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04/11/2025 BaeNegocios.com - Nota
El RIGI, un año después: promesas de inversión y riesgos de un modelo económico sin frenos Paridad en la Macro A un año de su creación, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI) se consolida como uno de los ejes del programa económico del gobierno de Javier Milei. Prometido como el trampolín para atraer más de USD200 millones, el régimen avanza con beneficios cambiarios, tributarios y aduaneros sin precedentes. Sin embargo, el balance del Observatorio del RIGI (una alianza entre FARN, CELS, TNI, ETFE, Ceppas y la EPyG-Unsam) reveló una realidad más compleja: grandes privilegios para pocos proyectos, fuerte concentración extractiva y crecientes tensiones socioambientales. Hasta agosto, el RIGI recibió diecinueve solicitudes de adhesión por más de USD30.000 millones . De ellas, siete fueron aprobadas, una rechazada y el resto sigue en evaluación . Las inversiones se concentran en hidrocarburos y en minería, sectores que explican el 95% de los montos comprometidos , en tanto que San Juan, Río Negro y Catamarca absorben el 81% del capital proyectado. Entre los proyectos destacados figuran Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un oleoducto que conectará Añelo con la costa atlántica, y Southern Energy, una planta flotante de licuefacción de gas (GNL) que operará en el golfo San Matías. Ambas iniciativas, lideradas por YPF junto a Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Harbour Energy y Shell, buscan duplicar las exportaciones de hidrocarburos en los próximos años. Pero también despiertan preocupación debido a los impactos ambientales y a la falta de consulta pública: comunidades costeras, organizaciones ambientales y pueblos originarios denuncian audiencias fragmentadas y escasa transparencia. Puntos centrales del RIGI El estudio subrayó que el RIGI blinda por treinta años los beneficios otorgados, lo que podría invalidar normas ambientales o sociales futuras que interfieran en los proyectos. Además, al incorporar cláusulas de resolución de conflictos ante tribunales internacionales como el CIADI se expone al país a nuevas demandas arbitrales, un terreno donde Argentina ya tiene una experiencia costosa. Desde el punto de vista productivo, el RIGI no cumplió la promesa de generar trabajo masivo. Los proyectos aprobados prevén apenas 1.600 empleos directos. YPF, a pesar de la retórica liberal del Gobierno, se convirtió en una pieza clave para atraer inversiones y generar dólares. La empresa estatal participa en tres de los siete proyectos aprobados y sostiene buena parte del "éxito temprano" del programa. En la práctica, Milei necesita a YPF tanto como los gobiernos que cuestiona. El Observatorio advirtió además sobre un fenómeno paralelo: la creación de dispositivos de vigilancia y represión de la protesta socioambiental, como la Unidad de Seguridad Productiva dependiente del Ministerio de Seguridad, orientada a proteger aquellas inversiones consideradas "estratégicas". Según señaló el CELS, esta arquitectura institucional consolida un modelo donde el Estado se retira de la planificación pero se mantiene activo para garantizar la paz social al servicio del capital. En el plano fiscal, los beneficios otorgados (exenciones impositivas, libre disponibilidad de divisas y estabilidad tributaria) profundizan las desigualdades del sistema y debilitan la capacidad del Estado para captar renta o retener divisas. En ese marco, el informe plantea que el RIGI favorece la repatriación de utilidades y la desregulación cambiaria, agravando la restricción externa que históricamente condiciona a la economía argentina. A nivel territorial, los proyectos se expanden sobre zonas de alta sensibilidad ambiental: salares de litio en Catamarca y Salta, cordilleras cupríferas en San Juan y el frágil ecosistema marino del golfo San Matías. En todos los casos, el Observatorio registra ausencia de planificación integral y escasos mecanismos de participación ciudadana, en contraposición con el Acuerdo de Escazú, que el país ratificó en 2021. El diagnóstico es claro: el RIGI no inaugura un modelo productivo sino que profundiza el esquema extractivista bajo un marco legal de estabilidad y desregulación. Así, en nombre de la libertad económica, se consolida una estructura de privilegios que compromete los derechos ambientales, sociales y fiscales durante tres décadas. Para los autores del boletín, el desafío no es solo medir los flujos de inversión sino preguntarse qué país quedará después del boom exportador. El RIGI, indicaron, "redefine el rol del Estado y la distribución de derechos sobre los bienes comunes". En un contexto de creciente concentración de decisiones y debilitamiento de los mecanismos de información pública, el Observatorio se propone como una herramienta para sostener el debate democrático. A un año de su puesta en marcha, el RIGI aparece como un espejo del propio programa libertario: ambicioso, disruptivo y cargado de riesgos estructurales. Su éxito o su fracaso no dependerá solo del ingreso de capitales sino también de su capacidad para conciliar desarrollo con soberanía y crecimiento con justicia ambiental.
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