional? ¿Cuáles son las principales diferencias con el rol de juez de tribunal? La función con la cual me honraron todos los colegas es muy distinta al rol que tengo como juez federal: es un rol netamente institucional, con aspectos también gremiales. Pero su vez es muy gratificante; si bien me lleva mucho trabajo y uno le dedica el poco tiempo personal que le queda luego de la actividad como magistrado. La nuestra es la asociación de jueces y funcionarios más grande del país, porque nuclea toda la justicia nacional con asiento en la capital Federal y a la justicia federal de las 23 provincias del país. Así que es una inmensa responsabilidad y al mismo tiempo un honor. ¿En estos primeros años qué fue lo que más aprendió, lo que más costó y lo que queda como desafío para el próximo turno, si es que los jueces vuelven a votarlo? Desde el comienzo me sentí muy cómodo representando a mis a mis pares, con quienes además siento una profunda identificación: yo ingresé de joven en tribunales y fui haciendo todos los pasos de la carrera judicial, después accedí a la magistratura. En estos años fui profundizando ciertas convicciones al ejercer el trabajo de juez, y acá tengo que llevarlas y armonizarlas con la función institucional Pero si tengo que definir en una línea cuál es la responsabilidad mayor en esta silla, es asegurar el servicio de administración de justicia, que todos los jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios puedan actuar con independencia en el ejercicio de sus funciones. Creo que esa es la función central que tenemos como asociación. ¿Todavía está en discusión el rol de la justicia y de los jueces en una democracia? En un sistema republicano como el que nos rige, con división de poderes, el poder judicial es el que está llamado por la Constitución nacional a ser el poder el contrapeso de los otros poderes. Es aquel que tiene la función de controlar a los poderes políticos y eso genera una lógica tensión entre los poderes. Muchas veces se reciben embates o intentos de los poderes políticos para tratar de debilitar esa función constitucional que tenemos, y para poder resistir y evitar ese debilitamiento es que necesitamos un poder judicial fuerte, un ministerio público fuerte e independiente y una asociación de magistrados y funcionarios con vigor y que pueda defender la independencia judicial. No es fácil, pero en eso la asociación cumple un rol central. Históricamente la tensión era entre el poder ejecutivo y el judicial por sus decisiones, o el ejecutivo que avanza sobre el legislativo con decretos. Pero este último año florecieron en el Congreso comisiones investigadoras sobre distintos temas que a veces buscan ejercer funciones prácticamente judiciales. ¿Hay un desafío a los tribunales o una armonización de los poderes? No lo veo como un desafío. Entiendo que dentro de su facultades el Congreso tiene la potestad de crear comisiones para investigar dentro de la órbita legislativa determinados asuntos con el objetivo quizás de luego redactar algún proyecto de ley o eventualmente realizar una denuncia judicial. No lo puedo comparar en absoluto con la función jurisdiccional que nosotros como poder judicial sí tenemos que llevar adelante. Creo que está clara la diferenciación. Sí tiene que establecerse con precisión cuál es el alcance de la comisión, qué facultades tiene y cuáles son las prorrogativas propias de poder judicial. En determinadas causas, sobre todo causas penales, solamente pueden tener acceso a los expedientes las partes legitimadas, y no se pueden ventilar ni compartir pruebas con nadie. Si se produce alguna confusión, alguna zona de confluencia, es el magistrado el encargado de delimitar con precisión esas funciones. Así también se ejerce la independencia judicial. Hablando de independencia judicial, ¿qué opina de la reforma que se hizo en México, donde ahora los jueces se votan en elecciones partidarias? Es muy preocupante. Se han hecho cesar a magistrados federales que estaban en funciones y se estableció un sistema para que los jueces sean nombrados por el pueblo. El resultado, desde el punto de vista institucional, es una tragedia. El sistema de división de poderes como nosotros lo concebimos en las democracias occidentales ya no existe más en México. Que además es un país Máximo importantísimo y con el grave problema del narcotráfico. Además, cuando se llamó a la elección de los jueces, votó menos del 13% del del padrón, con cual eso genera deslegitima esa elección en un todo. No es todo: para poder ser electo juez había que postularse por un partido político, por lo tanto ya vas delineando un poder judicial absolutamente funcional al poder de turno. Lo de México es un caso testigo, una tragedia institucional. Por eso tenemos que estar muy atentos y tratar de concientizar para que la ciudadanía advierta la importancia de tener un poder judicial independiente. Además de respetar la división de poderes, ¿para qué le "sirve" la