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23/10/2025 Clarin.com - Nota
La película 27 noches, una reflexión sobre la vejez y la autonomía Alfredo Kraut Abogado. Ex secretario general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ¿Quién decide qué es un problema de salud mental y en nombre de qué se priva a alguien de su libertad o se le restringe su capacidad? Marilú Marini, protagonista de “27 noches”, película argentina basada en hechos reales. Recientemente se estrenó la película 27 noches , que narra la historia de Martha Hoffman de 83 años: una mujer excéntrica, adinerada, amante del arte y de la vida libre. Sus dos hijas inician un juicio de insania reclamando además su internación sin consentimiento, bajo el argumento de que padecía un trastorno mental y que por ello llevaba una vida “licenciosa”, despilfarrando su fortuna —cientos de millones de dólares—. Al mismo tiempo, Leandro Casares, un perito judicial, debe determinar si Martha realmente padece un problema de salud mental o si sus hijas utilizan el argumento de la “insania” para controlarla y acceder a su patrimonio. La película, dirigida por Daniel Hendler, se inspira en un caso real ocurrido en 2005: el de Natalia Kohen, artista plástica y mecenas argentina, finalmente internada judicialmente contra su voluntad bajo el diagnóstico presuntivo de demencia frontotemporal. Más tarde se comprobó que aquel diagnóstico carecía de todo respaldo científico. Su internación judicial sin consentimiento se basó en un dictamen médico firmado por un médico y una médica -no especialistas en temas de salud mental- nunca la entrevistaron. El encierro coactivo injustificado dispuesto a partir de informes inconsistentes, sin evaluación adecuada ni estudios suficientes, era entonces -más aún lo es hoy-, una violación flagrante de sus derechos fundamentales. El caso de Martha —como el de Natalia— es paradigmático: revela cómo, detrás del discurso médico, judicial y familiar del “cuidado”, puede ocultarse un acto de desposesión y arbitrariedad. En el tramo final de la película se menciona que, según la legislación vigente, “están prohibidas las internaciones sin consentimiento”. Falso. La afirmación sobre el tema proviene de sectores que defienden el modelo “internista”, la centralidad de la institución psiquiátrica y que pugnan por modificar o derogar el sistema legal vigente, cuestionando el paradigma de derechos humanos. Lo que aparece como un “exceso de garantías” no es otra cosa que la condición necesaria para evitar internaciones compulsivas injustas como se describe. La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (2010) representa un punto de inflexión. Estableció un marco de asistencia centrado en la legalidad, dignidad, la autonomía y la inclusión comunitaria. Se incorporó el control judicial inmediato: la persona goza del derecho de defensa con asistencia jurídica obligatoria. La internación sin consentimiento sí existe, pero en circunstancias excepcionales, y toda intervención debe priorizar el tratamiento ambulatorio sobre el encierro que debe ser la última alternativa. En la misma línea el Código Civil y Comercial vigente regula la internación sin consentimiento (art.41). El caso que inspira 27 noches invita a reflexionar sobre la vejez, la autonomía y los conflictos familiares que rodean el dinero y el poder. Detrás de las buenas intenciones, muchas veces se esconde el viejo prejuicio según el cual el otro “ya no sabe lo que hace” o “está viejo”. La película de Hendler rescata, con una mezcla de ternura y espanto, la pregunta esencial: ¿quién decide qué es un problema de salud mental y en nombre de qué se priva a alguien de su libertad o se le restringe su capacidad? Y, sobre todo, interpela al sistema judicial, llamado a ejercer un rol de control de legalidad efectivo sobre las decisiones que afectan derechos humanos fundamentales. Cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad —como los menores, los adultos mayores o quienes padecen problemas de salud mental—, la justicia no puede limitarse a convalidar informes médicos o estudios endebles. Su misión es garantizar que cada intervención respete el principio de dignidad humana, la proporcionalidad y la libertad personal.
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