|
10/11/2025 Clarin.com - Nota
El sesgo de confirmación, o la distorsión silenciosa del razonamiento jurídico y político Jorge Enríquez Los líderes deben resistir la tentación del aplauso rápido y animarse a confrontar con ideas distintas y no sólo con adversarios previsibles. Mariano Vior Entre los múltiples desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas, uno de los más sutiles y menos reconocidos no proviene de la corrupción ni de la ignorancia, sino del modo mismo en que pensamos. El sesgo de confirmación, ese reflejo mental que nos lleva a privilegiar las ideas y datos que reafirman nuestras creencias, mientras desatendemos los que las contradicen, constituye una amenaza silenciosa tanto para el razonamiento jurídico como para el debate político. Este fenómeno, estudiado desde la psicología cognitiva por Peter Wason en la década del sesenta, es universal y profundamente humano. Todos tendemos, en mayor o menor medida, a confirmar lo que ya creemos cierto. Sin embargo, cuando ese mecanismo se traslada a ámbitos donde la imparcialidad y la objetividad son valores fundacionales —como la justicia o la política —, sus efectos pueden resultar perniciosos. En el campo jurídico, el sesgo de confirmación puede erosionar el núcleo mismo del principio de imparcialidad. Un magistrado judicial puede, sin advertirlo, orientar su análisis hacia aquello que respalde su hipótesis inicial. Así, la investigación penal corre el riesgo de transformarse en una búsqueda de confirmaciones, no de verdades. La mente humana, en lugar de operar como una balanza, actúa como un imán que atrae sólo los argumentos afines a su posición. El derecho comparado muestra numerosos casos donde los errores de condena se explican más por este sesgo que por la mala fe de los actores. En contextos de alta presión mediática o social, el peligro se agrava: la necesidad de “dar respuestas rápidas” o de satisfacer la expectativa pública puede llevar a que el razonamiento jurídico se convierta en una narrativa de justificación y no en un ejercicio de objetividad. En otras palabras, el sesgo de confirmación va a transformar al magistrado en defensor de sus propias ideas y no en árbitro entre la verdad y la duda razonable. También en el ámbito político este sesgo tiene un peso creciente. En tiempos de redes sociales y algoritmos que amplifican lo que cada usuario desea oír, el debate público se ha fragmentado en una multiplicidad de burbujas informativas. Cada sector se alimenta de sus propias fuentes, reafirma sus certezas y rechaza cualquier evidencia que cuestione su narrativa. El resultado es una ciudadanía cada vez menos dispuesta a dialogar y más inclinada a ratificar sus prejuicios. El sesgo de confirmación explica, en parte, por qué los mismos hechos se interpretan de modos opuestos según el color político del observador. Un fallo judicial, una medida económica o un conflicto institucional no se analizan desde su contenido, sino desde la conveniencia para la causa propia. La objetividad cede ante el oportunismo ideológico, y el espacio público se transforma en un terreno de reafirmaciones mutuas donde el disenso se tiñe de sospecha. Superar este sesgo no es tarea sencilla. No se trata de eliminarlo —porque es inherente a nuestra naturaleza— sino de reconocerlo y disciplinarlo. En el terreno jurídico, ello exige fortalecer la formación ética y argumentativa de los operadores del derecho, así como promover una cultura institucional donde el disenso razonado sea percibido como virtud y no como obstáculo. La autocrítica profesional, el análisis desde diversas perspectivas doctrinarias y la revisión de precedentes con mirada comparada son ejercicios que ayudan a neutralizar la tendencia confirmatoria. En la política, el antídoto es el pensamiento crítico y la deliberación plural. Los líderes deben resistir la tentación del aplauso rápido y animarse a confrontar con ideas distintas y no sólo con adversarios previsibles. La ciudadanía, por su parte, debe asumir que un cambio de opinión ante una nueva evidencia no es un signo de debilidad, sino de madurez. Abundan los ejemplos en la Argentina y en el mundo. En nuestro país, la intransigencia se ha convertido en una virtud. No la intransigencia en cuanto a conductas honradas o a valores fundamentales. Cualquier crítica a determinadas políticas públicas es considerada un ataque vil que solo puede provenir de la ignorancia o la mala fe. El Congreso mismo, cuando pretende legislar sin “autorización” del Poder Ejecutivo, o cuando, en el marco de sus atribuciones constitucionales, insiste con relación a una ley vetada por éste, es calificado de “destituyente”, neologismo acuñado por pseudo intelectuales kirchneristas que ahora utilizan quienes supuestamente están en sus antípodas. Quien era el funcionario más proclive a dialogar con otras fuerzas políticas, Guillermo Francos, fue sustituido por Manuel Adorni, el vocero presidencial proclive siempre a chicanas dirigidas a quien piensa distinto y que finaliza sus tuits con la palabra “Fin”, dando a entender que ha dicho una verdad trascendente que quedó fijada en el mármol de la posteridad. El “Fin” clausura el diálogo, anula los matices, cierra el camino de las observaciones enriquecedoras. Peor aún, tensa la cuerda y deja a los críticos en una posición en la que les resulta difícil, por indecoroso, valorar los contenidos positivos que puedan tener muchas iniciativas del actual gobierno. No se ha entendido el mensaje de las urnas si se cree que fue un cheque en blanco y no un fuerte rechazo del kirchnerismo, entre cuyas prácticas más notorias se halla precisamente el sesgo de confirmación. El siglo XXI nos enfrenta a una paradoja: tenemos acceso a más información que nunca, pero a la vez vivimos más encerrados en nuestras convicciones. El sesgo de confirmación, amplificado por los algoritmos y por las ansias de pertenecer, amenaza con degradar tanto el pensamiento jurídico como la conversación pública. Reconocerlo no nos exime de caer en él, pero sí nos coloca en una posición más consciente, más responsable y, sobre todo, más humana. Porque, al fin y al cabo, la verdad —ya sea en el derecho o en la política— no pertenece a quien grita más fuerte, sino a quien se atreve a escuchar incluso lo que no quiere oír. Jorge R. Enríquez es ex Diputado Nacional – Presidente Asociación Civil Justa Causa, miembro de Profesores Republicanos
Acceda a la nota web del medio  |
||
   |
