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29/10/2025 Clarin.com - Nota
Juicio por YPF: Argentina y Burford se cruzaron en EE.UU. y los jueces desafiaron a los demandantes Santiago Spaltro El Estado nacional, Burford Capital y la petrolera se enfrentaron en la Corte de Apelaciones de Nueva York durante una hora y media. Los jueces quieren saber por qué deben aplicar el derecho argentino en Estados Unidos. Los abogados argentinos pidieron más tiempo para entregar los chats y mails de Sergio Massa y Luis Caputo. En Estados Unidos hubo una apelación a la sentencia de Loretta Preska que condenó a la Argentina a pagar de nuevo por la expropiación de YPF. Los abogados de la Argentina se cruzaron este miércoles en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, Estados Unidos, con los representantes legales de los demandantes por la expropiación de YPF en una audiencia de apelación clave para reducir o anular la condena contra el Estado por US$ 16.100 millones más intereses. En el Centro Cívico de Manhattan, los abogados de la República Argentina, las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park (estas tres financiadas por Burford Capital) y de la petrolera YPF expusieron sus argumentos para dar vuelta el fallo de Loretta Preska de septiembre de 2023. Durante una hora y media, los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson (todos nombrados durante administraciones demócratas) escucharon a las partes e hicieron preguntas incisivas. Se repitió en varios tramos el "desafío" de los magistrados a los argumentos de los demandantes y se cuestionó la jurisdicción del caso, si debió o no haber sido juzgado en Estados Unidos. Después de esta audiencia, los jueces de apelaciones del Segundo Circuito están en condiciones de fallar en cualquier momento, aunque habitualmente suelen demorar unos 6 meses. Al término del acto, el Gobierno comunicó a través de la Procuración del Tesoro que los abogados del estudio Sullivan & Cromwell, encabezados por Robert Joseph Giuffra Jr., "presentaron los argumentos con claridad, convicción y determinación". "La defensa destacó la responsabilidad del tribunal de aplicar correctamente el derecho argentino, tal como lo haría un tribunal argentino. La exposición dejó en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado", recordó la Procuración. Por otro lado, y en un caso vinculado pero paralelo, la Argentina pidió más tiempo para producir documentación sobre los chats y mails de Sergio Massa, Luis Caputo y otros funcionarios respecto a YPF, donde se busca conocer si el Gobierno influyó en las decisiones de la petrolera, que sería un alter ego del Estado. "Este litigio no es un caso de derecho bursátil estadounidense, ni se refiere a supuestas declaraciones efectuadas en el prospecto de oferta pública inicial (IPO) de YPF de 1993. Los demandantes no adquirieron sus intereses en YPF en dicha oferta pública, sino en 2008, principalmente en transacciones privadas realizadas en España con Repsol, rodeadas de serias sospechas de corrupción", cuestionó el Gobierno. Para los representantes del Estado nacional en el caso, los Eskenazi, dueños de las sociedades Petersen hasta que quebraron en España al no poder pagar sus deudas (mediante la extracción de dividendos de YPF): Así fue como "la sentencia resultante (de Preska), que pretendió aplicar el derecho argentino, llegó a conclusiones a las que ningún tribunal argentino ha llegado ni llegaría jamás" La Argentina señaló que "el verdadero impulsor de este litigio es Burford Capital, un fondo con sede en el Reino Unido dedicado a financiar litigios, que está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria". Y afirmó que "Burford Capital ha manifestado públicamente su intención de 'poner arena en los engranajes' del proceso de normalización de la Argentina, es decir, obstaculizar los esfuerzos del país por reinsertarse en los mercados internacionales de capital y participar plenamente en la economía global". "Esta postura revela que el objetivo del fondo trasciende cualquier pretensión jurídica legítima: busca interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República, afectando no sólo a la Argentina sino también a los intereses de sus socios e inversores internacionales", cuestionó. Los funcionarios de Javier Milei también aprovecharon para señalar que "este caso refleja el modus operandi de gobiernos anteriores liderados por Cristina Fernández de Kirchner, durante los cuales determinados grupos empresariales, amparados por el poder político, se enriquecieron sin riesgo y quebraron sin rendir cuentas". Noticia en desarrollo
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