independencia judicial al ciudadano de a pie? Cuando por ejemplo cualquier persona debe acudir al poder judicial para reclamar por un derecho que le fue conculcado por un poder político de turno, va a necesitar siempre tener un juez independiente de ese funcionario poderoso, que le pueda reconocer ese derecho y garantizar que se lo respeten. Como ejemplo, te puedo citar y ahora se ha judicializado una gran cantidad de planteos y amparos por supuestas faltas en las coberturas de planes y servicios de salud, y los ciudadanos le reclaman al Estado o a las obras sociales. Entonces tienen que acudir al poder judicial para que les sea reconocida la cobertura médica que les corresponde. Lo mismo pasa con los jubilados por los las cuestiones de los reajustes previsionales. Si hacemos historia, puedo remontarme a la época en que se habían conculcado los ahorros de los ciudadanos afectando el derecho de propiedad. Ni hablar en los casos de violencia de género de violencia doméstica. Son todos casos en que el ciudadano tiene que acudir al poder judicial y necesita que ese juez y que ese fiscal sean realmente independientes del poder de turno para que puedan hacer justicia y actuar conforme a la normativa y a la constitución. Lo mismo te podría decir respecto de las empresas: cuando hablamos de las inversiones que recibe un país, lo primero que piden las empresas que es seguridad jurídica, reglas claras y que no se las cambien con una resolución o disposición ministerial. Eso también depende de un poder judicial que sea independiente. El juez federal Andres Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Justicia Nacional. Foto Pedro Lázaro Fernández. Como juez, a usted le toca diariamente aplicar la ley en sus sentencias. ¿Qué calidad tienen esas leyes para poder hacerlo satisfactoriamente? En los últimos veinte años se han se ha modificado sustancialmente la legislación penal, y respecto de determinados crímenes complejos y delitos de crimen organizado se incorporaron figuras penales en consonancia con convenciones y estándares internacionales que la Argentina debe cumplir. Pero tenemos un gran déficit en la legislación procesal. Ahora también en ese ámbito estamos aplicando progresivamente un nuevo paradigma, que modifica sustancialmente el rol de los actores judiciales. Ya no tenemos un juez que es el que investiga y al mismo tiempo juzga, sino que se dividen claramente las funciones de investigar y de acusar en los representantes del ministerio público fiscal, y se reserva la figura del juez como tercero imparcial para decidir el derecho. Además, el nuevo código viene a saldar una deuda del poder judicial, que son los tiempos procesales. Hay un dicho que dice que la justicia lenta no es justicia: bueno el nuevo código eso en eso tiene un avance cualitativo, porque prevé plazos procesales mucho más breves. Después, en el ámbito de civil inauguramos un nuevo código en 2015, que unifica el código comercial y el código civil y es de avanzada. Con cual, desde el punto de vista de la legislación los jueces trabajamos con herramientas muy razonables. El problema son los recursos con los cuales cuenta el poder judicial y el ministerio público para llevar adelante su función. En primer lugar, tenemos un número inédito de vacantes, y si no las cubrimos, aún con el mejor código de fondo y de forma, el servicio de administración de justicia no va a ser óptimo. El recurrente el tema de los juzgados y fiscalías vacantes. ¿Por qué hay tantos y qué consecuencias tiene eso? Es un problema estructural y crónico. El proceso desde que un magistrado deja su tribunal porque se jubila hasta que esa oficina judicial es cubierta por su reemplazante con un nuevo juez, un nuevo fiscal o defensor oficial titular, en promedio pueden pasar entre seis y ocho años, lo cual de por sí es muchísimo. Desde que se puso un límite etario de 75 años, todo el tiempo se siguen desocupando juzgados, mientras el proceso par volver a completarlos no se agilizó. Y en la actualidad eso está aún más agudizado porque hay una demora en el envío de los pliegos al Senado para poder cubrir las vacantes que tenemos en el poder judicial. Estamos en un promedio del 35%, es decir que de cada tres jugados hay uno vacante. Eso significa que el juez titular debe estar subrogando (reemplazado como suplente) al juzgado de al lado, y eso indefectiblemente hace que la calidad del servicio decaiga. Nosotros como asociación de magistrados tenemos buen diálogo institucional con las autoridades competentes, hemos realizado más de una reunión con el ministerio de Justicia, y estamos exhortando a que con urgencia se cubran las vacantes existentes. Sabemos que hay cuestiones políticas, hubo elecciones hace muy poco y que a veces esa coyuntura política demora todo el proceso. Pero creo que hay prioridades institucionales que deben atenderse, así que estamos con expectativa, esperando que el poder ejecutivo comience a enviar los pliegos