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28/10/2025 BaeNegocios.com - Nota
Un Estado que abandona y una sociedad que se empobrece: veintiún meses sin cuidados Paridad en la Macro La mesa intersectorial La Cocina de los Cuidados presentó su sexto informe, cuyos resultados son verdaderamente alarmantes. A las conclusiones del relevamiento se suma un contexto económico marcado por una inflación que, si bien muestra cierta desaceleración, continúa por encima del 2% mensual. En ese escenario, los hogares monomarentales (históricamente los primeros en sentir el impacto de las políticas de ajuste) vuelven a ubicarse entre los sectores más afectados por el abandono estatal en materia de cuidados. El primer dato preocupante que surge del informe es que, tras veintiún meses de gestión libertaria, n inguna de las políticas de cuidado se mantiene plenamente en pie: algunas fueron directamente derogadas y otras sufrieron significativos recortes. Por otra parte, el documento destaca la falta de difusión oficial y el desmantelamiento de los equipos técnicos que las implementaban, lo que redujo drásticamente la posibilidad de que las personas que necesitan esas políticas puedan solicitarlas. Un ejemplo claro es el del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales: hasta junio de 2025, 4.164 niños, niñas y adolescentes continuaban incluidos, pero las nuevas solicitudes de ingreso se redujeron a la mitad. Algo similar ocurre con el Programa Brisa (que les otorga una reparación económica a los hijos y a las hijas de víctimas de femicidios), que durante esta gestión apenas incorporó 51 beneficiarios. El panorama del Programa Progresar también refleja este retroceso: la cobertura pasó de 1,7 millón de jóvenes en julio de 2023 a apenas 726.000 en julio de 2025, con montos congelados desde hace un año. En otras palabras, casi un 58% menos de jóvenes cuentan actualmente con la posibilidad de finalizar sus estudios secundarios o iniciar carreras de nivel superior. Otro aspecto central a considerar es la caída del salario real durante estos casi dos años de gestión. El salario mínimo vital y móvil, que funciona como referencia para la actualización de numerosos programas sociales, se redujo al 68,1% de su valor en 2023 y apenas representa el 45% del nivel alcanzado en 2015, ubicándose incluso por debajo de los pisos históricos de la década de 1990. El pluriempleo, un fenómeno en ascenso A este deterioro se suma un fenómeno cada vez más extendido: el pluriempleo. Según el informe, la cantidad de personas con más de una ocupación aumentó 1,5 punto porcentual desde el inicio de la gestión libertaria, con las mujeres como las principales afectadas: mientras que el 8,9% de los varones declara tener más de un empleo, la cifra asciende al 15,4% entre las mujeres. En la misma línea, la tasa de sobreocupación (el porcentaje de personas que trabajan más de 45 horas semanales) alcanzó el 12,1% durante el segundo trimestre de 2025. Esto implica que, de cada cien personas ocupadas, más de doce sostienen jornadas laborales extendidas, una expresión más de la situación que afrontan las personas que trabajan. Otro frente crítico es el recorte en la distribución de medicamentos y suministros esenciales. De acuerdo con los datos del informe, 1,4 millón de personas afiliadas al PAMI se vio afectado por modificaciones en la cobertura, por lo que se redujo el acceso a medicamentos esenciales y otros tratamientos. El caso del Programa Remediar es especialmente ilustrativo: mientras que a lo largo del primer trimestre de 2023 se distribuyeron 162.000 botiquines, la cifra cayó a 53.617 durante el mismo período de 2025, lo que implica una reducción del 67% en apenas dos años. A esto se suma la discontinuación de insumos básicos por parte del Ministerio de Salud, como tratamientos hormonales, equipamiento para maternidades, hierro para recién nacidos y pulseras de identificación para bebés en hospitales públicos. Cada uno de estos recortes erosiona la capacidad del sistema sanitario para garantizar derechos elementales y profundiza la desigualdad en el acceso a la salud. La distribución de alimentos entre los sectores más vulnerables tampoco escapa a este proceso de desmantelamiento . El propio Ministerio de Capital Humano reconoció que desde diciembre de 2023 no se realizaron compras de alimentos y que la asistencia distribuida proviene exclusivamente de stock acumulado por gestiones anteriores. El dato es alarmante: de las tres líneas de financiamiento destinadas a la compra de alimentos solo se ejecutó el 28% del presupuesto previsto, pese a que ya transcurrieron nueve meses del año. Si bien la desaceleración inflacionaria permitió una leve baja en los índices de pobreza, el 32% de la población continúa por debajo de la línea de pobreza y la situación es todavía más grave entre las infancias: el 45,4% de los niños y niñas de hasta 14 años vive en hogares pobres. En otras palabras, casi la mitad de los niños argentinos crece en familias cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una Canasta Básica Total, que actualmente ronda $1.065.691. En este contexto, resulta indispensable que el Estado retome su rol como garante del derecho a la alimentación, asegurando mediante programas sociales el acceso a una nutrición adecuada para las familias que no logran cubrir sus necesidades básicas. Sin dudas, el premeditado abandono de las políticas de cuidado expresa un modelo de Estado que se retira de su función protectora de los sectores más vulnerables. Las consecuencias ya se sienten en nuestros cuerpos: una pobreza cuya baja en las estadísticas no se percibe en la calle, más horas de trabajo dentro y fuera del hogar para las mujeres y menos futuro para las infancias.
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