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22/10/2025 Clarin.com - Nota
Obligatoriedad escolar y libertad educativa Edgardo Zablotsky Miembro de la Academia Nacional de Educación. Rector de la Universidad del CEMA Que el Estado sea quien financie la educación no implica que deba administrarla en forma monopólica. Escuela primaria de la Ciudad de Buenos Aires. En una interesante nota publicada en este mismo espacio en agosto 2023 volvió a instalarse el debate sobre la supuesta contradicción entre la obligatoriedad escolar y los vouchers educativos. Sin embargo, esa conclusión confunde dos planos distintos: el de la responsabilidad pública y el de la gestión de los recursos. Que el Estado sea quien financie la educación no implica que deba administrarla en forma monopólica. Lo importante no es quién provee el servicio, sino que cada niño efectivamente acceda a una educación de calidad. La obligatoriedad escolar expresa un compromiso moral y jurídico: la sociedad se obliga a educar a sus hijos. Pero ese mandato no exige que el Estado sea el único proveedor de educación. Exige que asegure su acceso universal. Lo esencial es que la educación sea obligatoria y financiada con fondos públicos, no que deba impartirse exclusivamente en escuelas estatales. Lo que está en discusión no es el deber de educar, sino el modo más eficaz de cumplirlo. Un sistema de vouchers o financiamiento a la demanda no suprime la obligatoriedad: la fortalece. Mantiene el principio de que el Estado debe garantizar la educación de todos, pero demuestra que es posible hacerlo de un modo más eficiente y justo. La igualdad de oportunidades no se logra solo con la obligatoriedad de la educación, sino cuando cada familia puede elegir la mejor alternativa posible para sus hijos, con independencia de su nivel de ingresos. En el esquema actual, la realidad muestra justamente lo contrario. Quienes cuentan con recursos económicos eligen libremente; quienes no los tienen deben conformarse con lo que el Estado ofrece, sin importar la calidad. Esa desigualdad estructural —que solemos naturalizar— es la que un sistema de financiamiento a la demanda puede ayudar a corregir. Permitir que una familia de bajos ingresos elija la escuela que considera mejor para sus hijos no es una amenaza a la equidad, sino todo lo contrario: es su expresión más concreta. La educación pública seguirá siendo pública si se financia con fondos del Estado, aunque los establecimientos que las familias elijan sean diversos. Lo verdaderamente público es el propósito, no el tipo de gestión. Por eso debemos preocuparnos menos por la palabra que viene después de escuela, ya sea pública o privada, y más por otorgar a todo niño la posibilidad de acceder a una educación de excelencia, independientemente de su estrato social. La obligatoriedad escolar seguirá siendo la piedra angular del sistema educativo, pero su vigencia no depende de quién administra los fondos, sino de que el Estado asegure que ningún niño quede fuera del aula. En ese sentido, financiar la demanda antes que la oferta puede ser un modo más eficaz de cumplir la vieja promesa de Sarmiento: educación para todos. El desafío de nuestra época es animarse a pensar la educación más allá de sus moldes históricos. Sostener la obligatoriedad es garantizar que todos aprendan; sostener el monopolio estatal no debe ser un fin en sí mismo. ¿Por qué habría de serlo? Si la educación es un derecho, debe serlo también para quienes hoy carecen de la posibilidad económica de elegir. Financiar a las familias, y no a las escuelas, no es renunciar a la educación pública: es, precisamente, hacerla verdaderamente universal en los hechos. Lo contrario es continuar con discusiones pseudo académicas, mientras miles de niños ven cercenadas sus posibilidades de acceder a la educación de excelencia que el Estado tiene la obligación de garantizar.
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