26/10/2025 Clarín - Nota - Justicia - Pag. 20
Frenan el DNU que quita a la Corte los bienes decomisados Lucía Salinas Un juez dictaminó una medida cautelar contra el DNU que dispuso que el dinero e inmuebles de la corrupción los debía administrar el Gobierno. Lucía Salinas lsalinas@clarin.com El juez federal en lo contencioso administrativo, Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que impide al Gobierno Nacional avanzar con la letra del Decreto 575/255 que pretendía instaurar un cambio integral y abrupto en el régimen de gestión, administración, y disposición de bienes decomisados en causas penales. El reclamo inició con una presentación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. El magistrado dijo que hay "una presunta vulneración de la independencia del Poder Judicial de la Nación y la afectación de facultades propias de la Corte Suprema". El cuestionado DNU buscaba poner en marcha un nuevo sistema respecto a la gestión, administración, y disposición de bienes de origen ilícito cautelados y recuperados en procesos penales. La Corte Suprema de Justicia este año, ya había establecido pautas respecto al nuevo registro y manejo de los bienes que son producto de decomisos en casos de corrupción. El DNU había sido impulsado por el ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona y podía haber sido usado, por ejemplo, en el decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Ministro de Justicia saliente. Cúneo Libarona impulsó el DNU para que el Gobierno controlara esos bienes. Ante el cambio que buscaba imponer vía decreto el Poder Ejecutivo Nacional, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación realizó la presentación ante el fuero Contencioso Administrativo que es donde se discuten los alcances de medidas adoptadas por el Estado nacional. Entre los principales cambios buscados por el DNU y al que le puso un freno con su resolución el juez Cayssials, se encuentra la reconfiguración del Régimen de Bienes y Administración a través de la creación de un nuevo régimen: El DNU establecía un nuevo régimen de conservación, administración y disposición de bienes vinculados a procesos penales federales y nacionales (como narcotráfico, lavado de activos o trata de personas). Eso ya fue normado por la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial bajo el entendimiento que son los jueces que intervienen en los procesos penales los responsables de ejecutar las penas que traen aparejados los decomisos de bienes, como así también dictar las medidas cautelares correspondientes a lo largo de las investigaciones. Con el DNU y el nuevo régimen se buscaba la transferencia de competencia al Poder Ejecutivo desplazando así al máximo tribunal en el procedimiento de decomiso, transfiriendo la intervención al Ministerio de Justicia y a una nueva autoridad de aplicación. Pero también, se pretendía crear una Autoridad de Aplicación que iba a ser designada por el Poder Ejecutivo y bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a la cual se le iba a dar la potestad de guarda, inventario, valuación y administración de los bienes. Uno de los puntos más discutidos es que de implementar la letra del DNU, los jueces iban a tener que dar intervención al Poder Ejecutivo a través de estos nuevos órganos El juez Cayssials defendió las facultades del Poder Judicial y poner los bienes bajo su custodia y administración, en lugar de disponer directamente de ellos. Junto con este último aspecto, se había determinado que el Consejo de la Magistratura responsable de la administración del Poder Judicial, tenía que elaborar un inventario para después ceder forzosamente su "administración, depósito y custodia al Ministerio de Justicia". A todos estos cambios se opuso el sindicato de empleados judiciales y en su presentación sostuvo que lo dispuesto en el DNU N° 575/25 afecta "el normal funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, en tanto avasalla su independencia y sus fondos presupuestarios". Menciones: cpol1
 |
||
   |