al Senado para cumplir con esta deuda. Los jueces también se quejan del estado de los edificios y la falta de recursos materiales... Es así. Por ejemplo en la justicia nacional civil tenemos edificios en los que de tres ascensores funciona solo uno. Entonces se hacen colas de diez o veinte metros para poder subir. Son cuestiones que quizás el ciudadano no sabe, se queja de la demora en los procesos y tiene razón, pero no se puede trabajar así. Por eso vemos con muchísima preocupación el proyecto de presupuesto, donde se contempla una partida para el poder judicial muy menor a la solicitada por el Consejo de la Magistratura. El monto presupuestado no permite un funcionamiento mínimo del poder judicial y los ministerios públicos para 2026. Según las encuestas, ea imagen social de los jueces y el poder judicial es muy pobre. ¿Qué hace y qué puede hacer la Asociación de Magistrados para mejorar esa consideración? Es cierto que percepción ciudadana sobre el funcionamiento del poder judicial no es buena, y para nosotros es causa de una gran frustración, porque notamos que no hay un correlato entre el trabajo diario que llevan adelante los jueces, fiscales, defensores y funcionarios con la percepción que la ciudadanía tiene de nuestra tarea. Eso puede obedecer a múltiples circunstancias. La primera es que lo único que llega a la ciudadanía a través de los medios son los malos ejemplos, esos que nosotros somos los principales interesados en que no ocurran y que cuando ocurren actúen los organismos pertinentes para poder separar a la persona que no no está honrando la función judicial. Somos autocríticos, hay un montón de cosas que que debemos recuperar. En la Asociación tenemos convenios con distintas instituciones, donde los magistrados y funcionarios se acercan a determinados centros comunitarios, vamos a centros barriales, a lugares donde es necesario que se vea cuál es el trabajo que hace un juez, un funcionario y un fiscal. Y lo llevamos para poder acercar de alguna manera el servicio de justicia a la gente. Creo que es una deuda pendiente y estamos trabajando muy fuertemente para mostrar a la ciudadanía en qué consiste el trabajo judicial. Es una tarea compleja, pero nos la hemos puesto como uno de nuestros objetivos, también para que la gente pueda advertir la importancia del nuestro rol. Dicho esto y contestándole a esa percepción ciudadana, me ha tocado conocer de cerca la situación a nivel regional y global de los poderes judiciales, y te puedo asegurar que pese a las falencia que tiene el sistema en la Argentina, el servicio de administración de justicia es bueno más allá de la percepción ciudadana, aunque obviamente que es perfectible. Hay muchas cuestiones para mejorar, pero cumple con el rol constitucional que nos asigna la Constitución. Yo soy el primero que tengo mil objeciones, pero si mirás casos resonantes la verdad es que el poder judicial ha podido avanzar y culminar procesos judiciales contra representantes de otros poderes públicos, de poderes económicos. Las instituciones han funcionado. El juez federal Andres Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Justicia Nacional. Foto Pedro Lázaro Fernández. Las protestas de la gente también apuntan contra la llamada "puerta giratoria" para los delincuentes que la policía logra atrapar, el uso de las excarcelaciones más en favor del delincuente que de la sociedad que padeció el delito. Desde luego que rechazo que ocurra eso, y no me gusta hablar en general porque cada caso tiene sus razones. Lo que aseguro es que no hay un sesgo. Ademas, hay instancias de apelación que permiten que la decisión de un juez sea revisada y evaluada por tribunales de alzada. Es difícil evaluar en abstracto cuando el juez tiene la posibilidad de excarcelar o no, pero no hay una sola valoración. Hay magistrados con distintos criterios, algunos más laxos, otros más duros, pero aseguro que no hay un sesgo. ¿Por qué no se unifica un criterio y la ley se interpreta de una sola manera? También hay mucho populismo, como se dice ahora. A veces cuando cuando pasa un hecho de sangre que causa conmoción en la sociedad, al otro día sale un proyecto de ley para duplicar las penas. Son respuestas fáciles ante el clamor social, pero que técnicamente sabes no aportan ninguna solución. Si hubiera una respuesta mágica, yo me iría de acá con la fórmula de la Coca-Cola, y no existe. Cuando vamos a la justicia es porque el daño ya se causó. El abordaje penal es importante en una sociedad, es esencial, pero no es para nada suficiente: hay cuestiones que tienen que ver con políticas públicas para atender determinadas situaciones de vulnerabilidad de enormes sectores y franjas sociales, que no vas a poder solucionar con un abordaje penal. Necesitás otros actores, otras agencias del Estado, que son las encargadas de atenuar o mejorar la situación de determinados sectores de la población. Ojo, también vemos ahora a gente que no tiene ningún problema económico ni educativo, ni social, ni nada y sin embargo han sido grandísimos delincuentes, según la propia sentencia, por ejemplo del caso Vialidad. ¿Cómo vive la experiencia de haber integrado el tribunal que juzgó el más importante caso por corrupción, ahora que la Corte ratificó esa sentencia exactamente igual a la que ustedes firmaron con el TOF 2? Creo ese es un ejemplo de que las instituciones funcionaron, que el poder judicial y el ministerio público pudieron cumplir con su función que es investigar, llegar adelante un proceso y llegar a una decisión. Después, las instancias recursivas cumplieron con su parte pertinente. Pero ese es un ejemplo que demuestra la necesidad de instituciones fuertes. Yo siempre digo que el fracaso de los países viene del fracaso de sus instituciones. Y en Vialidad las instituciones funcionaron, porque se pudo terminar un proceso complejísimo con personas muy poderosas. Creo que eso es muy positivo para la salud democrática. El juez federal Andres Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Justicia Nacional. Foto Pedro Lázaro Fernández. Terminó Vialidad y justo hace pocos días que comenzó el juicio de los Cuadernos de las coimas. ¿Cómo ve el desarrollo de este juicio la posibilidad de que de que haya más audiencias para acelerar el proceso? Se trata del juicio más grande de nuestra historia: hay una cantidad extraordinaria de imputados y de pruebas documentales que que van a tener que analizarse en las audiencias. Este caso es un ejemplo más de que las instituciones están funcionando y que el poder judicial puede cumplir con su rol de llevar adelante un proceso de esta envergadura, que terminará con la decisión que se estime que corresponda. Respecto al al al tiempo que puede llevar será largo, por las características del proceso y por lo que ya hablamos sobre la vacancia de más del 35%: en este caso, eso resulta en que los magistrados no solamente tienen que realizar juicios en su tribunal, sino que también tienen que atender otros. Eso hace que no podamos tener una prestación plena para un solo debate. ¿Por qué vuelve a presentarte como candidato para la Asociación de Magistrados? Porque creo que con una gestión muy proactiva en estos dos años hemos podido atender las cuestiones que más interesan a a nuestros asociados, y queda camino por recorrer, nuevos desafíos que entendemos que se van a plantear. Hemos formado un gran equipo de de trabajo con jueces, fiscales y defensores, todas personas que se destacan también en sus oficinas judiciales, donde prestan funciones y cumplen sus roles jurisdiccionales. Nuestro pilar y parámetro central es asegurar y defender la independencia judicial, con lo cual considero que la Lista Bordó es la mejor alternativa para continuar en ese camino. Con el fallo Levinas, este año la Corte volvió a decir que la última instancia de los juzgados nacionales es el Supremo Tribunal porteño y no la Corte, apurando una definición sobre el posible traspaso de jueces o de funciones a la Ciudad. La Asociación se opone. ¿Cómo se resuelve esa cuestión? La nuestra es una postura sustentada exclusivamente en argumentos constitucionales y normativos, porque cuando se habla de traspaso yo advierto que siempre se parten se parte de una premisa falsa, de que la ciudad de Buenos Aires es una provincia. Y eso no lo dijo el constituyente. El artículo quinto de la Constitución nacional, cuando otorga la garantía federal a las provincias para que aseguren un régimen de gobierno y dicten una Constitución y organicen su justicia. Ahí no incluye a la ciudad de Buenos Aires. Y el artículo 129 de la Constitución establece que la ciudad, mientras sigue siendo capital de la República, tendrá un régimen de gobierno autónomo, que es algo muy distinto a una provincia, y que una ley -que a la postre fue la ley denominada ley Cafiero-iba a a velar por los intereses del Estado nacional en la ciudad de Buenos Aires. Esa ley establece claramente en el articulado muy breve pero claro que la justicia nacional seguirá perteneciendo e integrando el poder judicial de la Nación, y otorga a la ciudad de Buenos Aires una justicia vecinal, una justicia de faltas y contravencional. En eso basa nuestro rechazo a todo tipo de traspaso, y por eso es que hace veinte años nos hemos opuesto con éxito a toda posibilidad de traspaso. Luego del fallo de la Corte se pidió un recurso de revocatoria, y cada una de las cámaras nacionales ha dictado acuerdos plenarios en los que con sólidos argumentos han manifestado su desacuerdo. Nosotros en este tema estamos trabajando activamente en la comisión que convocó el ministerio de Justicia, y se están analizando otras alternativas distintas al traspaso Y además nosotros como asociación tenemos una postura muy activa de judicializar cada intento del gobierno porteño de querer apropiarse de competencias que son exclusivas y propias de la justicia nacional.
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